-Decrecen ingresos en la capital
-Exhiben a Brenda en el cabildo

Tras días del desastroso bloqueo carretero, de algunas vías férreas y aduanas, con participación de gente de entre 10 y 20 estados del país -algunos de forma intermitente- llevaron a considerar el uso del Ejército y la Guardia Nacional para disolver las manifestaciones, pero se negó a ello la presidenta, Claudia Sheinbaum.
La medida drástica -según las versiones que corren entre la gente de los líderes que encabezan la manifestación, Baltazar Valdés, de Sinaloa; y Heraclio “Yako” Rodríguez, de Chihuahua-, fue planteada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, con la visión policiaca, más que política, del primer movimiento organizado que parece desbordar a la 4T.
La secretaria de Gobernación y el secretario de Agricultura, Rosa Icela Rodríguez y Julio Berdegué, intentaron minimizar la protesta y descalificar la postura de los manifestantes, acusándolos de ser del PRIAN, de querer acaparar el agua y distorsionar sus reclamos de seguridad, en el caso de los transportistas sumados al movimiento campesino.
No conformes con ello, los secretarios de Sheinbaum que quedaron chiquitos ante la protesta, se negaron a reconocer la validez de cualquier reclamo.
Para ellos, los precios de los granos son los justos, a pesar de que el maíz está en un punto en el que su venta no alcanza para costear la producción; la reforma a la Ley de Aguas Nacionales es sólo el tránsito de ver el vital líquido como mercancía para hacerlo un derecho humano, sin revisar la letra chiquita que limitaría la producción agrícola y pecuaria a la visión de un burócrata de la Conagua.
Para ellos, no existen las extorsiones ni los asaltos en las carreteras; tampoco existe el coyotaje y el intermediarismo llevado a niveles abusivos para los campesinos que venden su kilo de maíz a siete pesos y compran el litro de diésel a 27 pesos; ni el T-MEC con Estados Unidos y Canadá representa amenaza alguna para el campo nacional, que comenzó su agonía precisamente con el neoliberal acuerdo comercial.
En la visión federal, su propuesta de reforma es perfecta y no admite revisión alguna y quienes la cuestionan son prianistas corruptos desesperados porque van a perder sus privilegios (de trabajar de sol a sol para arrancarle al desierto sus frutos).
Si no hay operación política real que lleve incluso a replantear una reforma cocinada en la burocracia sin la mínima consulta a los surcos y a las carreteras, la situación va a empeorar, como ha sido desde las primeras movilizaciones de noviembre y hasta ayer.

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Entre el proyecto de Ley de Ingresos 2026 y el gasto municipal aprobado en 2025, hay una diferencia de 231 millones de pesos, es decir, hay un aumento entre las estimaciones para el año en curso y la previsión de recursos para el año próximo, de acuerdo a lo aprobado en el cabildo capitalino.
El viernes pasado, los ediles encabezados por el regidor Luis Abraham Villegas, de la Comisión de Hacienda, recibieron para su análisis la propuesta de la tesorera municipal, Aída Amanda Córdova, la cual contempla ingresos por siete mil 342 millones de pesos para el año siguiente, en números gruesos. Ayer quedó aprobada por el pleno del ayuntamiento.
Para este año, los ingresos proyectados sumaron siete mil 111 millones de pesos, por lo que la estimación para el siguiente ejercicio fiscal apenas rebasa el tres por ciento, lo que en términos reales representa una baja debido al índice inflacionario, que habrá de rozar el cuatro por ciento al final de este año.
Si bien hay un incremento en términos nominales, por ser poco más de 230 millones extra contemplados para ingresar a las arcas municipales, esto es poco menos del costo de la inflación nacional, que apenas durante 2026, según las previsiones de los especialistas, comenzaría a dirigirse a la meta saludable del tres por ciento, fijada por el Banco de México.
Así, en realidad hay un decremento en los ingresos municipales entre lo previsto para este año y la estimación del próximo, lo que apunta a un 2026 complicado para las finanzas públicas de la capital. La baja es producto de una suma de factores: caída de recursos federales destinados a los municipios, contracción de la actividad económica, cero incrementos a contribuciones fiscales locales, entre otros.
Así, la administración del alcalde Marco Bonilla tendrá el reto de operar con los recursos algo ahorcados el periodo en el que entrará al último tercio de su gestión.

