Seguramente, hoy Jorge Raúl Ávalos Gutiérrez, alias “La Rata”, esté escondiéndose de la policía y de quienes -según las teorías de los casos que ha construido el Ministerio Público- le pagaron para matar a varios rivales, incluso uno que era su amigo, al quien debió ejecutar por órdenes superiores.
Es muy probable que en la jungla de la delincuencia, la cabeza del dos veces imputado, pero libre por fallas del sistema de justicia penal, ya tenga un precio, por lo que deba de estar cuidándose tanto de las corporaciones por ser prófugo de la justicia como de los patrones a los que servía.
No es “La Rata” un alto mando criminal ni la cabeza de una gran organización. Es otro elemento prescindible, de los muchos que tienen en sus ejércitos los grupos delincuenciales que convirtieron enero en el más violento en mucho tiempo. No es, entonces, un capo cuya huida habría desatado especulaciones sobre la corrupción judicial y ministerial.
Jorge Raúl es un presunto delincuente peligroso, pero menor. Uno que, sin embargo, puso a bailar a los fiscales acusadores del Ministerio Público y a las juezas penales que lo tuvieron enfrente: Lucero Garfio, a quien se lo llevaron en flagrancia tras un homicidio; y Abril Alatorre, a quien se lo presentaron con una orden de aprehensión que ella misma había librado los primeros de enero, por otro homicidio.
Su caso escandalizó en los últimos días por poner en evidencia los huecos del sistema de justicia, del que pudo huir no porque la ley sea insuficiente ni porque falte tipificación de algún delito, menos porque no tengan herramientas quienes se encargan de la persecución de los criminales y su enjuiciamiento.
Está prófugo por la fragmentación institucional de la justicia. Cada institución hizo su parte, nadie asumió la responsabilidad completa, y al final, los expedientes avanzaron a la nada, mientras el imputado se fue por su propio pie de la Ciudad Judicial.
Es cómodo el mito de que las juezas lo soltaron, como dicen en la Fiscalía General del Estado las voces conocedoras de las entrañas de la justicia penal. Es la explicación fácil que puede dar un jefe policiaco, pero es falsa por incompleta.
Igual de cómoda es la actitud de echarle toda la culpa al Ministerio Público o a los policías que ponen la cara y el pecho a las balas cuando atienden los llamados de emergencia, cuyos errores, indebidamente, los juzgadores le cobran a la sociedad entera, con la liberación y la facilitación de la fuga de los criminales.

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El caso esconde puntos delicados de la seguridad en sector muy alejado del centro de la ciudad, Punta Oriente. Jorge Raúl (A.G., le dicen en los boletines oficiales) mató a su amigo “El Pelón” -después de abrazarlo al topárselo en la calle- porque tenía el encargo de hacerlo. Fue el primer asesinato del año en Chihuahua.
Por eso tenía una orden de aprehensión, obsequiada por una jueza desde el seis de enero, pero no había sido ejecutada hasta finales del mes.
El sábado 24, en otro caso, “La Rata” pasó por enfrente de la casa de Roberto Ezequiel A., también en la misma colonia.
Acompañado de otro sujeto, César Efraín N., discutió con un hijo del dueño de la vivienda, quien se interpuso en la gresca y acabó con un balazo en el pecho.
Ahí quedó detenido Jorge Raúl por los mismos testigos que lo vieron disparar, en lo que llegaba la Policía Municipal para el arresto formal. Evidencia había de sobra en la detención en flagrancia.
Supuestamente le habrían corrido la serie cuando fue detenido, pero la corporación municipal se tardó más de cinco horas en entregar al sujeto al Ministerio Público, pues sus informes de inteligencia lo ligaban no sólo al asesinato del día primero del año y al del 24, sino a otros más.
Por razones que la Fiscalía no ha explicado, “La Rata” fue presentado primero por el homicidio en flagrancia, pero no al mismo tiempo por la orden de aprehensión vigente desde semanas antes; tampoco ha quedado en claro cuántas órdenes de aprehensión más tiene en contra o cuáles indicios existen de su participación en otros cuatro asesinatos más. La cerrazón del Ministerio Público ha sido absoluta para dejar de exhibir su propia falta de coordinación interna.
Pero fue por esa detención en flagrancia, que rebasó los tiempos de la normalidad, que fue declarada ilegal su captura y quedó en libertad; luego volvió a ser detenido y presentado ante otra jueza que había obsequiado la orden de aprehensión, quien no lo liberó, pero le permitió esperar a la audiencia de vinculación a proceso, para el viernes 30 de enero, sin estar en prisión, bajo supuesta supervisión telefónica, nada más.
Obviamente Jorge Raúl no acudió.
Ahora es un prófugo porque un reloj mató el caso de homicidio, la primera ocasión, y porque el Ministerio Público no argumentó de forma suficiente la necesidad de su reclusión en prisión preventiva, yerro que una juzgadora facturó a toda la sociedad.

