Pocas cosas honran más a una clase política que la capacidad de rectificar, sobre todo cuando la rectificación consiste, básicamente, en admitir que lo que propusieron hace apenas unos meses era un despropósito mayúsculo. En esto, nuestros legisladores han demostrado una sabiduría digna de los antiguos estoicos: sí, es de sabios cambiar de opinión, particularmente cuando la opinión original dejaba al país con jueces elegidos por aplausómetro popular y magistrados con más habilidades de campaña que conocimientos jurídicos.

Quedó claro que la reforma judicial inicial tenía más deficiencias que un contrato firmado con tinta invisible. Esas fallas apuntaban, todas, a un mismo problema: la capacidad —o más bien la falta de ella— de quienes resultarían electos. Porque, ¿quién confiaría su libertad, su patrimonio o sus derechos a un juez que ganó su cargo gracias a una campaña en TikTok o a repartir playeras en el mercado? El mundo —malpensado, como siempre— no tardó en advertir los riesgos de ese peculiar “ejercicio democrático”. La democracia es, sin duda, un valor fundamental, pero también lo es que un juez sepa distinguir entre un amparo y una receta de cocina.

Y entonces ocurrió lo previsible: los estados de la República no perdieron tiempo. Con una celeridad que rara vez se observa en otros asuntos públicos, comenzaron a apropiarse de la lógica de un Poder Judicial abiertamente político. Así, donde deberían prevalecer la imparcialidad, la preparación técnica y la trayectoria, ahora se abre paso un modelo en el que los juzgadores deberán responder, en mayor o menor medida, a los electores que los llevaron al cargo. Nada podría salir mal. Como no ha salido mal en Bolivia, Venezuela o en ciertos condados de Estados Unidos, donde los jueces hacen campaña con promesas de mano dura para asegurar votos.

La propuesta, en sí misma, constituye una cirugía mayor al sistema judicial:

1. Se sustituye el modelo tradicional de designación —Ejecutivo y Senado— por la elección popular directa de jueces, magistrados y ministros.

2. Se justifica el cambio en una supuesta falta de legitimidad democrática del esquema vigente, como si el voto fuera garantía automática de probidad.

3. Se crean comités de evaluación, es decir, filtros previos que replican, con otro nombre, los mecanismos antes criticados.

4. Se establecen periodos definidos y la posibilidad de reelección mediante voto popular, con los incentivos políticos que ello implica.

5. Se reconoce explícitamente el riesgo de politización… aunque ello no impide la aprobación del modelo.

6. Se plantean transformaciones estructurales en la carrera judicial, incluyendo nuevos órganos de control y la desaparición de esquemas actuales.

7. Se advierte la probable intervención de partidos políticos y el financiamiento de campañas por intereses privados.

8. Se citan experiencias internacionales que, lejos de ser ejemplares, han evidenciado problemas similares.

9. Se promete un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía, aunque potencialmente más débil, volátil y susceptible a presiones externas.

Lo más revelador es quién impulsa y respalda esta reforma: el propio partido en el poder, acompañado por figuras como Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Javier Corral y Susana Harp. Una nómina que no pasa desapercibida, sobre todo porque varios de ellos, no hace mucho, expresaban reservas frente a un proyecto de esta naturaleza. La evolución de sus posturas confirma, una vez más, la notable elasticidad de la opinión política.

El giro final añade un matiz particularmente interesante: la elección judicial se propone ahora para 2028, y no para 2027 como originalmente se contemplaba. ¿La razón? Puede ser un intento por evitar la coincidencia con la elección federal y, con ello, el evidente riesgo de mezclar intereses políticos de distinta naturaleza. O quizá se trate, simplemente, de ganar tiempo; tiempo para ajustar detalles, para contener críticas… o para volver a cambiar de opinión llegado el momento.

Mientras tanto, organismos internacionales observan con cautela, y no faltan actores externos que ven en este modelo una oportunidad para operar en un entorno institucional más frágil. Nosotros, en cambio, avanzamos hacia un esquema donde los jueces dependerán, directa o indirectamente, del respaldo electoral y, por extensión, de quienes tengan la capacidad de financiar sus campañas.

En conclusión, bienvenida sea la reforma, aunque llegue con retraso y con un evidente cambio de rumbo. Cambiemos de opinión cuantas veces sea necesario; al fin y al cabo, la flexibilidad parece haberse convertido en virtud cardinal. Solo queda esperar que, cuando este experimento derive en un sistema judicial cada vez más politizado, no se olvide la solución predilecta: otra reforma. Y otra más. Porque, al parecer, en eso ya no solo somos expertos, sino también persistentes firmantes.