“Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación”. Mario Vargas Llosa
Ley de Audiencias: la herramienta de autocensura con la que el Estado juzgará la verdad. El gobierno federal abrió una consulta pública para definir los lineamientos que regularán los contenidos de radio y televisión, una propuesta que encendió el debate entre autoridades, concesionarios y organizaciones de defensa de la libertad de expresión.
De aprobarse, el proyecto obligará a los medios electrónicos a distinguir explícitamente entre noticias, opiniones y publicidad, designar un defensor de las audiencias y adoptar un código de ética. Críticos y defensores de los derechos humanos advierten que estas facultades de supervisión estatal, acompañadas de multas por incumplimiento, podrían convertirse en herramientas de autocensura al permitir que el Estado califique la veracidad de la información.
El avance de este anteproyecto coincide con un escenario de violencia histórica contra la prensa en México. De acuerdo con el informe 'Estructuras del silencio', presentado por la organización Artículo 19 en mayo de 2026, durante 2025 se documentaron 451 agresiones contra periodistas, lo que equivale a un ataque cada 19 horas. El reporte destaca una sofisticación en el acoso legal: los casos de abuso del poder público aumentaron un 34.2% al pasar de 114 en 2024 a 153 en 2025; asimismo, se detalla que en el 73.9% de estos procesos el promovente fue un funcionario público o un candidato partidista.
Regular la libertad de expresión es complejo debido a los intereses políticos y el contexto de cada caso, advierten especialistas. Según los expertos, el auge de la inteligencia artificial y la desinformación complican el escenario actual. En este contexto, críticos señalan que la propuesta de regulación del gobierno federal amenaza la libertad de expresión, ya que el riesgo real no radica en normar las redes, sino en otorgar al poder político el monopolio de la verdad.
Los críticos advierten que obligar a los periodistas a separar hechos de opiniones y vigilar sus códigos de ética afecta el trabajo de los medios. Para el periodismo independiente, el verdadero peligro es que el Gobierno decida qué es verdad, castigue a los medios y acabe con la pluralidad de opiniones.
Los estándares globales en la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos sitúan la pluralidad informativa y la autorregulación como las herramientas legítimas contra la mala praxis periodística. En estos sistemas, se evita que el aparato gubernamental actúe como árbitro de los contenidos, delegando en los ciudadanos la tarea de contrastar datos y puntos de vista de manera independiente.
La restricción técnica de contenidos planteada en el anteproyecto oficial abre una interrogante de control democrático: quién determinará qué es una mentira. Mientras el reglamento busca sancionar la difusión de información falsa o descontextualizada, organizaciones civiles alertan que el mecanismo institucional corre el riesgo de politizarse. Como ejemplo, señalan la dinámica de las conferencias matutinas, donde la tribuna pública se ha utilizado para catalogar como adversarios o traidores a periodistas e influencers independientes que cuestionan la narrativa gubernamental.
La libertad de expresión y los derechos de las audiencias se complementan, el público no necesita que el Gobierno le diga qué creer, sino tener acceso a diferentes voces y opiniones. Cuando el Estado se convierte en el juez de la verdad, la ciudadanía pierde libertades en lugar de ganar derechos. Por un México libre y diverso, Sumemos Voces.
