El pasado jueves, la gobernadora del estado, Maru Campos, publicó en sus redes sociales varias fotografías con motivo de su cumpleaños y las actividades desarrolladas ese día, entre ellas la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Llamó la atención la imagen junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
Aunque algunos adelantados lo quisieron ver como un acuerdo político a futuro, lo cierto es que muestra la disposición de los tres niveles de gobierno para trabajar en una de las tareas más apremiantes para nuestra entidad: la seguridad de los chihuahuenses.
No es un secreto: ninguno de los tres niveles de gobierno —municipal, estatal o federal— por sí solo puede enfrentar el complicado mundo de la delincuencia. Si bien es cierto que este problema ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, su complejidad demanda estrategias sólidas, pero sobre todo, mucha coordinación.
En los últimos días, las diversas reuniones en los tres niveles de gobierno apuntan a que es necesario reforzar lo que se ha hecho hasta el momento. Las presiones externas demandan acciones concretas, pero sobre todo efectivas, en la frontera norte.
En medio de la ola de violencia que azota a México —y, claro, a Chihuahua, que se mantiene a la cabeza en el número de homicidios relacionados con la delincuencia organizada, con cárteles cada vez más diversificados y un flujo constante de drogas sintéticas como el fentanilo hacia Estados Unidos—, el debate sobre cómo combatir al crimen organizado ha alcanzado un punto crítico.
La situación de seguridad en el estado de Chihuahua en el último año muestra una tendencia a la baja en la percepción de inseguridad, pero la violencia sigue siendo uno de los principales problemas, especialmente en Ciudad Juárez, donde el número de homicidios se mantiene alto.
Si bien la percepción de inseguridad ha disminuido, según encuestas recientes, persisten desafíos como la cifra negra de delitos no denunciados y los problemas de violencia familiar. El gobierno ha implementado estrategias como operativos coordinados y el uso de tecnología, buscando reducir el índice de homicidios y mejorar la seguridad pública.
No se puede ocultar la presión de los Estados Unidos para reforzar el control fronterizo. Motivada por la crisis migratoria y el tráfico de opioides, ha intensificado las tensiones bilaterales. Muestra de ello es la reciente reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado, Marco Rubio, cuyos temas tratados se han ido conociendo poco a poco y que han motivado estas nuevas estrategias.
Las recientes reuniones diplomáticas entre ambos gobiernos buscan un camino de colaboración, pero el espectro de una posible intervención estadounidense en territorio mexicano genera controversia.
Sigue latente el fantasma de una posible participación más activa de los Estados Unidos en el combate a los cárteles mexicanos en nuestro país, pero ha quedado claro que México debe priorizar estrategias internas soberanas, aunque fortalecidas por una cooperación con Estados Unidos. Eso sí, sin ceder a presiones que violen nuestra autonomía nacional.
Las acciones desarrolladas en nuestro país, como la aprobación en julio de una nueva Ley de Inteligencia que establece un marco legal para la coordinación entre agencias de seguridad en la lucha contra delitos de alto impacto, representan un paso adelante en la profesionalización de las instituciones. Sin embargo, de la letra de la ley a su aplicación hay aún un largo trecho.
De ahí la importancia de la reunión de la semana pasada, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, en el cual el mensaje fue de coordinación y entendimiento entre los tres órdenes de gobierno.
Las recientes reuniones diplomáticas destacan un intento por mejorar la seguridad en la frontera. En la citada reunión del pasado 3 de septiembre, ambos países acordaron fortalecer la colaboración en seguridad, incluyendo la creación de un grupo de implementación de alto nivel para combatir el tráfico de fentanilo y armas.
Este compromiso, que enfatiza el respeto a la soberanía mexicana, contrasta con tensiones previas sobre una posible intervención unilateral de EE. UU., lo que no solo violaría la soberanía mexicana, sino que podría radicalizar a los cárteles. En cambio, la cooperación bilateral ofrece un modelo viable si se basa en inteligencia compartida y en el control mutuo de flujos de armas y precursores químicos.
Así que lo trascendente de esa fotografía —Claudia Sheinbaum al centro, Maru Campos a la derecha y Cruz Pérez Cuéllar a la izquierda de la mandataria nacional— no debe sacarse del justo contexto en que se encuentra… aunque, claro, también sirve para aderezar el debate político rumbo al 2027, que ya se encuentra muy acelerado.
