Hace una semana, a través del comunicado de prensa 58/2026, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que en julio de este año la aduana de Juárez registró un incremento histórico en su recaudación, creciendo un 25 por ciento en solo un mes. El flujo ascendió de poco más de 5 mil millones a casi 6 mil 800 millones de pesos respecto al periodo anterior, consolidándose firmemente como la segunda aduana más importante del país, solo después de Nuevo Laredo.
El segundo dato —revelado en una entrevista para medios locales por Marcelo Velázquez, delegado de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM)— es impactante: en junio, Ciudad Juárez aportó el 21 por ciento de todas las exportaciones del país. El funcionario citó textualmente: "Esto quiere decir que uno de cada cinco dólares que exporta el país son mercancías manufacturadas en Juárez". Casi 15 mil millones de dólares en un solo mes salen de aquí, de las manos juarenses.
Sin embargo, este destacado desempeño de nuestra frontera, contrasta de forma importante con la distribución presupuestal vigente. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondientes al primer semestre de 2026, al municipio de Juárez se le han recortado alrededor de 358 millones de pesos en participaciones federales (bajo la previsión institucional de que dichos recursos se regularicen en lo que resta del año). En términos reales, esta disminución presupuestal impacta de manera directa la gestión cotidiana de la ciudad: se traduce en un menor despliegue de seguridad pública, posterga proyectos apremiantes de agua potable y drenaje en las zonas de mayor vulnerabilidad, y limita el mantenimiento de la infraestructura vial y el alumbrado público, rubros que por años han presentado un rezago histórico.
Bajo este contexto, los números nos invitan a una reflexión muy clara: el presupuesto que se le asigna a Juárez resulta completamente desproporcionado, si lo comparamos con los ingresos que generamos para el resto del país, pues aún y cuando en un solo año se genera el equivalente a seis veces su presupuesto municipal, lidereamos una quinta parte de las exportaciones, y aquí se opera la segunda aduana con mayor actividad del país —superando las 150 mil operaciones en julio— el retorno de recursos no va ni siquiera cercano a lo que aportamos.
Muestra de ello, es que hace tan solo unos días, la CONAGUA informó que aún analiza alternativas para llevar agua a las nuevas viviendas de Bienestar en Juárez, es decir, ya tenemos un nuevo problema para la ciudad, cuando ni siquiera hemos logrado resolver la falta de agua potable para los "los kilómetros". Sufrimos los mismos apagones de siempre, seguimos con la misma saturación en los puentes internacionales (factores que inciden directamente en los tiempos de cruce y en la competitividad local), y el deterioro generalizado de las vialidades, son prueba de que el dinamismo económico de Juárez requiere un soporte presupuestal correlativo para no comprometer su viabilidad operativa.
Para equilibrar esta balanza financiera, Ciudad Juárez requiere de una representación legislativa proactiva y con una visión clara del federalismo fiscal, que vayan a las cámaras a defender cada peso que se le asigna a la ciudad. Es indispensable que nuestros diputados y diputadas asuman un rol estratégico en la deliberación de los próximos Presupuestos de Egresos, tanto de la Federación como del Estado, asegurando que el liderazgo aduanero y la sólida recaudación regional se traduzcan en asignaciones presupuestales proporcionales a nuestra aportación a la economía nacional.
Ante esta realidad, quien encabece el gobierno municipal a partir de 2027, debe ir más allá de la simple administración del presupuesto asignado. Juárez necesita un liderazgo proactivo, con la capacidad de gestionar recursos extraordinarios para rescatar esos proyectos de infraestructura postergados por décadas. Resulta insostenible que el dinamismo de nuestra fuerza laboral, coexista con un entorno urbano deficiente, es tiempo de modernizar la administración pública y hacer valer una reciprocidad fiscal justa. Una comunidad que aporta al país, indicadores de primer nivel, tiene el derecho legítimo de exigir que la escasez deje de ser la regla.