Hay políticos a los que les gusta inventar peleas con molinos de vientos, no es una decisión casuística o circunstancial, se trata de autoconvencerse de que aquello que les sucede es producto de maquinaciones perversas, que se traman y urden en oscuros lugares con el único objetivo de perjudicarlos.
Pero todo lo inventan y por ello es falso lo que argumentan en público, es una argucia para mitigar las acusaciones de corruptos que pesan en su contra.
Un caso de estos es el de Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, futuro senador plurinominal de Morena y hasta hace unos días “sonante” como posible fiscal Anticorrupción en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
A Corral Jurado se le acusa de que en contubernio con el exsecretario de Hacienda de Chihuahua, de manera ilícita dispusieron, sin estar autorizados para ello, de la cantidad de 98 millones de pesos, según la versión dada a conocer por el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín.
El modus operandi fue el siguiente, Javier Corral y su subordinado efectuaron dos pagos, cada uno por 49 millones 300 mil pesos, en dos momentos diferentes; el primero el 3 de diciembre del 2019 y el segundo en agosto de 2020; esta es una acción ilegal toda vez que ese recurso se erogó para una supuesta reestructuración de deuda pública, pero resulta que en la Secretaría de Hacienda existe un área especializada para lleva a cabo ese tipo de trabajos, de ahí que el pago realizado a un despacho privado presupone la comisión de un delito y por ello la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua  solicitó una orden de aprehensión, que fue concedida por un juez de Control y que se basa en una denuncia presentada en enero de 2023.
El intento de detención de Javier Corral Jurado, terminó en un ominoso caso de encubrimiento por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes en lugar de colaborar decidieron proteger al ahora prófugo de la justicia.
Las autoridades de Chihuahua cumplieron todas las formalidades legales para detenerlo, pero no pudieron ejercer la orden de aprehensión por la sencilla razón de que el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara se interpuso y de palabra comunicó que no iban a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua; con eso se le extendió una carta de impunidad al exgobernador de Chihuahua y le permitió seguir en libertad.
Javier Corral Jurado fue un gobernador de malo a mediocre, se distinguió por inventar enemigos a diestra y siniestra, donde incluyó al obispo de Chihuahua y hasta a la ahora gobernadora, Maru Campos; incluso ahora dice que todo el proceso legal que enfrenta es una conspiración donde se confabulan: el exgobernador de Chihuahua César Duarte; el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones y la gobernadora Maru Campos, pero esto solamente es un intento pueril por tratar de ubicarse en la posición de perseguido político y con ello buscar ser víctima en lugar de un prófugo de la justicia.
Pero no se debe olvidar que las autoridades de Chihuahua no lo buscan por asuntos de índole político, lo intentan detener para que responda por esos actos de corrupción que implican 98 millones de pesos del erario público y que antes de perseguido político, lo convirtieron en prófugo de la justicia.
Cuando los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no pudieron cumplir con la encomienda de aprehenderlo por ser protegido por el gobierno de la Ciudad de México, Javier Corral exhibió su miedo a enfrentar la justicia y el pánico que tiene de terminar en la cárcel.
Lo patético de todo esto es como un tema legal, fue llevado al plano político por las autoridades de la Ciudad de México, porque más allá de que Corral Jurado está a un paso de ser senador plurinominal por Morena, no es motivo suficiente para que no comparezca y declare ante las autoridades por los delitos que se le imputan.
El precedente que se sienta es muy negativo porque convierte a Morena o a la 4T en refugio de presuntos delincuentes y prófugos de la justicia; esta protección tan singular, de la que no gozan los ciudadanos comunes, deja la percepción que tras cometer un delito solo basta buscar refugio en Morena para ser amparado y cubierto con un manto de impunidad.
Intentar darle un cariz político a su caso, para evadir la acción de la justicia, es una estrategia que con frecuencia suelen usar los políticos en México con poca dignidad y carentes de honor; lo que hicieron las autoridades de la Ciudad de México, de convertirse en cómplices y protectores de este tipo de personajes, es un acto vergonzante que exhibe el poco aprecio que se tiene por la ley y la legalidad.
Darle cobijo a Javier Corral es un agravio al pueblo de Chihuahua que deja manifiesto un profundo desprecio a lo legítimo y lo legal.
Y conste que Corral Jurado está entre los “sonantes” como posible fiscal anticorrupción: ¡la iglesia en manos de Lutero!