Sueldos que rondan los 200 mil pesos al mes, con aguinaldos que le pegan al medio millón de pesos, son característicos en gobiernos estatales y municipales, así como entre diputados, senadores, magistrados y funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial.
Pasa lo mismo en los autónomos organismos de derechos humanos, tribunales e institutos electorales, institutos de transparencia, competencia y demás burocracia creada para la rendición de cuentas, que se han constituido casi en nuevos poderes constitucionales.
Si hay algo que le ayudó al expresidente, Andrés Manuel López Obrador, a legitimar su propuesta de reforma a la justicia federal -que ahora debe aterrizarse a nivel local para la próxima elección de jueces, magistrados, ministros y consejeros judiciales- fue la leguleya argumentación de la división de poderes para negarse a la reducción de los altos salarios del servicio público.
En su momento, el entonces jefe del Ejecutivo llamó a los otros poderes a acatar la disposición constitucional con la que intentó limitar los sueldos públicos.
El artículo 127 de la Constitución de México establece que la remuneración del Presidente -que no se limita al sueldo bruto, sino que también incluye prestaciones en especie como alimentación, transporte, habitación, seguridad, servicios de salud, entre otras- no puede ser rebasada por ningún otro titular de dependencias federales, estatales o municipales.
El barato discurso opositor de la independencia, la autonomía, la división de poderes, sirvió para burlar esa disposición. La Constitución que tanto defienden los opositores enquistados en el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales, en esa partecita no les gustó y optaron por hacer como si no existiera.
Ese fue, en buena medida, el talón de Aquiles de quienes trataron de impedir una reforma judicial que ya es ley vigente.
Ni en la práctica ni en el debate, ni en los tribunales ni en la opinión pública, han ganado una los que hoy insisten en frenar la reforma, sin darse cuenta del garlito en el que cayeron desde la negativa a acatar la disposición constitucional que debió limitar de forma razonada e inteligente los ingresos desproporcionados e inexplicables en la función pública.

***
Esta semana que terminó, el Poder Legislativo por un lado y el Instituto Estatal Electoral por otro, aprobaron sus anteproyectos de gasto para el año 2025, con cero discusiones de parte de sus integrantes.
El IEE, donde es incluido el presupuesto para los partidos políticos, planteó un incremento razonable de alrededor del cinco por ciento general, con impacto en todas sus áreas, incluida la de servicios personales, de donde sale su nómina.
En el Legislativo, en cambio, fue acordado un aumento que ronda el 20 por ciento. Digamos que fue del 15 por ciento en términos reales, ya descontado el elevado índice inflacionario que se ha vuelto una amenaza los últimos años.
Pese a que los panistas y morenistas debaten constantemente hasta por el vuelo de una mosca en el salón de sesiones, en este asunto no hubo mayor discusión. Sacaron acuerdo unánime los buenos hermanitos coordinadores Cuauhtémoc Estrada de Morena y Alfredo Chávez del PAN, para aprobar el incremento presupuestal fuera de toda lógica.
Así, acordaron que era viable, prudente y necesario pasar de un gasto de 882 millones de pesos de este año -incluido el gasto de la Auditoría Superior del Estado- a mil 062 millones en 2025, sin mayor explicación del destino de cada peso.
De esta forma, de golpe y porrazo, sin rasgarse las vestiduras ni sacarse la lengua entre panistas y morenistas, determinaron que cada diputado le cueste a Chihuahua más de 32 millones de pesos al año, cinco millones de pesos más de lo que costaron en 2024. Qué tanto son más de mil millones para el eficiente Legislativo, lleno de diputados del más alto nivel.

