- Quieren un empresario azulado para Morena

- Konchita va por lo irracional para que la bateen

- La SCJN debe preguntarse porqué no hay plaga en Chihuahua

En los municipios alineados con la 4T e incluso en la capital del país, los expertos en infraestructura y telefonía de Telmex entienden que haya trabas para retirar las casetas basura que la empresa tiene dispersas por todo México, a pesar de su evidente inutilidad y la contaminación visual que generan.

Sin embargo, se les hace inconcebible que, en localidades como Chihuahua, Monterrey y algunas otras capitales todavía no capturadas por el régimen, sigan utilizándose reglamentaciones fantasmales para impedir el retiro de esos armatostes feos, viejos y por completo descontinuados.

Como habíamos asentado en GPS hace unos días, hasta el gigante de las telecomunicaciones de América Latina, Carlos Slim, se ha topado con la burocracia al intentar, ante un constante reclamo social, el retiro de esas casetas llenas de grafiti, vandalizadas y convertidas en pequeños basureros, de las calles, avenidas, plazas y parques públicos.

Es decir, Telmex ha solicitado formalmente el permiso para retirar esas casetas, al menos en las poblaciones urbanas si, como lo ha hecho últimamente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende ampliar servicios de conectividad mediante este tipo de dispositivos añejos en las zonas rurales.

Pero resulta que el impedimento para retirar ese deprimente espectáculo urbano es una concesión de 1990, regulada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, luego Instituto Federal de Telecomunicaciones, que hoy son meros fantasmas burocráticos, después de varias reformas y contrarreformas

Ni uno ni otro entes públicos existen ya, pero la norma sigue vigente porque nadie ha entendido la importancia de su derogación e inaplicación.

Claramente, en ineficiencia y desinterés parece que son igualitos los gobiernos del PRI, PAN y Morena, en cualquiera de sus tres niveles, porque ningún municipio, afín o no a la 4T, han sido capaces de dar un paso hacia adelante, como dicta el sentido común para mejorar la imagen urbana.

En Chihuahua, ese viejo mobiliario urbano, que todos ven, pero nadie observa a conciencia, suma varios cientos de ejemplos, de esos que apenas representan un recuerdo de cuando hablar por teléfono era un acto estacionario y no casi un acto reflejo, como es hoy y como ha sido desde el desarrollo de la telefonía inalámbrica.

Del recuerdo pasan también al estorbo para transeúntes, al atentado contra el urbanismo, al reflejo de esa incompetencia gubernamental que prefiere lavarse las manos que asumir responsabilidades. A ver si alguna autoridad decide, por fin, dejar de patear al bote y aventar la pelotita a otros.

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Tal vez es más el deseo de algunos que una realidad concreta, pero vuelve a tomar vuelo en círculos morenistas la idea de que el partido guinda iría a competir por la capital del estado con un empresario de renombre y de preferencia con algún apellido azulado.

Esa, dicen los morenos, sería la forma más factible para competirle al poderío panista existente en Chihuahua, especialmente en la ciudad, porque si el PAN no se equivoca ni comete errores garrafales llegará a la elección de 2027 tan fortalecido como en los últimos tres procesos electorales, en los que la 4T se ha topado con pared al enfrentar a los candidatos panistas.

Pero lo interesante no es la especulación sobre quién podría encabezar la batalla por Morena en la capital, sino cuál será el destino de los acelerados que tienen la mano levantada por esa candidatura y podrían quedarse en el camino.

El listado de aspirantes es tan grande como el padrón de un partido: Brenda Ríos, Héctor Ochoa, Hever Quezada, Hugo González, Miguel Riggs y Óscar Castrejón, unos más arribistas que otros, pero cada uno con su respectiva secta de respaldo.

Quedarían en el camino, además, los cartuchos más quemados enquistados en la estructura partidista, Marco Quezada y Miguel La Torre, expriista y expanista que dieron show como inmaduros opositores cuando tuvieron el poder y ahora andan de la mano hasta en pódcast de comedia -por el ridículo de ambos- que tratan de pasar como de análisis político o social.

