-El Komander aguó fiesta en banco

-Jueces del corralato los que patalean

-Primer paso en el IEE a favor de Bonilla

De la Subsecretaría de Movilidad, de la que depende la Policía Vial, nos reportan que así como hacen falta medidas de dignificación de la labor de los agentes, también es urgente que haya orden y legalidad en sus actuaciones.

Tras darse a conocer el merecido reforzamiento de las condiciones del Fideicomiso Tránsito Amigo, mediante el cual habrán de acceder a prestaciones más elevadas los elementos, hubo en las filas reacciones favorables. Cómo no, si con la reforma en puerta habrá de mejorarse la situación laboral de los policías viales e inspectores de Transporte, a quienes está dirigido este fondo creado desde 1997.

Sin embargo, nos aseguran que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y especialmente la Dirección de la Policía Vial, a cargo de César Komaba, deben hacer una valoración profunda de la actividad de los agentes y sus mandos, para revertir la dañada imagen de la corporación.

Justo en este marco, denuncian, acaban de ser suspendidos la semana pasada dos agentes: Miriam L. y Héctor S., tras ser vinculados a proceso penal por el despojo de una propiedad, en una causa que inició la jueza de control, Karla Otero.

Otra elemento de la corporación, Heidi N., ha sido vinculada también por uso ilegal de la fuerza y abuso de autoridad, pero no ha sido suspendida de la Policía Vial por encontrarse incapacitada desde hace casi medio año.

En un mismo caso, del que debemos reservar los detalles para proteger a la víctima, agredieron a un ciudadano común para concretar los delitos por los que ahora son procesados, no sin antes valerse de influencias y argucias para evitarlo.

La que ha librado la suspensión, está también bajo sospecha por el trámite de incapacidades exprés que le otorga el servicio médico que tiene como prestación laboral, pues eso le ha permitido librar las audiencias, por más extrañeza que les cause a sus superiores y compañeros.

En suma, pues, los policías viales asientan que hace falta la limpia permanente de la corporación, en reciprocidad a las medidas que dignifican su labor porque, lamentablemente, toda conducta particular suele generalizarse, al menos en la opinión de la sociedad.


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Aguantaron los estoicos vecinos de Quintas del Sol un buen rato sin decir nada, pero de plano, cuando alguien subió de más el sonido de las bocinas con las rolas del Komander, decidieron hablar a la policía municipal.

No era algún antro o lugar de diversión, sino una institución bancaria, en plena Ortiz Mena, el Banorte, en donde los empleados decidieron enfiestarse con motivo de las épocas navideñas, aunque el play list poco tenga de sintonía con la época.

Hubieran aguantado los vecinos algún villancico, el Niño del Tambor o Era Rodolfo el Reno, pero las aguardientosas rolas de ese y otros muy demandados cantantes de banda, les parecieron demasiado abuso, y eso que la pachanga estaba en el sótano.

Y eso que era temprano, las 10 de la noche con 40 minutos apenas, pero dicen que la fiesta ya tenía toda la tarde.

Tras los municipales cayeron los inspectores de Gobernación, que levantaron actas porque resultó que nadie en el banco realizó tramite de permiso alguno para realizar el convivio navideño, por lo cual hubo sanción.

Así es de que, junto a las sanciones levantadas por inspectores municipales a La Doña, Los Reyes y otros, quedó la institución financiera entre las fichadas por el escandalito con las pegadoras rolas regionales.

Habrá regaño seguramente para quien autorizó indebidamente la reunión, que no debió pasar de un brindis con vino y un intercambio de regalos, como obliga el protocolo de etiqueta de una institución de tal naturaleza.


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Mientras la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández, ha manifestado que serán respetuosos de la actividad legislativa y esperarán al dictamen final que emita el Congreso del Estado respecto a la elección de jueces y magistrados locales, nueve juzgadores intentaron convocar un parlamento abierto para discutir junto a los diputados la iniciativa en cuestión.

La petición llegó a la Comisión de Gobernación a través de un oficio firmado por los jueces Juan Daniel Delgadillo Martínez, María Fernanda Díaz Rojas Bravos, Fabiola Domínguez Chavira, Sabela Patricia Asiain Hernández, Nora Ida Espino Aguirre, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, Adrián Morales Hernández, María Alejandra Ramos Durán y Perla Guadalupe Ruiz González. Casi puro hijo del corralato.

Señalaron que la democracia participativa constituye un derecho humano y que el parlamento abierto es la figura idónea por permitir el diálogo y la discusión de ideas, ante una iniciativa tan relevante que significará la transformación completa del poder judicial.

Aunque la petición sólo fue recibida y no sometieron a votación realizar o no dicho parlamento, llamó la atención uno de los argumentos vertidos por el coordinador del PAN, Alfredo Chávez, quien dijo que no conocía a los solicitantes y, aunque no dudaba de que fueran juzgadores, tampoco acreditaron su personalidad en el escrito.

Y llamó la atención porque, de entrada, nombres como los de las juezas Sabela Patricia Asiain, María Alejandra Ramos y Perla Guadalupe Ruiz debieron haberle zumbado en los oídos a Alfredo porque son, nada más y nada menos, quienes controvirtieron y pararon un buen rato el proceso de elección de jueces y magistrados realizado en la pasada legislatura.

Esperemos que hayan sido los otros argumentos -que es ocioso hacer un parlamento abierto respecto a un mandato constitucional o que debió ser el pleno del Tribunal quien enviara el oficio- y no alguna fobia contra los firmantes del documentos, lo que frenó la petición.

Por cierto, la discusión sobre este tema continúa y al parecer ya hay acuerdos, como el dejar fuera la renovación del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal Justicia Administrativa, así como tener lista la legislación secundaria para antes del 20 de enero.


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De entrada, el Instituto Estatal Electoral declaró improcedentes las medidas cautelares en contra del alcalde Marco Bonilla, por la denuncia por supuesta violencia política de género que hizo la legisladora por Morena, Brenda Francisca Ríos y eso ya va marcando la resolución final, aunque la diputada quiera crear confusión.

Si bien, el IEE seguirá con el análisis de la evidencia que presentó la legisladora como lo informó en rueda de prensa la vocera Mariana Lachica, en los audios y videos que circulan en los medios de comunicación de las declaraciones que hizo hacia la diputada morenista, no encontramos insulto hacia su persona o que haya demeritado su trabajo como legisladora.

El tema de violencia política de género está bien estudiado por el órgano electoral y existen muchos casos similares que han sido desechados, al no acreditarse dicho delito será cuestión de días para que emita una resolución final, que seguramente será favorable para el edil.

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Para muchos residentes del antes pacífico, campirano, Granjas Universitarias, se está volviendo un martirio desarrollar ahí sus actividades cotidianas, hogareñas, debido a la inseguridad y a la desorganización persistente en el comité de vecinos.

Casi todo mundo ha sufrido ahí robos porque el fraccionamiento está convertido en una coladera, existe una caseta de seguridad pero no existe más barda perimetral que un cerco de púas con huecos por una gran cantidad de partes.

A eso debe sumarse la falta constante de agua potable y la eterna falta de alcantarillado (deben usar letrinas a estas alturas del desarrollo de la ciudad), asuntos que no han podido ser resueltos por ninguna directiva del comité de vecinos.

Es una zona que requiere mucha mano y esto mantiene desesperados a los residentes. Ahí se detuvo el tiempo unos 15 años.