La historia se repite con precisión alarmante: una emergencia advertida, una reacción tardía y un gobierno federal más enfocado en deslindarse que en responder. El reciente veto de Estados Unidos al ganado mexicano por el resurgimiento del gusano barrenador no solo representa un golpe severo al sector agropecuario nacional; es también el reflejo de una gestión errática que, como en muchos otros temas, dejó crecer una crisis previsible y evitable. Esta plaga -eliminada en México desde hace décadas- ha regresado y, con ella, una situación que pone en evidencia la fragilidad de nuestra respuesta sanitaria y la ineficiencia del Gobierno Federal.
Desde mediados del año pasado se sabía de la presencia del gusano barrenador en Centroamérica. En su momento, la noticia activó las alertas en el sector ganadero y entre los especialistas sanitarios. No era para menos: esta plaga es conocida por los estragos que causa tanto en la producción como en la salud animal. En ese tiempo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal anunció una estrategia para prevenir la entrada de la plaga a nuestro país. Sin embargo, la respuesta de las autoridades federales fue insuficiente, pues en noviembre de 2024 se detectaron casos positivos de gusano barrenador en Chiapas, lo que llevó a los Estados Unidos de América a una primera suspensión de las importaciones de carne provenientes de nuestro país.
La medida fue temporal y, tras varias negociaciones, se logró una reapertura parcial del mercado en febrero de 2025. Pero lejos de fortalecer la vigilancia y reforzar los controles, el gobierno mexicano optó por el conformismo. Unos meses después, en mayo de 2025, el escenario se repite con una nueva suspensión de importaciones que podría representar pérdidas millonarias para el país, con efectos inmediatos. Según estimaciones del sector, la medida causará pérdidas de 11.4 millones de dólares diarios, en perjuicio de miles de ganaderos en el norte del país de entidades como Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango.
Lo más desconcertante ha sido la respuesta del gobierno federal. Primero, optaron por minimizar el problema. Después, por responsabilizar al vecino del norte, bajo el argumento de que fue Estados Unidos quien abandonó la producción de la mosca estéril, una herramienta crucial en el control de esta plaga. Y más recientemente se ha exigido que sea justamente Estados Unidos quien reactive la producción de estas moscas. Aquí vale la pena detenernos. ¿No es este el mismo gobierno que en otras materias clama soberanía nacional ante cualquier “intervención” extranjera? ¿No son estos los funcionarios que descalifican organismos multilaterales cuando hacen observaciones críticas? Sin embargo, cuando se trata de un problema originado por su propia negligencia, recurren al viejo hábito de pedir que venga alguien más a resolverlo. Como sabemos, la congruencia no es algo que caracterice al partido en el poder.
No debemos olvidar que la plaga de gusano barrenador entró por la frontera sur de México. Esa misma frontera que el gobierno federal ha dejado abandonada, y por la cual cruzan ilegalmente personas -víctimas de grupos delincuenciales y de delitos de trata- así como productos y mercancías. En este sentido, el Consejo Nacional Agropecuario afirma que la frontera sur está llena de cruces por donde entra a nuestro país ganado que no cumple con ningún control sanitario. Al respecto, como señaló el Senador Mario Vázquez Robles, se calcula que al año ingresan ilegalmente a México 800 mil cabezas de ganado, mientras que sólo 20 mil están registradas oficialmente por la Secretaría de Agricultura. No es de sorprender, entonces, que el gusano barrenador esté de nuevo en territorio nacional.
Hoy, el daño ya está hecho. Así, el sector agropecuario -mismo que sufre las consecuencias de una sequía terrible- deberá ahora aguantar un nuevo golpe, provocado por la irresponsabilidad del gobierno federal. Y mientras tanto, los estados ganaderos siguen esperando un plan de rescate. Por eso, desde aquí, exigimos al gobierno federal acciones inmediatas, claras y estructurales:
1. Proponer la reactivación de mecanismos binacionales para erradicar al Gusano Barrenador del Ganado, con recursos suficientes y coordinación efectiva.
2. Acelerar las medidas sanitarias internas, como las campañas de vacunación, vigilancia y control zoosanitario.
3. Aplicar incentivos fiscales y apoyos directos a los estados ganaderos, que son los más afectados por esta crisis. Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango no pueden seguir pagando los costos de la omisión federal.
4. Establecer un fondo de contingencia ganadera nacional, que permita responder con agilidad a futuras emergencias.
Porque esta crisis no es solo un asunto técnico o comercial. Es un síntoma más del abandono sistemático al campo mexicano. Es también una llamada de atención para quienes hoy gobiernan: cuando se desprecia la prevención, la factura la paga el pueblo. Y en este caso, quienes están pagando son miles de familias productoras que, con esfuerzo y dignidad, sostienen la seguridad alimentaria del país.
Si algo ha demostrado esta suspensión es que no se puede improvisar frente a un enemigo conocido. El gusano barrenador no regresó por accidente, regresó porque bajamos la guardia. Y mientras el Gobierno Federal busca culpables fuera, los productores esperan soluciones dentro.
*El autor es Presidente Municipal de Chihuahua Capital y Vicepresidente de la Asociación Nacional de Ciudades Capitales de México.
