Una acción geopolítica de importantes implicaciones estratégicas culminó en la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump. El hecho se enmarca en una tensa crisis de varios meses que estuvo motivada por el fraude electoral del 2024 cometido por Maduro y las denuncias ante jueces estadounidenses contra el hoy detenido. La causa penal: narcoterrorismo, es decir, dirigir personalmente el tráfico de drogas que afecta a miles de estadounidenses.
Recordemos que hay dos principios fundamentales en el derecho internacional que rigen las relaciones entre los Estados: primero, el de no intervención y, segundo, el de autodeterminación de los pueblos. Cualquier estudiante de primer semestre de derecho sabe que los principios se ponderan uno en relación con el otro. Esto quiere decir que se valora su alcance y prioridad en situaciones de conflicto. Hay que ponerlos a ambos en una balanza y preguntarse cuál de los dos aporta mejor a la justicia, a la democracia, a la paz y a la seguridad internacionales en cada caso específico.
En el caso concreto de Venezuela, el pueblo votó mayoritariamente por Edmundo González en 2024, pero el tirano Maduro —que llevaba más de 12 años en el poder— se robó la elección, por lo que el principio de autodeterminación de los pueblos no se respetó. Estas elecciones presidenciales no fueron ni libres ni justas, al producirse en un contexto en el que el gobierno de Maduro controlaba todos los poderes del Estado. ¿Quién podría desde dentro de Venezuela hacer posible que esa decisión soberana del pueblo se respetara? Nadie, porque el ejército de Venezuela persiguió a los opositores y a los medios de comunicación después de la elección.
María Corina Machado, Edmundo González y Juan Guaidó tuvieron que huir del país o vivir clandestinamente por la persecución del régimen. María Corina, quien ganó el premio Nobel de la Paz, no pudo recibir personalmente el galardón porque se encontraba escondida para evitar que la detuvieran o asesinaran; luego de escapar de Venezuela en condiciones sumamente riesgosas, llegó tarde a Noruega.
Ya se escucharon las voces de varios regímenes de izquierda en el mundo condenando la acción militar de Estados Unidos: México, Brasil, Cuba y Colombia; todos integrantes del Foro de Sao Paulo Era previsible. Incluso el Secretario General de la ONU condenó el hecho, llamando al “diálogo inclusivo”.
¿Cómo puede pedir eso António Guterres si Nicolás Maduro fue el principal violador de los derechos humanos contra el pueblo de Venezuela? ¿Si fue precisamente el régimen de Maduro quien subvirtió los más elementales principios del Estado de derecho al asesinar y encarcelar impunemente a miles de venezolanos que se manifestaron contra el régimen en el ejercicio de sus libertades de expresión y de asociación?
Recuérdese que Maduro tiene un proceso en curso ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad desde 2018. En 2021 esa instancia internacional decidió continuar con las investigaciones; los actos específicos que se le imputan son el encarcelamiento arbitrario y masivo, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
La OEA declaró la afectación del orden democrático en 2018 cuando se eliminó de un plumazo al poder legislativo. Había dos parlamentos, el elegido democráticamente, pero en el exilio, y el impuesto por Nicolás Maduro y que finalmente se quedó operando de manera ilegal. De hecho, la OEA reconoció a Juan Guaidó como presidente y desconoció a Maduro, razón por la cual Venezuela abandonó la instancia interamericana.
La detención de Maduro es una medida muy seria que, debido a su complejidad y las discusiones que genera, busca acabar con la impunidad y la tiranía en Venezuela. Es un paso forzado hacia la restauración de la justicia y la genuina autodeterminación de un pueblo asfixiado que clama por su libertad. La balanza de los principios internacionales, hoy, se inclina decisivamente a favor de la justicia y la dignidad de millones de venezolanos.
