-Choque vehicular por alianza fallida del PRIAN

-Da respaldo Granillo a prioridades de Maru

-Acuerdo binacional para frenar el tráfico de armas

Casualidad o causalidad, el juez de Ejecución de Penas y la magistrada involucrados en el más reciente escándalo del aparato de justicia, Juan Carlos Erives Fuentes y Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, aparecen en un mismo acordeón fifí de los que definieron la manoseada elección judicial del pasado mes de junio.

Tenemos la muestra en la versión digital de GPS, donde ambos aparecen enlistados en la “Guía de participación responsable”, o sea el acordeón oficial para votar repartido entre la tropa conformada por grupos de panistas, militantes de Movimiento Ciudadano y empleados judiciales.

No es prueba alguna ni evidencia plena de algo, pero sí una rareza que refuerza las sospechas en torno al caso de Edgar Herman Escárcega Valenzuela, hermano de la magistrada de Disciplina Judicial, sentenciado por secuestro en Aquiles Serdán y beneficiado por el juez Erives Fuentes con una medida nada común, la de dejarlo libre de lunes a viernes y recluido los fines de semana, hasta el domingo en la noche.

Escárcega Valenzuela llevaba el número cuatro entre las candidatas al Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que Erives iba listado en el número 100 de los candidatos a jueces penales.

Fue hasta los primeros días de septiembre que el Órgano de Administración Judicial, también cuestionado por quedar como otro poder dentro del Poder Judicial, lo adscribió como juez de Ejecución de Penas.

La magistrada carnala ha salido a la opinión pública a decir que no metió las manos por su hermano, preso hasta que ella llegó a tan alto cargo judicial, pero la sospecha la envuelve en gran medida porque, finalmente, su posición es un producto de los acuerdos políticos turbios de su marido, el diputado y dirigente del partido naranja, Francisco “Pancho” Sánchez Villegas.

El juez se ha ocultado hasta de las redes sociales en las que hizo campaña. Una vez electo nomás dio las gracias y desapareció. Olvidó que se debe a la “voluntad popular”, que exige transparencia y rendición de cuentas; a menos, claro, que él no le deba a la sociedad su voto, sino a algún otro padrino o madrina que lo impuso en el remedo de elección judicial. Eso debe ser.

El hecho de que tengan origen en el mismo acordeón los mancha más de lo que ya están, desde que fue conocida y documentada la semiliberación de Edgar Herman, quien goza de un beneficio inimaginable para miles de reos sin sentencia o condenados por delitos menores.

Esas injusticias que persisten en la mayoría de los casos de víctimas e imputados que son simples mortales dan vergüenza de por sí, pero más cuando otros sentenciados por delitos muy graves y dolosos son tratados con privilegios originados en el apellido, el poder político o criminal y el dinero.

El origen en el mismo listado de una y otro da idea, además, de las manos en que fue dejado el aparato de justicia estatal, que necesitaba urgentemente de una reforma, de una cirugía mayor por el cáncer de la corrupción que mantiene postrado, pero recibió a cambio una medicina “democrática” peor que la enfermedad.

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El choque del PRI y el PAN en Parral, el quiebre de la alianza en la tierra donde comenzó aquel coqueteo entre dos partidos antes imposibles de unir, bien puede ilustrarse con un incidente vehicular que, por fortuna, no dejó lesionados, solo unos cuantos daños materiales.

Resulta que el miércoles por la noche, en una reunión de cabildo comenzaron a caldearse los ánimos, tanto que derivaron en una persecución de carro a carro terminada en un choque alcance cerca del cruce de las calles Zaragoza y Juan Rangel.

En el encuentro público, el regidor priista Vicente Chávez dijo públicamente que la alianza del tricolor y el albiazul en la capital del mundo estaba muerta, había terminado, y cada partido tomaría su propio camino, porque ya no podían ni verse.

Un viejo conocido panista, Trini Pérez, se encendió con los comentarios y lanzó algunas respuestas al aire, pero luego, ya con el brazo caliente, salió en su carro detrás del vehículo del edil tricolor, para cerrársele en varias ocasiones y hacer otras maniobras peligrosas y bravuconas de carro a carro.

El asunto terminó sin mayores consecuencias, providencialmente, no por la prudencia de la que adolecen los involucrados. Es más anecdótico que realmente importante el dato, pero no por ello hay que dejar de registrarlo.

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El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, abrió la etapa de entrega de propuestas de las demás dependencias del aparato estatal para la conformación del presupuesto 2026, tras las primeras estimaciones de los ingresos federales que podrían llegar a Chihuahua.

Desde Hacienda, el funcionario ha dado el respaldo a las prioridades marcadas por la gobernadora Maru Campos, sin hacer ruido ni escándalos, a pesar del área delicada que le tocó encabezar en la administración que enfrenta el reto, hasta la fecha, de poner orden en las finanzas estatales, descontroladas en los dos gobiernos anteriores, el de César Duarte y el de Javier Corral.

La Plataforma Centinela y el regreso de la dignidad de casi tres mil policías que antes trabajaban por contrato y ahora tienen base; el Medi-Chihuahua, el Nutri-Chihuahua, la contingencia por la sequía y el gusano barrenador, entre otros programas, han tenido cimentación sólida en la disciplina financiera impuesta por Granillo.

Ahora, el jefe de las finanzas estatales tiene dos meses, octubre y noviembre, para entregar al Congreso del Estado las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, con el fin de sean discutidas y avaladas por el Legislativo las primeras semanas del último mes del año.

Así comienza el jaloneo de la cobija presupuestal estatal que para 2026, aseguran los conocedores, mantendrá sus prioridades en salud, educación, seguridad, desarrollo social y económico, ajustándose a la realidad de los recursos ingresados a las arcas públicas.

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Como diría su antecesor AMLO, a la Presidenta Claudia Sheinbaum le cayó “como anillo al dedo” el acuerdo del Comité Binacional que compromete a la contraparte estadounidense a frenar el tráfico de armas.

Lo anunció, además, en la gira del sábado en Mazatlán; nada menos que en el vértice de la violencia en México, desatada por la confrontación interna en el Cártel de Sinaloa.

Significativo también que, al mismo tiempo, se anuncie el envío de 270 militares a Chihuahua, Baja California y Guanajuato, las dos primeras entidades visitadas por la Presidenta el fin de semana.

Sobre este punto, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, el mismo sábado, una compañía de 90 efectivos arribó al Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez.

Lo significativo del acuerdo anunciado por la presidenta Sheinbaum en Mazatlán, es que Estados Unidos se comprometió a reforzar operativos en su propio territorio para controlar el paso de armas. “Nunca se había logrado algo de este tipo”.

Es sabido y conocido que en Estados Unidos la venta libre de armas es un problema social, porque no han faltado desquiciados que han desatado balaceras en centros comerciales y universidades.

Y como se trata de un círculo vicioso, tiene también que ver con el alto consumo de drogas que provienen de México, pero que derivan de la demanda de millones de adictos en aquel país.

México ha sido presionado y estigmatizado por la proliferación de los carteles. Y los presidentes mexicanos, en particular ahora Sheinbaum, han enfatizado que del otro lado debe haber correspondencia para controlar el tráfico de armas hacia nuestro país, un flujo criminal que además fortalecer a los cárteles que tanto les interesa combatir.

Por cierto, en tierra sinaloense, la mandataria reiteró que cada 15 días sesionará ahí el gabinete de seguridad e insistió que con Estados Unidos “nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”.