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Nadie habla ya del nombramiento definitivo del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Y cuando en política algo deja de mencionarse, suele ser por dos razones: porque las cosas marchan… o porque a más de una le dejaron de cuadrar los planes.
Todo indica que el trabajo se está haciendo —y se está haciendo bien—, lo que resulta una pésima noticia para ciertas suspirantes que ya se veían de vuelta en el Congreso, listas para lucirse en entrevistas y desfilar frente a los diputados.
Ahí entra el caso de Liz Aguilera, quien carga con la nada menor responsabilidad de ser la ombudsman de los derechos universitarios.
Y aunque ese encargo no es precisamente un paseo, Aguilera lo ha llevado con diligencia, ha investigado a fondo violaciones a derechos y se ha plantado acompañando a las víctimas, que ya no sólo recurren a ella, sino que le depositan una confianza que pocos pueden presumir.
Pero ojo, en este juego a veces toca lidiar con personajes “influyentes” que creen que pesan más que los propios derechos de las víctimas y hasta que el rector y la gobernadora juntos.
La pregunta es si la defensora puede seguir haciendo lo que hasta ahora: defender a las víctimas, aunque eso incomode a más de uno.

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No podía haber elegido peor momento la administración de Donald Trump para presionar a México a que cumpla con el Tratado Internacional de Aguas.
Justo cuando la Secretaría de Gobernación no atina a manejar con inteligencia política la inconformidad de los agricultores por la iniciativa de la Ley General de Aguas, sale el gobierno republicano a presionar para que México reduzca el déficit en el suministro, lo que está afectando a los usuarios de Texas.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado norteamericano, que circuló ayer, funcionarios de Agricultura y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos se reunieron con sus homólogos mexicanos para discutir “las medidas inmediatas y concretas” que México deber tomar para reducir el déficit en el suministro de agua y garantizar el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
Se la han puesto difícil a México, porque sumando el déficit del ciclo quinquenal 2020-2025, más lo comprometido para el ciclo 2025-2030, sumaría mil 132 millones de metros cúbicos de agua.
Complicado para Sheinbaum, que se le aparece el diablo cuando menos se lo espera, y por partida doble deber atorar el problemón interno y la presión externa.

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Ya no sorprende tanto que a Gerardo Fernández Noroña se le ocurra, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, manifestar su misoginia, sino la tibieza con que reaccionan las morenistas, incluyendo a Claudia Sheinbaum.
Además, el ataque a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, es muy inoportuno para los propósitos del Plan Paz y Justicia para Michoacán.
El senador guinda escogió la peor fecha: el 25 de noviembre, cuando Sheinbaum; y la Secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, presentaban el Decálogo “Compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto”, que respaldaron los 32 gobernadores del país, incluyendo a Maru Campos, de Chihuahua.
Al rijoso legislador le molestó que Quiroz solicitara a la Fiscalía de Michoacán investigar a los senadores morenistas Leonel Godoy y Raúl Morón Orozco, por el asesinato de su esposo, quien los había señalado como “personajes de cuidado”.
Ayer miércoles en La Mañanera, la Presidenta Sheinbaum sólo enunció que debe haber sensibilidad hacia Quiroz, porque está pasando por un momento difícil, “acaba de perder a su esposo”, y que si se trata de un debate político ya es un tema para otro momento.
Así que a la frase de que “llegamos todas”, habría que añadirle: “menos Grecia Quiroz”.

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Ayer en la sesión ordinaria de cabildo, la diputada Brenda Ríos, quedó exhibida con mentirillas por el regidor, José Alfredo Navarrete Paz.
El edil señaló lo que muchos ciudadanos han comentado en redes sociales, Brenda ha encontrado en la mentira y la calumnia una forma de intentar conectar con los ciudadanos.
Ha dicho ella que aumentará el 8.5 por ciento ciento el impuesto predial, cuando este sólo se actualizará un 5.5 por ciento, de acuerdo a la inflación.
Y ese 8.5 por ciento corresponde a las traslaciones de dominio cuando existe una compra-venta de una vivienda de las llamadas de lujo.
El regidor la exhibió también como una deudora del impuesto predial e incluso la invitó a aprovechar el 100 por ciento de descuento en recargos por morosidad en una mansión de su propiedad.