Al admitir que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) tiene un problema de legitimidad y confianza ciudadana, su titular Celia Maya García anunció que a partir de ahora harán públicas las resoluciones de los procedimientos administrativos de sanción.

Al rendir su primer informe anual de labores, la funcionaria dijo que los tres grandes retos del TDJ eran el tecnológico, la legitimidad y el normativo y que el segundo de ellos no podía resolverse sólo con recursos económicos.

"El segundo reto es el de la legitimidad y la confianza ciudadana. Es el de mayor complejidad, porque no se resuelve mediante una asignación presupuestaria. La sociedad mexicana ha mantenido por razones históricamente documentadas una relación de desconfianza con sus instituciones de impartición de justicia, recuperar esa confianza exige abandonar toda forma de opacidad administrativa y asumir el compromiso de operar bajo el principio del escrutinio público", dijo.

"En consecuencia, este tribunal publicará sus resoluciones en versiones públicas, redactadas en lenguaje claro, así de que cualquier persona pueda comprender por qué se determinó una responsabilidad o por qué se concluyó que no existió falta alguna".

Sobre el reto tecnológico, expuso que la operación plena del TDJ requiere de la implementación, consolidación y adecuación de 18 sistemas tecnológicos que aún no están íntegramente funcionando, ni plenamente interconectados.

"Sin ellos, la información se fragmenta y los tiempos procesales se prolongan. Su consolidación constituye una prioridad institucional para el siguiente ejercicio", dijo.

Con relación a la normatividad, explicó que la mejora integral del sistema judicial demanda un enfoque normativo complejo que requiere una distribución de competencias más clara.

También dijo que se necesitan reglas generales que permitan resolver los aspectos relacionados con la independencia técnica y de gestión del tribunal, así como con la solución de controversias.

Al informe asistieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, así como Eva Verónica de Gyvés, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz y Rufino H. León, miembros del TEDJ.

Entre el público, estuvieron presentes representantes del Ejecutivo federal y del Gobierno de la Ciudad de México, así como del Poder Legislativo, entre ellos el senador Javier Corral.

Reprueban sólo 10% de juzgadores votados


Maya García también informó que del total de los 851 jueces y magistrados federales elegidos mediante el voto popular, 762 obtuvieron calificaciones satisfactorias y 89 insatisfactorias en las evaluaciones de conocimientos y competencia técnica llevadas a cabo este año.

En su primer informe anual, Maya refirió que estos exámenes se llevaron a cabo en etapas sucesivas entre febrero y agosto del presente año, conforme al calendario aprobado por la Comisión de Evaluación.

"De ellas, 762 obtuvieron resultados satisfactorio, eso equivale al 89.54por ciento, y 89 obtuvieron resultado no satisfactorio, equivalente al 10.46 por ciento, prácticamente 9 de cada 10 personas juzgadoras electas cumplieron los estándares establecidos. Es un dato que debe consignarse con claridad, porque el debate público sobre el poder judicial ha estado dominado por el señalamiento y rara vez por la medición", manifestó.

"Hoy existe por primera vez un instrumento técnico que permite afirmar lo contrario con sustento. La finalidad de evaluar no consiste en exhibir un promedio favorable, sino en identificar y corregir las deficiencias. Por esa razón, la evaluación se vinculó desde su diseño con la formación".

Con relación a las quejas contra personal jurisdiccional, indicó que se emitieron determinaciones en 314 indagatorias, así como 231 acuerdos de conclusión, 62 informes de presunta responsabilidad administrativa, 17 determinaciones mixtas y 4 de incompetencia.
"La mayoría de las investigaciones concluyó sin imputación, ello no revela debilidad institucional, sino la observancia del debido proceso, una denuncia no equivale a una condena y este tribunal no resuelve a partir de opiniones, influencias o personas externas, sino para acreditar hechos conforme a derecho. Ahora bien, cuando los hechos quedan acreditados, este tribunal resuelve con firmeza", expuso.