Quien viaja seguido y conoce el aeropuerto de Chihuahua tal vez no se detiene a pensar en lo que parece rutinario, como el estacionamiento caro, las filas de los filtros, el café sobrevaluado, la tienda de recuerdos que vende llaveros a precio de diamantes y la sala de última espera, ahí donde uno alista el nada barato pase de abordar.
En el desglose de los cargos por cada boleto aparece, puntual y sin pudor, la Tarifa de Uso de Aeropuerto. La famosa TUA, que en Chihuahua ronda los 732 pesos por vuelo nacional y los mil 300 pesos por viaje internacional.
Es una TUA más cara que la de la terminal de la Ciudad de México, más cara que la de Guadalajara y la de Monterrey. El cargo no es opcional ni rebatible, porque si el pasajero no paga, no vuela, así de simple; es un cargo casi como si fuera impuesto o derecho federal.
Según la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), hasta el 42 por ciento del costo de un boleto se va entre TUA, más el Impuesto al Valor Agregado. Algunas aerolíneas, las low cost, estiman que esa carga puede ser hasta del 60 por ciento del precio de cada boleto.
En algunas promociones de viajes, los precios del viaje en avión pueden ir de lo razonable a lo extremadamente atractivo, hasta que la suma final los convierte en un golpe seco al bolsillo. Pero hay que pagar porque el aeropuerto cuesta, porque mantenerlo cuesta, porque algo de eso regresa en servicios para los pasajeros y para la comunidad donde opera cada terminal. Al menos es lo sensato.
Pero resulta que no. El aeropuerto con una TUA de las más altas del país debe alrededor de 33 millones de pesos en Impuesto Predial.
Hoy reclama el pago el alcalde Marco Bonilla, como en su momento lo hizo Maru Campos y antes de ellos los que les precedieron en el cargo hasta alrededor de 1998, cuando el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), se quedó con la concesión de lo que antes era un servicio público federal centralizado, en ese modelo de gobierno que prefiere entregar todo al sector privado antes de hacerse responsable de sus obligaciones legales.
No es que no pueda pagar, es que se ampara en esa concesión federal para operar como un estado autónomo dentro del municipio. No es que no pueda pagar si ingresa al año (cifras de 2025), mil 474 millones de pesos nomás de TUA, por casi dos millones de pasajeros que lo utilizan.
Y ni gobernadores ni alcaldes obligan al pago, mientras embargan a los que deben mil o dos mil pesos por predial anual.

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Cuando el director de OMA, Ricardo Dueñas Espriu, anunció la inversión de 660 millones de pesos en el aeropuerto de la capital, en julio del año pasado, visualizó un cierre de 2025 con cifras históricas que cualquier operador aeroportuario del país presumiría.
No se equivocó Dueñas, a juzgar por su último reporte difundido hace apenas unos días: la terminal registró un millón 956 mil pasajeros, un crecimiento anual de 5.7 por ciento y un mes de diciembre particularmente fuerte, con un alza de 17.2 por ciento, de los mejores registros dentro del sistema OMA, que opera otras 13 terminales en México.
Pero mientras los pasajeros despegan, las cuentas con el Gobierno Municipal siguen en tierra, en una pista sin fin. De acuerdo con la Tesorería de la capital, el aeropuerto adeuda alrededor de 33 millones de pesos en Impuesto Predial, una cifra que no se explica por un descuido administrativo o problemas financieros de la empresa, sino por una estrategia jurídica basada en amparos para evadir el pago.
Contrasta, pues, la situación que OMA presume a sus inversionistas, con su increíble capacidad para regatear un pago que, por sentido común, debería cubrir, en vez de buscar huecos legales para esconderse.
Ante la incapacidad federal para atender un reclamo que por años han hecho los municipios, no solo Chihuahua sino otros, hace unos días hasta llegaron a coincidir legisladores del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano -toda una rareza política de estos tiempos- en la necesidad de impulsar desde el Congreso del Estado una iniciativa para romper la excepción fiscal que protege no solo al aeropuerto, sino también a Ferromex.
Los coordinadores de las bancadas locales, especialmente Alfredo Chávez del albiazul; y el morenista, Cuauhtémoc Estrada, avalaron la posibilidad de promover desde aquí los cambios normativos federales para cumplir con esa añeja demanda de justicia fiscal.
El alcalde Bonilla también volvió a pronunciarse, con la debida claridad, pues no se trata de gravar pistas, torres de control o áreas estratégicas federales, sino los espacios con fines de lucro que operan como cualquier negocio en la ciudad.

