Da auditor a Corral otro golpe de realidad
Más facilidades para abrir nuevas empresas
Asegurada, la modernización aduanera

En la Policía Municipal y la Fiscalía Zona Centro, prácticamente rebasadas frente a la “limpia” de grupos criminales iniciada a mediados de diciembre, cayó como bomba la decisión de una jueza, Abril Melissa Alatorre Guerrero, de no dictar la prisión preventiva contra un presunto sicario capturado días después de una ejecución.
La tarde del martes pasado, tras la audiencia de formulación de imputación en la que Jorge Raúl A.G., fue acusado de un homicidio tras ser capturado el lunes con una orden de aprehensión previamente obsequiada por la justicia, Alatorre Guerrero determinó dejarlo en libertad y citarlo para el viernes a la audiencia de vinculación a proceso.
En vez de la prisión preventiva oficiosa, que se supone es obligada en delitos como el asesinato, la jueza, con trayectoria como defensora pública y coordinadora del Instituto de Servicios Previos al Juicio del Poder Judicial, optó por liberarlo con mínimas restricciones.
Algunos mandos policiales se escandalizaron sobremanera porque, sin imputarlo formalmente, consideraban al presunto como autor o coautor de otros cinco homicidios en las últimas semanas, aunque solo le hubieran podido acusar uno, el registrado el 1 de enero en la calle Punta La Gaita de la colonia Punta Oriente.
Terminada la audiencia y con los acusadores atados de manos legalmente, la Fiscalía Zona Centro anunció la impugnación de la resolución e incluso, extraoficialmente, fue deslizada la posibilidad de presentar una queja formal contra la jueza ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
Mientras son peras o son manzanas, tenemos libre a un presunto criminal, apodado "La Rata" en los bajos mundos, acusado de uno de los delitos más graves, cortesía de una juzgadora; e instancias persecutoras del delito que aseguran tener evidencia para acusarlo de seis homicidios, pero solo lograron imputarle uno con supuesta evidencia, pese a lo cual no lograron convencer a la jueza de la necesidad de retenerlo en prisión.
Obliga el episodio a que las autoridades vayan más allá de ver la paja en el ojo ajeno y hagan un especial ejercicio de autocrítica, porque, en el ideal del sistema de justicia, la jueza seguro tuvo sus razones para no privar al sujeto de su libertad, mientras el Ministerio Público y los policías preventivos e investigadores consideraron que tenían cubiertos todos los flancos para procesar al imputado.
Ahora, habrá que esperar si el beneficiario de la decisión judicial acude a su audiencia de vinculación por voluntad propia o si ya huyó para engrosar las filas de la impunidad.
Seguro viendo tele en su casa ya no está.

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El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, acudió ayer con los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso, encabezados por la morenista Leticia Ortega Máynez, para analizar su informe anual entregado a finales de 2025 y responder las dudas de los legisladores.
En la reunión, Acosta presentó el resumen de las más de dos mil 600 observaciones registradas sobre el gasto y la operación de los 67 municipios, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos descentralizados; todo tan técnico que demostró por qué fue ratificado por otro periodo, en inusitado acuerdo de Morena, PAN, PRI y demás fuerzas políticas.
Pero más allá de los datos de cajón, alrededor de la comparecencia hubo algunos golpes de realidad que el auditor propinó al exgobernador Javier Corral.
Ante los adjetivos que el exmandatario ha dirigido a Acosta, el también auditor durante su gobierno, exhibió los resultados de las revisiones a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las observaciones, procedimientos y penas a la empresa a cargo del Proyecto Centinela, contra el que ahora embiste Corral Jurado después de cinco años de su administración.
Por otro lado, el auditor evidenció la diferencia entre Participaciones Federales y Aportaciones Federales, consideradas las primeras como recursos estatales una vez trasferidas, de ahí que le compete a la Auditoría Superior del Estado su fiscalización.
El detallito es de la mayor relevancia en el conflicto competencial por el que la Fiscalía General de la República pretende arrebatarle a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua la causa penal contra Corral Jurado pues el argumento para la atracción está basado en la confusión de esos dos grandes componentes del presupuesto nacional.
En fin, Acosta mostró que realiza una fiscalización técnica mediante auditorías reales, mientras el exgobernador sigue con la práctica de la descalificación facilona.

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Ayer en sesión de Cabildo fue aprobado el nuevo Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas lo que conocemos como el SARE.
Toma relevancia porque ajusta las reglas a la política pública que desde la administración del acalde, Marco Bonilla, ha impulsado para convertir a la capital en una ciudad competitiva y con un crecimiento económico constante.
La novedad en este nuevo reglamento es que la autoridad Municipal deberá aprobar o rechazar la Licencia de Uso de Suelo, el Dictamen del Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo o la Licencia de Funcionamiento.
Todo ello con un periodo no mayor de tres días en giros de bajo riesgo. Eso, para quien se dedica a los negocios, es un respiro financiero, sobre todo para quienes pagan rentas.
Con esto, el municipio beneficia a emprendedores, a las micro y pequeñas empresas, pero también es una herramienta para seguir reduciendo el comercio informal y poner las bases porque al estar debidamente registrados también puedan acceder a los servicios de salud y hasta el Infonavit.

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Han sido las aduanas mexicanas sinónimo de corrupción y burocratismo, puertas abiertas para la introducción de millones de pesos en fayuca que se vende en miles de puestos al interior del país, pero también enormes boquetas para grandes contrabandos, como el del reciente huachicol fiscal que le costó al erario público 600 mil millones de pesos.
Los empresarios y comerciantes chihuahuenses han sufrido en carne propia ese fenómeno.
En ese contexto, la frontera norte ha sido puesta en la mira del gobierno federal para la nueva Ley Aduanera que entró en vigor en enero de este año que busca modernizar la fiscalización y responsabilidades en el comercio exterior, implementar la Inteligencia Artificial con biometría, así como mayor responsabilidad de los agentes aduanales.
El pasado lunes, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presidenta Sheinbaum inauguró la nueva sede de la Agencia Aduanal de México, que sustituirá al SAT como órgano rector.
Se escogió esa aduana por ser la que tuvo mayor incremento en la recaudación con un billón 250 mil millones de pesos, un 25 por ciento más respecto a 2024.
La Presidenta anunció que a esta obra se suma la construcción, por parte de la Defensa Nacional, de siete secciones aduaneras en Baja California, 12 en Sonora, nueve en Chihuahua, cuatro en Coahuila y 16 en Tamaulipas, que concluyeron en 2024.
El martes, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) aplaudió la construcción de las instalaciones en la frontera norte porque descentralizarán funciones y acercarán la toma de decisiones al comercio exterior.
Veremos si esto basta para frenar las irregularidades en los puertos fronterizos.