Hay decisiones públicas que, con el paso del tiempo, dejan de ser errores para convertirse en hábitos. Y uno de los hábitos más costosos —económica, ambiental y socialmente— en Chihuahua y Juárez es la obstinación por modelos de transporte urbano que ya demostraron su ineficiencia. No es falta de evidencia. Es falta de voluntad para leerla y actuar en consecuencia.
Durante décadas hemos construido ciudades que dependen del automóvil como si fuera un derecho natural. La expansión horizontal, la zonificación rígida y la ausencia de centros urbanos densos nos condenaron a recorrer distancias cada vez mayores para trabajar, estudiar o simplemente vivir. El resultado es conocido: vialidades saturadas, semáforos descoordinados, ruido permanente y una nube de emisiones que respiramos como si fuera parte inevitable del paisaje. Pero nada de esto es inevitable. Es producto de decisiones acumuladas que privilegiaron el crecimiento disperso sobre la movilidad eficiente.
Lo más grave no es el tráfico. Lo más grave es que el transporte público, que debería ser la columna vertebral de la movilidad urbana, se ha convertido en un sistema que castiga al usuario. Rutas que duplican trayectos, tiempos de traslado que restan horas de vida, flotas contaminantes y un desorden operativo que desalienta a cualquiera que intente dejar el automóvil. En vez de ser una alternativa, el transporte público se volvió una penitencia cotidiana que erosiona la productividad y la calidad de vida.
Frente a ese deterioro, las autoridades han respondido con una solución que suena moderna pero que, en la práctica, no lo es: corredores exclusivos para autobuses diésel. Se les presenta como “modernización”, pero mueven poca gente, cuestan caro, reducen capacidad vial y no disminuyen emisiones. Son sistemas que funcionan bien en ciudades con demanda masiva y disciplina institucional. No es nuestro caso. Aquí, la ecuación es simple: menos autos circulando por carriles reducidos + autobuses contaminantes = más congestión, más ruido, más emisiones. Y, para colmo, más frustración ciudadana.
Lo que casi nunca se dice es que estos sistemas tienen una vida útil corta, dependen de combustibles fósiles y requieren subsidios crecientes para operar. Es decir: son caros hoy y serán más caros mañana. Y aun así, seguimos apostando por ellos como si fueran la única opción posible. La política pública se aferra a soluciones de bajo horizonte, incapaces de transformar la movilidad y de responder a los desafíos ambientales que ya están aquí.
Mientras tanto, el mundo avanza hacia otro lado. Desde los años treinta, ciudades europeas y norteamericanas descubrieron que la movilidad eléctrica guiada —trenes ligeros, tranvías modernos, trenes elevados— ofrece una combinación difícil de superar: cero emisiones locales, alta capacidad, velocidad constante y una vida útil que se mide en décadas, no en sexenios. Hoy, esa solución está regresando porque funciona. Y porque las ciudades que la adoptan entienden que la movilidad no es un gasto: es infraestructura civilizatoria que define el tipo de vida urbana que una sociedad está dispuesta a construir.
Un tren eléctrico elevado —como los que operan en Vancouver, Bangkok o Berlín— no es una fantasía futurista. Es una tecnología madura, probada, eficiente y perfectamente viable para ciudades intermedias como Chihuahua y Juárez. No requiere excavar, no compite con el tráfico, no emite ruido significativo y puede mover más personas con menos energía y menos espacio. Es, simplemente, una solución racional que alinea movilidad, salud pública, competitividad económica y sostenibilidad ambiental.
La pregunta, entonces, no es técnica. Es política. ¿Por qué insistimos en modelos que ya demostraron su fracaso? ¿Por qué seguimos apostando por sistemas que contaminan, congestionan y empobrecen la calidad de vida urbana? ¿Por qué seguimos financiando infraestructura que no resuelve el problema de fondo y que, en algunos casos, lo agrava?
La respuesta es incómoda: porque planificamos para el corto plazo, no para la ciudad que queremos dentro de treinta años. Porque seguimos atrapados en la lógica de “lo más barato hoy”, aunque sea lo más caro mañana. Porque confundimos modernización con pintura nueva sobre estructuras viejas. Y porque la movilidad, en vez de ser una política de Estado, se ha convertido en un campo de decisiones fragmentadas, sujetas a ciclos sexenales y a inercias administrativas.
Si Chihuahua y Juárez aspiran a ser ciudades competitivas, habitables y ambientalmente responsables, necesitan un sistema de transporte que esté a la altura de ese propósito. No uno que prolongue la dependencia del automóvil ni uno que castigue al usuario con tiempos interminables. Un sistema eléctrico elevado no resolvería todos los problemas urbanos, pero sí transformaría la lógica de movilidad, reduciría emisiones, recuperaría tiempo de vida y enviaría un mensaje claro: la ciudad puede moverse mejor.
Para adoptarlo necesitamos algo que no se compra con presupuesto: visión. La capacidad de imaginar una ciudad donde el tiempo de traslado no sea una condena, donde el aire no sea un riesgo, donde la movilidad no dependa del ingreso, donde el transporte público sea una opción digna y no un castigo. La capacidad de romper con la inercia y de apostar por soluciones que duren más que un periodo de gobierno.
La pregunta no es si podemos hacerlo. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar de repetir los mismos errores.
Porque una ciudad que se mueve mal no es un accidente: es una decisión. Y también puede serlo su transformación.
