México enfrenta una crisis que no suele nombrarse, pero que se padece en la vida diaria: la precariedad del capital humano técnico en los oficios que sostienen el funcionamiento básico de hogares, negocios e instituciones. Electricidad, agua potable, sistemas de enfriamiento, impermeabilización, pintura, soldadura, albañilería y mantenimiento general se realizan, en demasiados casos, sin formación formal, sin protocolos y sin estándares mínimos de calidad.
El resultado es conocido por cualquiera que haya contratado un servicio: instalaciones inconsistentes, materiales inadecuados, errores repetidos, olvidos en la conclusión de tareas y daños colaterales que obligan a corregir lo ya pagado. Somos un país que financia dos veces cada obra: una para hacerla y otra para repararla. No se trata de “mala actitud”, sino de una estructura de formación técnica que prácticamente desapareció.
Las antiguas escuelas de artes y oficios cumplían una función que hoy echamos de menos: formaban técnicos con método, disciplina y orgullo profesional. Al desaparecer, dejaron un vacío que no fue llenado por las escuelas técnicas industriales ni por los programas dispersos de capacitación. Millones de trabajadores quedaron atrapados en un aprendizaje empírico, por ensayo y error, con cargo a quienes los contratan. La técnica dejó de ser un oficio estructurado y se volvió una práctica improvisada.
En Chihuahua, esta precariedad se agrava por el clima extremo y la dispersión territorial. Los materiales y sistemas deben resistir calor severo, frío intenso, radiación solar alta y variaciones bruscas; sin formación técnica, la selección de insumos es errática y los daños se multiplican. El mercado informal domina y deja a los clientes sin estándares, sin garantías y sin supervisión efectiva.
Las consecuencias son transversales. Afectan a familias que lidian con fugas, cortos y filtraciones; a pequeños negocios que pierden mercancía o clientes por fallas eléctricas o de agua; a escuelas y hospitales que operan con riesgos críticos; a industrias que dependen de mantenimiento improvisado; y a dependencias públicas que deben corregir obras deficientes con recursos que deberían destinarse a expansión, no a reparación.
Lo que está en crisis no es la voluntad de los trabajadores, sino la estructura que debería formarlos, certificarlos y acompañarlos. Países con niveles de desarrollo similares —como Chile, Portugal o República Checa— han construido sistemas de certificación de competencias, normas técnicas obligatorias y redes de formación dual que vinculan talleres, empresas y escuelas. México, en cambio, dejó que la formación técnica básica se diluyera entre programas fragmentados y cursos sin reconocimiento formal.
De ahí la urgencia de los tres pilares: certificación obligatoria de competencias técnicas, protocolos nacionales de instalación y mantenimiento, y escuelas de oficios modernas, adaptadas a las condiciones reales del territorio y del mercado. Sin ellos, la calidad del trabajo técnico depende de la suerte, la seguridad queda comprometida y los costos se trasladan a quienes menos margen tienen para absorberlos: familias, pequeños negocios, instituciones educativas y de salud.
Esta crisis silenciosa exige ser nombrada y atendida como un problema de política pública, no como una suma de anécdotas domésticas. No se trata de castigar a los oficios, sino de profesionalizarlos y reconocer que la técnica es infraestructura humana. Sin infraestructura humana sólida, ningún país puede aspirar a eficiencia, seguridad ni competitividad. Mientras no se reconstruya esa base, seguiremos pagando dos veces por cada obra y asumiendo riesgos que podrían evitarse con algo tan elemental como buena formación técnica y estándares claros de desempeño.