O sea, casi una decena de aspirantes quedarían en el camino de darse esa posibilidad de una nueva apuesta morenista, lo que provocaría una guerra interna más o una negociación intensa que, obviamente, debería incluir el reparto de candidaturas a diputaciones federales o plurinominales.

Pronto veremos en qué acaba esta historia, pero la nominación morenista por una causa perdida -que son las únicas por las que vale la pena luchar, según Churchill- podría ponerse más intensa que la contienda al interior del todavía dominante PAN.

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Parece que el deseo de Konchita Rodríguez, así con K, es que Rectoría batee su propuesta de negociación para el contrato colectivo anual. Hoy habrá encerrona para discutir el tema.

Muy lejos su postura de la racionalidad que tuvo Salvador Salgado García, su padrino y quien la llevó de la mano a la dirigencia del STSUACh, el sindicato de trabajadores administrativos del alma mater.

Mas bien alcanza a observarse la mano de Ricardo Moncayo, némesis de García Salgado, con estridencia y posturas innegociables para reventar cualquier diálogo.

Hoy estarán sentados a la mesa los directivos de la Universidad con la papa caliente de un pliego petitorio e imposible de cumplir, irracional; algunos puntos expuestos hasta ilegales.

Piden nada menos que un 40 por ciento de aumento al salario, siguiendo una lógica simplista de los aumentos autorizados al salario mínimo, sin pensar que ellos tienen acceso a prestaciones que ni en sueños tienen los trabajadores comunes.

En vacaciones piden 31 días en verano en lugar de los 25 que actualmente tienen garantizados, sin pensar que aumenta de manera escalonada y llevaría a dos meses de asueto para quienes tengan cinco años o más en funciones.

Van también por 10 días económicos, en lugar de los siete de que actualmente gozan; para despensa piden aumento del 44 por ciento, transporte 66 por ciento, fondo de ahorro 66 por ciento y prima de antigüedad al dos por ciento desde el primer año y del veinteavo año un dos por ciento progresivo.

No hay manera objetiva de que la Universidad, con menguados recursos federales, pueda hacer frente a una petición de este tamaño, máxime cuando del lado del sindicato la opacidad es ley.

Maneja Konchita 120 mil pesos mensuales de cuotas en la más completa discrecionalidad, con un fideicomiso quebrado y manejos no sucios, sucísimos, con Moncayo y García Salgado, como antecedente y prueba palpable e inmediata.

Habría que echar ojo con lo que va a pasar o ya pasó con el terreno de los 90 millones, y las denuncias penales de fraude. Con hacer números saldrá la suciedad.

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Como si el sector ganadero chihuahuense no fuera ya lo suficientemente ninguneado por la federación, ahora se suma la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la invalidación del acuerdo de la gobernadora, Maru Campos, por el que endurecía los controles e inspecciones en la entidad, fundamentalmente para evitar la propagación del gusano barrenador.

Por unanimidad del pleno quedó invalidado el acuerdo de noviembre de 2024, bajo el argumento de que la medida invadía una competencia exclusiva del gobierno federal.

Fue impugnada mediante una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica cuando su titular era nada menos que… Ernestina Godoy, actual fiscal general de la República.

En su proyecto, el ministro ponente, Irving Espinosa Betanz, argumentó que el acuerdo 156/2024 no se limitó a ejercer funciones de vigilancia ni a coordinarse con la federación en materia de enfermedades transmisibles.

Por el contrario, dijo, establecía un sistema integral para regular la movilización de ganado así como productos y subproductos pecuarios dentro del territorio estatal, imponiendo revisiones obligatorias, documentación específica, autorizaciones estatales previas, así como medidas de aseguramiento y sanción.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, recordó que no se encontró ningún convenio de coordinación para que el gobierno estatal realizara acciones de inspección vinculadas al control de la movilización agropecuaria, acuícola y pesquera.

Lo que no se ha explicado en la SJCN, que ahora actúa como un apéndice del Ejecutivo, es porqué mientras la plaga del gusano barrenador sigue avanzando hacia el norte, Chihuahua se mantiene libre de la epidemia. Quizá gracias a ese acuerdo que ahora invalidan.