En México, el tema de la seguridad debe convertirse en una prioridad real para todos, sin importar colores o preferencias. Esto implica dejar de lado su uso como instrumento de golpeteo político, sobre todo cuando tenemos más de dos décadas de avance sostenido de los grupos criminales, algunos incluso auspiciados por personajes como Genaro García Luna, hoy encarcelado en Estados Unidos precisamente por ese motivo.

En 2006, luego de unas elecciones que generaron serias dudas sobre la legitimidad del mandato presidencial, Felipe Calderón emitió una orden mediante la cual se desplegaron 6,500 efectivos del Ejército y la Policía Federal en Michoacán. Esta decisión, que buscaba generar legitimidad entre la población civil tras unos comicios plagados de irregularidades, derivó en una estrategia de seguridad llamada “guerra contra el narco”. Esto ocurrió durante el primer mes de su mandato y resultó en una madeja de corrupción que exhibió la pobre instrumentación gubernamental para articular políticas de seguridad.

Ese enfoque de lucha contra el crimen organizado tiene consecuencias hasta el día de hoy y, seguramente, las tendrá por mucho tiempo más. Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2006 se registraron 182 quejas contra la SEDENA, mientras que en 2011 el número se elevó a 1,695; es decir, más de ocho veces.

Existen personas —principalmente opositores o con afinidad hacia la oposición— que opinan que la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum es opuesta a la implementada en el sexenio anterior. Sin embargo, no se contextualiza que en realidad se trata de una continuidad y evolución: atender las causas y fortalecer las instituciones que nos brindan seguridad. Durante su etapa al frente de la CDMX, privilegió el uso de la inteligencia y la tecnología como base de trabajo. El uso de cámaras de seguridad, la policía de proximidad y la coordinación institucional redujeron de manera significativa los delitos de alto impacto.

La estrategia de seguridad que vemos hoy no inicia de cero, sino que constituye una ampliación y una evolución natural. El objetivo nacional es mejorar de manera integral a través de la prevención social, la inteligencia y la tecnología, pero sin descuidar los derechos humanos, que ahora se convierten en una política de Estado para proteger a la ciudadanía en general.

No se puede centrar la discusión de la seguridad como una forma de atacar al oponente político, ni en un sentido ni en otro. La contribución de Andrés Manuel López Obrador tuvo que ver con dos aspectos que deben ponerse en contexto amplio: primero, la revitalización del tejido social mediante programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; y segundo, la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con facultades legales para intervenir, pero también con regulaciones constitucionales que garantizan sus actividades en el marco de los derechos humanos. Estos cambios redujeron la lógica de guerra y colocaron a la ciudadanía en el centro, lo que no es un cambio menor.

Los resultados medibles presentan una disminución del 27% en los homicidios dolosos, pero no debemos olvidar que se trata de logros producto de un enfoque basado en el fortalecimiento institucional, el uso de la inteligencia y el respeto a la dignidad humana. Esta no es una tarea fácil, porque la mentalidad impuesta en la “guerra contra el narco” se centraba en identificar enemigos a destruir, en lugar de cumplir con la obligación de proteger a los ciudadanos.

Las diferencias y afinidades entre ambas estrategias no radican en la suavidad o dureza de las políticas, sino en un cambio de paradigma: pasar de la lógica de la guerra a la lógica de la paz con justicia.