***

Los legisladores son, per se, el ejemplo del dispendio en la nómina pública. Pero sus ingresos reales, incluidos todos los conceptos ocultos con los que se autocomplacen por su sacrificado servicio a la patria, son mayores incluso a ese nivel vergonzoso que alcanzan los funcionarios. Especialmente vergonzoso porque están en un país con la mitad de la población en pobreza.
Tomemos de mal ejemplo, pues, a los diputados locales, pero no sin dejar de asentar que lo mismo ocurre con titulares de órganos autónomos e incluso descentralizados; ministros de la Suprema Corte; magistrados estatales y federales de cualquier materia y tribunal; así como los demás legisladores, tanto los senadores como los que despachan en San Lázaro.
Con un sueldito de menos de 30 mil pesos y una compensación del doble, podríamos considerar que sus ingresos rondan los 100 mil pesos mensuales.
Sin embargo, no es así. Los arrimadijos en bonos, seguros, ahorros, prestaciones y demás, alcanzan sumas que fácilmente le compiten al salario presidencial, también con una bola de conceptos burocráticos que lo robustecen.
Si revisamos los salarios de los presidentes municipales, tal vez por el tamaño de Chihuahua y Juárez podrían explicarse los ingresos del panista Marco Bonilla y el morenista Cruz Pérez Cuéllar, así como de los regidores y funcionarios de cada gobierno.
Pero hay otros que resultan desproporcionados, porque no se comparan con el tamaño de las dos principales ciudades del estado ni con su cantidad de población o presupuesto.
Además, hay que insistir, los conceptos ocultos llevan gran cantidad del gasto en el rubro de los servicios personales de cada institución, que pueden llevarse hasta el 99 por ciento del presupuesto en el caso de instancias improductivas o que no manejan inversiones sociales.
En esos conceptos ocultos, así como en el pago de gratificaciones anuales -el aguinaldo, que se paga en función no del ingreso formal sino de todos los arrimadijos- llegan a rebasar el ingreso presidencial que ronda los 200 mil pesos, también con sus extritas que son otra realidad.

***

Los altos salarios, la disparidad inexplicable en tabuladores y la opacidad con la que se manejan a pesar de que hay cierto avance en la transparencia, son tareas pendientes que dejó el expresidente a su sucesora, Claudia Sheinbaum.
A menos que fueran simuladoras órdenes para no cumplirse (como lo dicta la regla cultural mexicana vigente desde la colonia: acátese, pero no se cumpla), las reformas al sector público por parte de la 4T han quedado mochas, cortas, así hayan servido de pretexto perfecto para, por ejemplo, sacudir al podrido, corrupto y perjudicial Poder Judicial, tanto como federal como estatal.
El pobre papel morenista en Chihuahua, que esta semana enseñó uno de sus peores rostros con el acuerdo de Cuauhtémoc Estrada para incrementar el presupuesto del Congreso sin explicación ni razón alguna, no da esperanzas de que realmente sean reguladas y normadas las finanzas públicas.
Seguramente más adelante veremos escaramuzas por la obra que quiera hacer algún alcalde, algún programa de inversión de la gobernadora o la falta de recursos federales para las carreteras, hospitales y medicinas.
Así -con un gran acuerdo político que incluye quién sabe qué concesiones- fue como plancharon subir un 20 por ciento el gasto del Legislativo, al que cada uno de los 33 diputados le exprime millones de pesos al año, entre sueldo, compensación, dieta, “apoyos sociales y de gestión”, prestaciones, ahorro, seguros, gasolina, comidas, cuenta de teléfono, etcétera.
Si bien la 4T trajo algo, muy poco, de orden al gasto en salarios de la administración pública federal centralizada, los morenistas de aquí y de allá e han quedado muy cortos en trabajar desde su trinchera lo que les corresponde.
Eso deberían hacer, ponerse a trabajar, si en realidad quieren ser vistos en Chihuahua como alternativas de gobierno y protagonistas del cambio.
Porque hasta ahora solo son espectadores y oportunistas de un fenómeno electoral que es producto, precisamente, del hartazgo social generado por los partidos que aprovecharon para servirse con cucharón del gasto público y enriquecer así a una élite política que vive entre privilegios.