La elección de Ada Miriam Aguilera Mercado en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), además de ser un hecho histórico, que sea la primera mujer en llegar a ese cargo, ha puesto de relieve la incongruencia de la mayoría absoluta de los integrantes del actual clase política mexicana.
Durante por lo menos dos décadas, la sociedad civil organizada impulsó, primero, la creación de organismos autónomos, encargados de vigilar, fiscalizar y hacer vigentes diversos derechos de la sociedad mexicana y, segundo, la de impulsar que llegasen a la titularidad y a la integración de esos organismos, ciudadanos alejados de la clase política y de sus partidos.
Esos esfuerzos siempre eran obstaculizados y saboteados por los gobernantes en turno.
Pero en la medida que pasaba el tiempo se fortalecían y cada vez era visto con un creciente rechazo popular que se los apropiaran los gobernantes, cosa que hacía crecer el descreimiento sobre la clase política.
La llegada de la 4T al gobierno se significó no solamente por estar en la posición contraria a la de aquellos esfuerzos societarios. Usó todo su poder para intentar, y lograr, la desaparición de los organismos autónomos, diseñados para actuar como contrapesos al presidencialismo existente en el país.
Y los que quedaron vivos, sin ninguna cortapisa, sin ninguna duda, aprovechando su mayoría fraudulenta en la Cámara de Diputados, los llenaron de integrantes afines a los partidos de la 4T.
Eso es lo que pretenden hacer en la parte final de la ‘colonización’ del Instituto Nacional Electoral (INE); Morena se apresta a nombrar a los tres consejeros ciudadanos de ese organismo para completar la obra iniciada en el sexenio anterior y convertir a ese órgano en una especie de ente paragubernamental.
Se esperaba que los partidos de la oposición actuaran de manera contraria a la de Morena, que mantuvieran, así fuera declarativamente, una actitud abierta a que esos organismos se fortalecieran y enfrentaran el embate morenista.
El problema es que gobernar tiene una fase negativa para los políticos: Ya no se trata de declarar, los dichos deben ser respaldados por los hechos.
Mientras el PAN fue la oposición del PRI se sumó a los esfuerzos societarios por fortalecer los organismos autónomos, pero ahora, en el gobierno, en Chihuahua, está efectuando, a nivel local, lo que en el federal hace Morena.
La nueva presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sin duda, es un elemento altamente calificado para dirigir esa comisión, tiene un solo defecto, es militante activa del Partido Accion Nacional.
Tienen razón sus defensores.
La ley establece como requisito imprescindible, no haber ejercido cargo alguno de representación o de dirección en algún partido político en los últimos cinco años previos a su elección, pero el panismo local estaba obligado —está— a actuar de manera diametralmente distinta a la que lo hacen sus pares en el ámbito federal.
El problema es que repiten la misma maniobra mediante la cual eligieron al anterior presidente de la CEDH, designado por el Congreso —Javier Gonzalez Mocken— en lo que es, sin duda, mantener a uno de los suyos al frente de ese organismo, del mismo modo que la 4T y López Obrador hicieron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Si se hubiesen apartado de esa conducta, les permitiría a quienes le apuestan a una opción democrática, verlos como la salida política contraria a la ofrecida por la 4T, y apoyar a las posturas democratizadoras frente al avasallamiento ciudadano que hace Morena.
Esa falta de congruencia no es enfermedad exclusiva de los gobernantes en Chihuahua, para muestra ahí están los diputados locales de la 4T.
Al momento de votar exhibieron la leyenda, que escribieron todos en la boleta electoral: «Por una CEDH Autónoma».
¿Esa postura es la misma que mantienen frente a la CNDH en el ámbito federal? ¿O será que allá, la titular, por ser militante de Morena, no es representativa del mismo defecto que acá sí aprecian en sus adversarios?
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