En México, las cifras de seguridad se siguen contando con la frialdad de los reportes oficiales. En agosto de 2025, el Gobierno Federal anunció con bombo y platillo que el país alcanzó el menor número de homicidios dolosos en una década. Los discursos hablaron de “éxitos” y “resultados históricos”. Pero en Chihuahua, las estadísticas, aunque muestran ligeras reducciones, siguen cargadas de historias de dolor que rara vez aparecen en los informes.
El año pasado cerró con 1,678 homicidios dolosos en nuestra entidad. Es cierto que la cifra es 4.6% menor que la de 2023. Pero ¿cómo explicarle a una familia que perdió a un hijo que la violencia está “bajando”? En lo que va de 2025 se han registrado más de 1,200 asesinatos hasta agosto, y solo en ese mes ocurrieron alrededor de 139; la mitad de ellos en Ciudad Juárez. Eso significa que, cada día, cuatro personas fueron asesinadas en esa ciudad fronteriza.
El número es frío, pero detrás de él hay escenas que no aparecen en las gráficas: una madre que recibe la llamada de madrugada para reconocer a su hijo, un pequeño negocio que cierra después de un ataque armado, un barrio que ya no deja salir a los niños a jugar. Las estadísticas se discuten en oficinas climatizadas; el miedo, en cambio, se respira en las calles.
Lo paradójico es que Chihuahua no está peor que antes; incluso hay un ligero respiro si se compara con años pasados. Pero tampoco se puede hablar de paz. Mientras Nuevo León logró reducir sus homicidios en más de 60% en agosto, respecto al año anterior, en Tamaulipas presumen haberlos reducido casi a la mitad en comparación con 2024. Chihuahua sigue atrapado en una especie de “zona gris”: ni en crisis absoluta ni en calma. Por doquier es común escuchar y enterarse de asesinatos a sangre fría.
La explicación no es nueva. Chihuahua es una pieza clave en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Ciudad Juárez, por ejemplo, se ha convertido en un tablero de ajedrez donde distintos grupos criminales disputan cada calle. A eso se suma la falta de oportunidades: jóvenes que ven en la delincuencia la única forma rápida de ganar dinero, comunidades enteras que sienten que la autoridad sólo aparece cuando hay operativos mediáticos.
Lo más preocupante es la normalización. Muchos chihuahuenses ya no se sorprenden al escuchar que hubo otro asesinato en la colonia vecina. La violencia dejó de ser noticia para convertirse en parte de la rutina. Y ahí es donde las cifras, por más alentadoras que parezcan, pierden sentido: no basta con que haya “menos homicidios” si la vida cotidiana sigue marcada por el miedo y la sangre.
La seguridad no puede medirse sólo en tablas comparativas. Lo que Chihuahua necesita es recuperar la confianza: caminar sin mirar por encima del hombro, abrir un negocio sin temor a la extorsión, dejar que los hijos jueguen sin pensar en balaceras. Eso no se logra únicamente con policías en la calle, sino con oportunidades reales, educación, empleos dignos y un Estado capaz de acompañar a su gente.
Chihuahua no merece conformarse con pequeños descensos estadísticos. Cada cifra es una vida truncada, una familia rota, un futuro cancelado. La verdadera meta debe ser que un asesinato se vuelva algo excepcional y no parte del día a día. Porque únicamente cuando los números dejen de estar acompañados por el miedo podremos decir que la violencia está realmente bajando.
En este contexto, la reunión reciente entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum abre una puerta de esperanza, pero también plantea una exigencia. No basta con intercambiar discursos cordiales ni con reiterar compromisos generales: Chihuahua necesita más presencia real del gobierno federal, como en otros estados fronterizos; estrategias coordinadas y un compromiso político que trascienda las cifras. Porque en esta tierra fronteriza lo que está en juego no es la imagen de un sexenio, sino la vida y la dignidad de su gente.
Desafortunadamente, así es. La realidad rebasa las “optimistas estadísticas”.
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