Ciudad de México.- La guerra entre dos grupos criminales en Culiacán ya supera los cien días; el saldo es catastrófico: más de 600 homicidios, 700 personas desaparecidas, más de mil 500 vehículos robados, más de cien viviendas rafagueadas o incendiadas y pérdidas que ascienden a los 18 mil millones de pesos, un promedio de 180 millones de pesos diarios.
La situación es tan grave que la vida cotidiana es un lujo que no se pueden dar los habitantes de Culiacán y comunidades aledañas.
La respuesta primaria del gobierno federal fue apoyar con personal militar y de la Guardia Nacional a las alicaídas e infiltradas fuerzas policiacas locales, pero ni eso pudo detener la avalancha de violencia.
Los actos de violencia, que iniciaron el 9 de septiembre, parecía que mostraban una luz de esperanza luego de que el lunes 16 de diciembre, finalmente se registraron cero homicidios dolosos en Culiacán, era una breve esperanza que no duró mucho tiempo.
En Culiacán los días son para los ciudadanos comunes, las noches para los criminales.
Si bien las fuerzas federales han detenido a más de 200 personas, todas relacionadas con alguno de los dos grupos que pelean, los asesinatos se extienden desde comerciantes, estudiantes, pequeños distribuidores de drogas hasta famosos influencers de las redes sociales.
En esta situación, la presidente Claudia Sheinbaum determinó que su Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch debía trasladarse a Culiacán y desde el lugar de los hechos coordinar los trabajos de pacificación.
Parecía una decisión que mostraba el carácter y la voluntad política de atender la situación con toda la fuerza del estado mexicano, pero esa decisión fue echarle gasolina a una fogata que ardía intensamente.
El miércoles 18 de diciembre, un grupo de civiles que se trasladaban en motocicletas dispararon, en lo que las autoridades consideraron un ataque directo, contra el equipo de apoyo de García Harfuch, ahí mataron a su principal investigador y dejaron herido a otro. El crimen se atribuye a Jesús Alfredo Guzmán Beltrán “El Mochomito”, hijo de Alfredo Guzmán, “El Mochomo” y uno de los grupos que apoyo a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Y mientras el Secretario de Seguridad es acosado por el grupo de los hijos de Joaquín guzmán, identificados como “La Chapiza”; el gobernador Rubén Rocha Moya es el blanco de la otra facción, ela de los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada García, a quienes se identifican como “La Mayiza”.
En ese escenario de violencia recrudecida, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo llegará a Mazatlán este viernes; a diferencia de las visitas de López Obrador, cuando le hacían taquizas y se reunía con la mamá y los abogados de Joaquín Guzmán Loera, esta visita tiene tintes definitorios.
Por un lado, aunque no se espera que suceda, es momento de definir el futuro político del gobernador Rubén Rocha Moya, quien desde el principio del conflicto apareció como una de las figuras claves y ligadas a uno de los bandos en pugna.
Más allá de que se le ha mantenido en el cargo, lo cierto es que su presencia entorpece las acciones de pacificación: primero por tratarse de un personaje vinculado directamente con los hechos que desataron el conflicto –el secuestro de Ismael Zambada—y luego, por su manifiesta incapacidad para operar acciones concretas.
La presencia de Rocha Moya es un lastre que el gobierno federal debe cargar a las espaldas y su permanencia en el cargo solamente se sostiene por la justificación política de no alimentar las versiones de que Morena es apoyado por grupos criminales, por lo demás es un estorbo para la pacificación para Sinaloa.
La reunión de Mazatlán debe servir también para definir si la estrategia de pacificación en Culiacán no se ha convertido en un distractor que permite a otros grupos criminales operar en otras zonas del país como Tabasco, Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.
Pero quizá la decisión más trascendente es definir si el consentimiento y la pasividad con la cual se atendió el problema, debe ser el mismo camino a seguir o si es momento de pasar a acciones más contundentes, con inteligencia, acciones de campo e inteligencia financiera que permita ir desmantelando las estructuras criminales con un nuevo enfoque de enfrentamiento y con resultados en un mediano plazo.
De continuar con la misma política del pasado, es tanto como seguir durmiendo con el enemigo.