La aprobación del paquete económico es el evento más importante en este momento y lo seguirá siendo por un buen tiempo. Cuauhtémoc Estrada, en representación de los diputados de Morena, anunció que ya interpusieron el recurso legal para revocarlo, y el empresario Leopoldo Mares seguramente coincide con dicha acción. El ISN, el préstamo por 3 mil millones de pesos y la reestructuración de la deuda son motivo de intensos debates en redes sociales y en plazas públicas. Conforme avance el trámite de la Acción de Inconstitucionalidad, se conocerá la profundidad del conflicto iniciado por el PRIAN al aprobar el ISN al empresariado.
En redes sociales se está distribuyendo una fuerte propaganda en contra de dicho impuesto y del préstamo. El punto central es que Cuauhtémoc Estrada, líder de los diputados de Morena en el Congreso, informó que solicitarán a la CNDH que interponga acciones de inconstitucionalidad contra los decretos que aprobaron ilegalmente estos gravámenes, al considerar que “realmente no fueron aprobados por la mayoría calificada” que exige la ley.
El legislador morenista argumenta que al inicio de la sesión del pleno estaban presentes 33 diputados, por lo que la mayoría calificada requerida era de 22 votos para aprobar el ISN, el préstamo de los 3 mil millones y la reestructuración de la deuda. Esa cifra de 33 diputados asistentes nunca se modificó durante la sesión. Sin embargo, al momento de la votación de los decretos fiscales y del endeudamiento, únicamente se registraron 20 votos a favor, lo cual resulta claramente insuficiente desde el punto de vista legal.
En efecto, si los decretos se aprobaron solo con 20 votos, estos no constituyen mayoría calificada. Se cometió un grave error legal, producto de la prisa y de la avaricia por aprovechar la ausencia de tres diputadas en el recinto oficial, al aprobar impuestos y endeudamiento con una votación que no cumplía lo establecido en la ley. Se otorgó indebidamente a esos 20 diputados el carácter de mayoría calificada, cuando evidentemente no lo tenían.
En esos hechos y en esa maraña de errores legales, Estrada encontró los fundamentos jurídicos exactos y contundentes para revocar dichos impuestos y el potencial préstamo de los 3 mil millones, que endeudaría a por lo menos cuatro administraciones futuras. Con esa solidez argumentativa, basada en los hechos, es válido afirmar que los decretos no fueron aprobados conforme a la mayoría calificada exigida por la ley y, por lo tanto, su vigencia está en el aire.
Esa estrategia legal seguida por los diputados de Morena, de facto, será acompañada —hasta nuevo aviso— por sectores empresariales, pues la pericia de los argumentos coincide con la del equipo legal del empresariado. La alianza que se había anticipado, al menos en este tema, entre diputados de Morena y empresarios en Chihuahua, es ya visible. Su duración dependerá del curso que sigan estos recursos en la Corte, aunque en política nada está escrito para siempre y, rumbo a la gubernatura de 2027, podrían volver a separarse.
La argumentación clara y contundente diseñada por la coordinación de la fracción de Morena en el Congreso constituye una nueva batalla para defender al pueblo de Chihuahua del endeudamiento que afectaría a cuatro administraciones más durante al menos 25 años. Así, el debate que inició en la plenaria continúa ahora en el ámbito constitucional.
Las consecuencias son negativas para el PRIAN, pues ahora tendrá que litigar contra la pared en una Suprema Corte que ya no controla, y además enfrentar la tarea casi imposible de convencer a los bancos de otorgar un préstamo de 3 mil millones cuya legalidad está sub judice, con el riesgo real de ser revocado y de perder el dinero prestado.
Esto resulta especialmente relevante porque, aunque el ISN pudiera aplicarse a partir de enero y se habilite el camino administrativo para gestionar el préstamo, existe una alta probabilidad —por simple lógica financiera— de que los bancos no entreguen un solo peso mientras el decreto esté bajo revisión constitucional y no exista certeza jurídica sobre la recuperación del dinero.
¿Querrán los banqueros invertir en un riesgo total? Parece lógico pensar que ningún banco entregará parcial o totalmente los 3 mil millones sabiendo que la Corte podría cancelar el decreto y provocar la pérdida del capital prestado. Este es el detalle fino que mantendrá en vilo a la política local durante un buen tiempo. La moneda está en el aire y no es posible predecir qué camino tomarán finalmente los empresarios ante este dilema.
