A los compañeros de la Asociacion de Editorialistas de Chihuahua les agradezco, emocionado, por el reconocimiento que me entregaron por llegar a los 30 años de editorialista.
Algo olió Rocha Moya que creyó llegado el momento para recuperar su fuero… y los privilegios de gobernar.
Y ahí está, campante, feliz, recibiendo el apoyo de sus secretarios, de los magistrados, de su equipo (bueno, el que no está escondido)… y de los diputados locales de Sinaloa.
¡¡Bueno, hasta los tres aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno estatal ya le expresaron su regocijo y contento!!
¡Hasta Inzunza regresará! Luego de cobrar con cheques, que sus compañeros del senado le hicieron llegar puntualmente, no obstante que la Unidad de Inteligencia Financiera (que depende de la presidenta) le había congelado sus cuentas bancarias.
¡No tienen vergüenza!
¿Y el morenaje?
N’ombre, ni conocemos al tal Rocha. ¿A qué hora regresó?
Patético.
Dijo Monreal, el ‘líder’ de los diputados, que el Estado no haría una jugada de ese tipo. Po’s el Estado no, pero el gobierno sí, y Rocha cuantimás.
¿Po’s que no están viendo?
Ahora todos, desde el gobierno, le echan la culpa a Rocha, después de meses en los que la presidenta se la pasó violando el Tratado de Extradición —vale decir, violando la ley— exigiendo que el Departamento de Justicia de EEUU le entregara «pruebas, pruebas». ¿Y a ella, porqué?)
Es de tal blandenguería —¿Será eso, ú otra cosa, acaso más grave?— la actitud de la presidenta Sheinbaum, que en su mensaje de ayer, ni siquiera lo mencionó por su nombre.
Los gobernadores acusan de violar la ley (¿Cuál?); los diputados dicen que provocó un cisma (Si lo hay ¿Cuáles son los bandos? ¿Entre quién y quién? ¿Entre Claudia y López Obrador?).
Y la dirigencia de Morena parece eco amortiguado de los pronunciamientos del Gobierno. En todos los asuntos importantes ha emitido pronunciamientos casi como si fuera una dependencia gubernamental.
La secretaria de Gobernación, al tiempo que deplora el regreso, le recuerda que las investigaciones de la Fiscalía General de la República siguen su curso.
¿Lo están amenazando?
Cualquiera que fuera la determinación de la presidenta —porque está en sus manos, y solo en ellas— le costará, en muchos sentidos.
El problema es que deberá tomar una.
Tiene, además, otro factor, acaso más importante para ella y su partido, y solo a ellos dos, el tiempo.
Mientras más se tarde, el costo político-electoral será mayor, al que se le puede añadir el generado por las disputas internas por las candidaturas a los 17 gobiernos estatales y a la Cámara de Diputados.
¡Vaya momento!
En el papel está relativamente ‘fácil’.
Si Claudia Sheinbaum está dispuesta a tomar el mando de la situación, bastará con que le pida a su ‘autónoma’ fiscal —Ernestina Godoy— arme el expediente pidiendo el desafuero de Rocha al Congreso de Sinaloa.
Luego, que tanto la presidenta de México, como la dirigenta de Morena, le hagan un exhorto, si lo quieren civilizado, cortés, lleno de camaradería, a sus compañeros, los diputados locales de Morena-Sinaloa para que lo aprueben y enseguida sea detenido el ahora mandatario sinaloense y sus siete compañeros (porque dos de ellos ya están en manos de la justicia norteamericana) de acusaciones y, probablemente, hasta de grupo criminal, para iniciar el juicio de extradición; que la FGR lo ponga a disposición de un juez federal y éste le notifique a la «oficinita del gobierno norteamericano’ que ya está detenido, para que los gringos envíen las mentadas pruebas.
¿Se tenía que llegar hasta esta situación?
El regreso de Rocha Moya, además de las tremendas repercusiones al interior del partido gobernante, puede convertirse en la peor crisis política, que tengamos memoria, sufrida por un partido gobernante en México.
Tiene, además, serias repercusiones locales político-electorales, —semejantes a las del país— pero que en el caso concreto de Chihuahua, en una contienda que se avizora extremadamente cerrada, puede llevar a que un mayor porcentaje del voto ‘switcher’ (el que no tiene preferencias partidistas previas y que decide su voto en función de las campañas y candidaturas) se vaya hacia las candidaturas del PAN.
¿Se imaginan otros 2-3 meses en los que el panismo se ‘desate’ con el discurso de ‘narcopartido’ y la pregunta de ¿Y Rocha, cuándo?, sin que pueda, Morena, oponer un mensaje más contundente que ese?
