Resulta que los flamantes legisladores que integran el honorable —nótese el adjetivo— cuerpo de diputados y senadores, muchos de ellos sin haber transitado jamás por una carrera académica digna de tal nombre, tomaron una decisión histórica: modificar la Constitución Federal y, en un acto de admirable sincronía, replicar la hazaña en las constituciones estatales para eliminar de un solo tajo a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El nuevo estándar de excelencia es, hay que reconocerlo, refrescantemente sencillo. Para ocupar tan delicadas encomiendas basta con contar con una licenciatura en Derecho, algunas cartas de recomendación —imprescindibles, por supuesto— y, como requisito estelar, haber alcanzado el heroico promedio de ocho durante la carrera. Nada más. Nada menos.
Con esta fórmula infalible, los mismos funcionarios públicos que durante años calificaron al Poder Judicial como uno de los más ineficientes del Estado moderno, concluyeron que tales credenciales eran más que suficientes para integrar el poder más relevante del Estado constitucional democrático: el Poder Judicial. Porque, al parecer, la complejidad institucional se resuelve con aritmética escolar.
Sin embargo, la realidad —siempre tan inoportuna— vino a interrumpir la narrativa. Resulta que los casi 900 jueces que integran el Poder Judicial Federal y que fueron electos el primero de junio deberán someterse ahora a un examen de conocimientos. Y lo verdaderamente notable no es el examen en sí, sino la solución prevista para quienes no lo aprueben: capacitarlos después. Como dirían en mi rancho, con sabiduría ancestral: “Después de ahogado el niño, tapan el pozo.”
Imaginemos por un momento que estamos a punto de entrar a una cirugía de corazón abierto. El cirujano ha sido elegido por su popularidad, goza de excelentes recomendaciones y obtuvo un sólido ocho en la licenciatura en Medicina. ¿Permitiríamos que nos opere? Probablemente sí… si fuera el único médico disponible y la situación fuera desesperadamente urgente. pero resulta que si sale mal, pues lo regresamos a que presente un examen, si no pasa, pues lo capacitamos, es lo de menos.
Pero aquí no estamos en una emergencia aislada. En nuestro país existen miles de personas que, durante años, eligieron una carrera jurídica, se formaron con rigor, aprobaron exámenes exigentes, cursaron especialidades, maestrías y doctorados, y construyeron su práctica con experiencia, disciplina y convicción. Nada de eso fue suficiente. El discurso populista triunfó: todos eran corruptos. Las pruebas, como suele ocurrir, nunca aparecieron.
Tan es así que en noviembre de 2024, durante una comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los comisionados cuestionaron al Estado mexicano sobre la existencia de un diagnóstico que justificara la reforma judicial. ¿La respuesta? José Antonio Montero, representante del Estado, admitió sin rodeos que dicho diagnóstico no existía. Eso sí, aseguró que los jueces “han faltado a su deber de impartir justicia”. Una afirmación tan categórica como aquella célebre máxima nacional: “No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.”
De este modo, todo el andamiaje discursivo que dio pie a la transformación del sistema de justicia en México —a nivel federal y estatal— exhibe, una vez más, una alarmante incapacidad para tomar decisiones sustentadas en análisis serio, evidencia empírica y rigor técnico.
Así las cosas, no hace falta ser adivino para anticipar el futuro: o en los próximos años se corrige el rumbo en las decisiones fundamentales del país, o seguiremos fieles a otra máxima profundamente mexicana:
“Primero matamos, y luego preguntamos.”