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Que las policías fallan es cierto, pero los jueces no pueden concebirse como espectadores o meros ejecutores técnicos con ceguera social. Ni que no supieran que tienen facultades para valorar riesgos y exigir claridad a las partes de un proceso para entender los contextos de la comunidad en la que también ellos viven.
Hubo un escándalo político y mediático por esa ausencia total de visión sobre el impacto de sus resoluciones, que pueden ser impecables en el papel y en los registros de las audiencias, pero devastadoras en la realidad de la ciudad. Al no tratar de ver más allá, no violan la ley, pero renuncian a honrar el espíritu de la misma.
En medio de la agitación que provocó el caso, jueces como Juan Pablo Campos -también polémico por resoluciones sin argumentación- y magistrados como el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta Molina, promovieron un desplegado de redes sociales para apoyar el trabajo de las juzgadoras.
No era necesario rasgarse las togas con un pronunciamiento más político que jurídico, porque nadie pide juicios mediáticos, nadie pide prisión automática ni linchamientos, menos socavar lo poco de independencia que le queda al Poder Judicial.
El reclamo social reflejado en algunos medios, particularmente en El Diario -que exhibió la situación en titulares principales los últimos días- es para que haya más criterio, contexto y responsabilidad de los juzgadores, quienes, ahora que son electos mediante votación popular, menos pueden considerarse un poder soberano y aislado de la realidad en la que viven. Nomás eso faltaba. Buscaron a los medios en campaña y ahora los rechazan.
El desplegado está lleno de razones jurídicas válidas, pero también repleto de la torpeza política y comunicativa que invariablemente, desde septiembre pasado, ha exhibido el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El pronunciamiento de jueces penales tiene muchas razones en el fondo, nadie se las puede regatear: la autonomía judicial es indispensable, las presiones son inaceptables y las resoluciones se impugnan en los tribunales no en conferencias de prensa. Todo eso es válido.
Pero el desplegado tiene en el momento un gran problema. Apareció cuando el imputado ya se había ido, cuando el riesgo estaba materializado, cuando la sociedad ya estaba pagando con zozobra y temor resoluciones que nadie desde el Poder Judicial sale a comunicar y a explicar.
Además tiene otro gran detalle: el silencio sobre algo esencial, que es el impacto real de las decisiones judiciales, que podrán estar apegadas a la ley, pero eso no las blinda de tener consecuencias.
Ese posicionamiento, en suma, pretende dibujar la autonomía judicial como una burbuja moral que proteja a los jueces del daño social que pueden generar sus resoluciones, legalmente correctas, aunque materialmente desastrosas, como es el caso.

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Si todo partió de un error inicial y las demás fueron consecuencias de este, da lo mismo a que haya sido una cadena de fallas que, de forma casi pueril, trataron de responsabilizarse mutuamente entre fiscales y juzgadores, así en general.
Pero el hecho es que un delincuente, uno solo, quizás sin proponérselo siquiera, burló a todo un sistema que cuesta a los chihuahuenses miles de millones de pesos al año, de los crecientes presupuestos que destinan la ciudad y el estado a seguridad pública, procuración y administración de justicia.
Quedaron exhibidos una policía que detiene a medias, un Ministerio Público que acusa a medias y un Poder Judicial que resuelve a medias, todos trenzados en un repartidero de culpas para ver quién fue el peor de todos. No necesitan disputar ese deshonroso primer lugar, ante la sociedad están empatados.
Fuera de los reclamos, los dimes y diretes entre las partes involucradas, el hecho es que el Ministerio Público presentó dos causas penales como si no se conocieran entre sí; dos homicidios, dos juezas, dos audiencias, un imputado y cero contexto de un crimen cada vez más organizado, que aprovecha los huecos de la justicia.
Nadie queda bien parado y todos pierden, porque mientras se defienden -unos con desplegados llenos de palabras huecas, otros con discursos y otros con apelaciones tardías- el imputado ya es prófugo y posiblemente esté más cerca de que lo alcance la “otra justicia”, la del lado más oscuro de esta película.
¿En serio nomás para eso alcanza en Chihuahua con más de 15 mil millones de pesos al año para seguridad y justicia?