¿Cuántos puntos puede ganar el PAN, y cuántos perder Morena en ese escenario?
Además, algunos de esos votos irán al nuevo partido «Somos México» y su probable candidato, Julián LeBarón. Pueden no ser muchos, pero ninguno de los contendientes se puede dar el lujo de perderlos.
No son las únicas repercusiones. Por desgracia no son las más importantes, ni las más dolorosas.
La de la violencia desatada con motivo de la aprehensión del ‘Mayo’ Zambada, la muerte de Héctor Melesio Cuén, la guerra entre ‘Mayos’ y ‘Chapos’ y la petición de la extradición de los «10», es inmensa.
Son de una dimensión mayor, tanto en Sinaloa, como en Chihuahua, (al que la ‘guerra’ ha llegado de manera tangencial, sí, pero que se mide con otro parámetro, el del dolor generado en las familias chihuahuenses) porque se miden en el número de víctimas fatales, en el de desaparecidos y en otros delitos, que reflejan el crecimiento de los índices de violencia, en ambas entidades, a pesar de que en ambas entidades se advierta una tendencia hacia la baja en el número de homicidios.
Pero tampoco es para festejar en grande la disminución, siguen siendo extremadamente altas.
«Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 724 muertes violentas y 4 mil 303 personas privadas de la libertad». (Nota de la redacción, Noroeste, 21/8/26).
Hay en Sinaloa un dato aún más pavoroso: El de la enorme disparidad entre el número de víctimas fatales y el de desaparecidos.
El número de personas desaparecidas supera en 16% a los homicidios reportados, no sólo por los organismos oficiales, sino por el recuento cotidiano del periódico Noroeste de Culiacán, cuyas cuentas superan, las del periódico y las de las agrupaciones de madres buscadoras, en el número de homicidios, en más de 1/3 a las reportadas por los órganos de seguridad y en el caso de las desapariciones, hasta más del 150%.
Como se ha sostenido reiteradamente, hasta la extracción del ‘Mayo’ en Sinaloa se vivía una ‘pax narca’ pues, mientras en 2024 ocurrieron mil 32 homicidios, en 2025 pasaron a mil 805. De enero a julio de este año llegaron a 790.
A los variados factores que inciden en las elevadas cifras delictivas en Chihuahua, se le agregó el de la guerra sinaloense, presente en la entidad en su permanente enfrentamiento con el Cártel de Juárez y ahora el que protagonizan en nuestra entidad las facciones del de Sinaloa.
En el período de la ‘guerra’ del Cártel de Sinaloa, en Chihuahua ocurrieron 3 mil 568 homicidios, frente a los 3 mil 724 de Sinaloa, sólo que en tanto la ola homicida mereció que el gobierno federal destinara a Sinaloa, desde octubre del 2024, a más de 13 mil efectivos militares, a Chihuahua se le han enviado menos de la mitad, lo que podría llevar a la conclusión que, quizá, esa medida no sea la necesaria ¿Y entonces?
Pero las cifras citadas son parte de un fenómeno de muy larga data, al que ha contribuido el conflicto sinaloense y el modo en el que lo ha abordado el gobierno de la 4T.
Estamos frente a un individuo que tiene una orden de aprehensión del gobierno del país que más nos interesa, con el cual compartimos un tratado de extradición, redactado y aprobado en condición de iguales, que lo acusa de propiciar y permitir las actividades delictivas del Cártel de Sinaloa, que lo acusa de ser beneficiario de las acciones de ese grupo criminal para llevarlo al gobierno de ese estado.
Que lo cataloga como si formara parte de la estructura de ese grupo criminal y que tiene las pruebas necesarias para enjuiciarlo y sentenciarlo, con evidencia avalada por un Gran Jurado Federal.
Rocha Moya es un presunto delincuente, con suficiente evidencia para que pueda recibir una sentencia de culpabilidad.
De ese tamaño son las acusaciones y que ahora, a contrapelo de la presidenta de México, decide regresar al gobierno, ante lo cual el bloque gobernante sólo atina a emitir pronunciamientos, muy categóricos, sí, pero que hasta el momento no se han traducido en las acciones legales y políticas que debieran llevar a la práctica.
El regreso de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa sólo puede achacársele a la presidenta Claudia Sheinbaum; no nos hemos cansado de repetirlo, estaba, está, obligada a ordenar o a pronunciarse porque la Fiscalía General de la República detenga el gobernador de Sinaloa.
En tanto, las organizaciones de la sociedad civil culiacanense y ciudadanos han lanzado la iniciativa de efectuar una gran manifestación, mañana lunes, en contra del regreso de Rocha.
Como siempre, la ciudadanía adelante de los gobernantes.
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