El accidente donde murieron cuatro personas —dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y dos norteafricanos ya claramente señalados como agentes de la Agencia de Inteligencia Norteamericana (CIA)— abre un debate complejo que combina soberanía, cooperación internacional y eficacia en el combate al narcotráfico… pero que, en cambio, lo quieren ver como una oportunidad política, de buenos contra malos, entre el “pueblo bueno” y los conservadores.
Sin duda, este incidente es la mayor crisis de credibilidad y entendimiento con el gobierno federal que ha enfrentado el actual gobierno estatal encabezado por Maru Campos; y claro que también el federal tiene mucho que perder, porque la bandera de la soberanía ha sido la principal que ha enarbolado la Cuarta Transformación, a pesar de la presión de nuestros vecinos, que además es la única solución viable para combatir al crimen organizado.
Hay que decirlo con todas sus letras y sin rubor: la presencia de agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos en México ha sido una constante, marcada por ciclos de cooperación estrecha y crisis diplomáticas agudas.
Durante los últimos 30 años, de 1996 a 2026, esta relación ha evolucionado desde la colaboración técnica hasta operativos encubiertos que han puesto a prueba la soberanía mexicana, manteniendo momentos de alta tensión, como el que hoy vivimos.
La detención en los Estados Unidos del exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, sin aviso previo, generó una de las mayores crisis de confianza. Esto provocó que México reformara la Ley de Seguridad Nacional, ya en tiempos de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, obligando a los agentes de la DEA y otras agencias a reportar todas sus actividades y eliminando su inmunidad diplomática plena.
El Entendimiento Bicentenario, que sustituyó a la Iniciativa Mérida, buscó un enfoque menos militarizado, pero con la presencia de agencias como la USAID y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos; este esquema es el que ayudó a la presencia de elementos en Chihuahua que hoy se trata de satanizar.
El operativo en la Sierra de Chihuahua debe entenderse entre la necesidad de cooperación operativa y la defensa de la soberanía nacional, del cual ni el gobierno de Chihuahua es completamente responsable, ni el gobierno federal está libre de culpas.
Como ya se comentó, la detención del general Cienfuegos en 2020 provocó que el expresidente López Obrador ordenara la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para establecer reglas estrictas a los agentes extranjeros, como la obligatoriedad de informar, la eliminación de la inmunidad diplomática y la prohibición de operativos autónomos.
El accidente en Chihuahua sugiere que, en la práctica, estas restricciones son elásticas. La presencia de agentes de la CIA en zonas de conflicto por fentanilo, sin un reporte claro previo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicaría que las agencias estadounidenses siguen operando bajo esquemas de “discreción operativa” que desafían el espíritu de la ley de 2021.
El descubrimiento y posterior destrucción del más grande e importante laboratorio clandestino para la producción de metanfetaminas se encuentra en la misma línea de otros casos de éxito en seguridad: la captura definitiva del “Chapo” Guzmán, que fue el culmen de la tecnología de interceptación y rastreo satelital estadounidense; la detención en la frontera de “el Mayo” Zambada, cuya versión oficial sugiere una entrega o secuestro gestionado por agencias de EE. UU. sin la intervención directa de fuerzas mexicanas en tierra, lo que humilló a la inteligencia local; y el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, cuyos reportes indican que el operativo en Michoacán fue posible gracias a una unidad de fusión de datos binacional.
En pocas palabras, si no fuera por el lamentable accidente donde perdieron la vida los cuatro agentes, hoy la destrucción del laboratorio en lo más cerrado de la Sierra de Chihuahua sería uno de los mayores éxitos en el combate al narcotráfico, y nadie habría reparado en esos cuatro agentes vestidos como agentes mexicanos, aunque a todos les quedaba claro de dónde venían, tanto a los agentes estatales como a los militares que también participaron.
Tendremos que ver en los próximos días el circo político que están construyendo desde la Cuarta Transformación, porque el llamado que hace el Senado para reunirse no es más que una intención de control político.
El caso de los agentes de la CIA en Chihuahua no terminará pronto, porque la mezcla del ingrediente electoral estará presente, muy cercano a 2027, para que la 4T trate de aplastar a la oposición, y, claro, también la intención de Acción Nacional de demostrar que las cosas se hacen bien.
Y como ya se mencionó al inicio, esta crisis requiere atención inmediata; sin embargo, quienes mueven los hilos en el ámbito local y nacional no han podido controlarla y, hasta el momento, nadie ha ganado.