Durante la Edad Media, la libertad de decir lo que uno pensara no existía. La Iglesia y el Rey imponían limitaciones a la expresión de las personas, sancionándolas si se decía algo que les incomodara. Por parte de la Iglesia, incluso se les llamaba herejes a aquellos que atentaran contra este principio.

Fueron las ideas de la Ilustración y el Renacimiento los que trajeron una revolución ideológica en Occidente, que terminó con la Revolución Francesa y posteriormente con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Desde esa época se reconocía al derecho de no ser molestado por las opiniones propias.

Dos años después, el Congreso de Estados Unidos aprobó el “Bill of Rights” que es el cúmulo de derechos consistente en las diez primeras enmiendas al pacto social norteamericano. En la primera enmienda se reconoce el “freedom of speech” (libertad de expresión) y el “freedom of press” (libertad de prensa).

Desde entonces, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha ido interpretando el alcance de dicha libertad, que en el caso de Estados Unidos es casi absoluta.

Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha reconocido desde hace casi ochenta años a la libertad de expresión como uno de los derechos más sagrados de nuestros regímenes.

Por otro lado, la inmunidad parlamentaria (no me refiero a la inmunidad procesal) consistente en que los legisladores pueden decir lo que estimen necesario decir sin poder ser reconvenido por ellos, surge también en 1689 a partir del English Bill of Rights. Esto nace como una defensa asumida por el parlamento para evitar que el monarca encarcelara a los miembros del órgano colegiado cuando dijeran o expresaran opiniones contrarias al poder. Es decir, tenemos más de cuatrocientos años con estas figuras.

Tanto la libertad de expresión (artículo 6) como la inviolabilidad parlamentaria (artículo 61) existen también en nuestra Constitución. Sin embargo, quienes aplican la ley en México nos recuerdan a los cerdos que aparecían en la fábula “Rebelión en la Granja” de Orwell.

En el libro de Orwell, los cerdos imponían normas, y las escribían en una pared. Pero cuando pensaban desobedecer alguna norma, simplemente la corregían en la pared que estaba escrita, para al día siguiente fingir que la norma siempre había existido en los términos que ellos planteaban en el presente. Una trampa que ejercían estos personajes.

Los regímenes dictatoriales siempre buscan callar a las voces críticas. Esto en virtud que sustentan su permanencia en que la población no conoce a detalle sus fallas y errores, o los elementos de corrupción en que incurren.

En Cuba, Corea del Norte, Venezuela, y otros regímenes similares, la prensa no tiene la libertad que sí tiene en otros países. En la mayoría de esos Estados ni siquiera hay oposición política y la prensa libre no existe. Se limitaron libertades individuales y colectivas con tal de no poner en riesgo los regímenes que gobiernan esos países.

Cuando en un país hay limitantes al ejercicio de un derecho, y esas limitantes quedan a discreción de la autoridad, entonces no existe el derecho como tal. Se entiende ese derecho como una concesión graciosa del Estado, no como una conquista de la sociedad, tal como sucedió con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En México, las libertades se han ido conquistando a través de un proceso histórico y político que se desarrolló de forma más rápida durante el siglo XX. Sin embargo, durante el transcurso del siglo XXI hemos tenido retrocesos graves en materia democrática.

El Instituto Nacional Electoral, mismo que nació como Instituto Federal Electoral, es el órgano autónomo creado mediante reformas políticas aprobadas durante el gobierno de Salinas. Este órgano, que en un principio se creó para organizar elecciones libres e imparciales, se ha convertido cada vez más en una especie de Supremo Poder Conservador, tal como el que tuvimos en México a mediados del siglo XIX.

De organizar elecciones, ahora el INE incide en la vida interna de los partidos, censura a los actores políticos, instruye a los partidos cómo se debe hacer el reparto de candidaturas a minorías, funge como censor de los spots que se utilizan en radio y televisión, además de fiscalizar el gasto. En pocas palabras, el INE se ha ido arrogando potestades hasta convertirse en otro poder que se estima con mayores atribuciones que el Legislativo en México.

La semana pasada, la Comisión de Quejas del INE determinó emitir medidas cautelares en contra del Partido Revolucionario Institucional y su Presidente, el Senador Alejandro Moreno, en virtud que el dirigente partidista ha mencionado con razón en varios foros que Morena es un partido político vinculado al narcotráfico. Las medidas cautelares consisten en que el dirigente partidista tiene que bajar las publicaciones de redes sociales donde llamó narcopolíticos a los que claramente son narcopolíticos.

Un partido político cuyos miembros distinguidos como Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa) y Enrique Inzunza (Senador) están siendo imputados por su colusión con el crimen organizado por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York; ese mismo partido donde su exdirigente, Mario Delgado, se encuentra en indagatorias por participar en esquemas de huachicol para financiar campañas políticas; el partido que acoge a Hernán Bermúdez Requena como líder de la Barredora en Tabasco, ese mismo partido dice que no quiere que le llamen “narcopartido” ni a sus correligionarios “narcopolíticos”.

Los que durante años se quejaron de la “mafia del poder” resulta que tienen la piel muy delgada. La decisión del INE fue promovida por el Consejero Arturo Castillo, quien cantinfleando dijo que la inmunidad parlamentaria no le alcanzaba a Alejandro Moreno para llamar las cosas por su nombre. Incluso, en evidencia de una enorme miopía jurídica, Castillo aseguró que si Moreno hubiera actuado como Senador, y no como dirigente de un partido, sus declaraciones hubieran estado protegidas por la inmunidad parlamentaria.

Entonces, bajo esa lógica, ¿Cuándo un funcionario llega a su casa deja de serlo? ¿Los legisladores se quitan el traje de legislador una vez que no están en el recinto legislativo? ¿En qué horarios sucede este cambio de camiseta?

Lo grave es que un órgano como el INE se arrogue las facultades de pretender censurar a un legislador quien, en uso de esa libertad parlamentaria, puede decir lo que se le venga en gana. Nos puede gustar o no esa inmunidad, pero así lo establece la propia Constitución. Pero el INE, como el Supremo Poder Conservador, cree que puede ir más allá de la Constitución.

Lo grave de este asunto es que ese órgano, que durante años fue confiable para la ciudadanía, se convierta en el censor de libertades, y en el verdugo de los derechos que durante décadas ha conquistado la ciudadanía mexicana. Absurdamente, el INE dice que, si se hubiera citado una nota periodística, entonces no pudieran haber hecho nada. En este caso, decir esa estupidez equivaldría a decir que quienes ostentan inmunidad parlamentaria son los medios de comunicación y no los legisladores.

Resulta enormemente grave y delicado que sea el INE el órgano que pretende socavar derechos de los mexicanos. Si al líder de la oposición pretenden establecerla una limitante de qué decir y qué no decir, entonces cualquier ciudadano como nosotros corre el riesgo de ser censurado por su temor de que le llamemos las cosas por su nombre. En México, gobierna la narcopolítica porque Morena equivale a una organización criminal. Si no quieren que les llamen narcopolíticos, para empezar, entonces que entreguen a Rocha Moya y a Inzunza a las autoridades que los reclaman.

Una pena que el INE haya sido colonizado por los narcopolíticos de Morena. A partir de ahí vendrán más censuras en lo sucesivo.