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Dentro del aeropuerto hay restaurantes, bares, salas VIP, estacionamientos, joyerías, tiendas y otras actividades comerciales que generan ingresos constantes gracias a un flujo creciente de usuarios que, además, ya pagan caro por usar la terminal.
Pero resulta que están dentro de un territorio autónomo o de otro país, no del México que tiene en el municipio su figura político-territorial más básica.
El usuario del aeropuerto paga Predial, igual que el comercio de la esquina, el hotel y el restaurante fuera del aeropuerto. Pagan porque el gobierno local necesita recursos para pavimentar calles, recoger basura, mantener alumbrado, dar seguridad. Y el aeropuerto usa todo eso: las vialidades que lo conectan, los servicios públicos, el entorno urbano que lo hace viable.
El aeropuerto no paga, pero sí cobra. Además de la TUA, cobra estacionamiento de corta y de larga estancia; cobra rentas a locales comerciales, concesiones, consumos y se lleva una gran tajada de todo el flujo diario que tiene la terminal, ubicada en ese territorio concesionado federal.
Todo eso opera con fines de lucro, a cambio de un cargo de nueve por ciento de sus ingresos brutos totales que paga a la Federación por la concesión, recursos que en nada se reflejan en la ciudad donde opera la terminal.
Todo eso con lucro, pues, distinto a la forma jurídica, técnica y política de las imposiciones fiscales federales, estatales y municipales, diseñadas para darle operatividad y funcionalidad a los gobiernos, que si bien no son los más eficientes del orbe, son los responsables de orientar el desarrollo nacional.
El argumento de justicia fiscal empieza entonces a tener eco social, ante una defensa, como la que ocasionalmente ha hecho Dueñas Espriu, de que OMA cumple con la ley y punto.
El vacío es más evidente cuando vemos, por ejemplo, que los municipios sí pagan el federal Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) por cargar gasolina a sus patrullas; pagan los derechos vehiculares estatales por sus flotillas y cumplen con todas las obligaciones fiscales.
Mientras tanto, esas grandes superficies comerciales en aeropuertos permanecen fuera del padrón del Predial, pese a beneficiarse de servicios urbanos, vialidades, seguridad y mantenimiento.

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Así, la propuesta legislativa para emparejar el piso, tras años, décadas de reclamos ignorados, tiene sustento lógico y jurídico.
Quien ocupe suelo urbano debe contribuir para que los recursos sean destinados precisamente a infraestructura, accesos viales y servicios públicos en zonas cercanas al aeropuerto, beneficiando tanto a usuarios como a la ciudad que lo alberga.
Porque en este marco la excepción fiscal comienza a verse menos como un tecnicismo legal y más como un privilegio políticamente insostenible.
Tal vez para OMA el monto de 33 millones de pesos no sea el problema, aunque habría que revisar a fondo las cuentas que reporta a sus inversionistas y a la Bolsa Mexicana de Valores, donde sus acciones han crecido desde los 29 pesos cuando lanzó su oferta pública en 2006 hasta los 250 pesos actuales.
Tal vez su problema sea aceptar la incongruencia de que crece sostenidamente en plazas como Chihuahua, cobra una de las TUA más altas del país y al mismo tiempo se ampara para no contribuir localmente, lo que rompe el discurso de eficiencia y modernidad que pregona.
Tal vez OMA tenga la razón jurídica. Tal vez los amparos estén bien armados y sustentados. Tal vez la ley, como está hoy, le otorgue todo el margen para mantener ocupada a su área jurídica dándole batazos al municipio. Pero eso no cuadra con esa imagen corporativa responsable que pretende transmitir a la comunidad.
¿Cómo justificar aeropuertos cada vez más caros para el pasajero, pero excepcionalmente baratos para el fisco local? ¿Cómo justificar que en un vuelo redondo le cobra al pasajero dos veces la TUA, pero la terminal no paga ni una vez el Predial?
Ojalá los diputados locales no olviden el tema y logren que sus compañeros federales suban al mismo avión; ojalá OMA entienda que debe aterrizar de ese vuelo en el que anda, como si las concesiones recibidas antes del año 2000, cuando los aeropuertos fueron abiertos al capital privado, hubieran creado pequeños estados dentro del estado mexicano.