Autoridades del ejido Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, Guerrero, exigieron al Gobierno estatal rescatar a nueve pobladores, entre ellos un niño de tres años, secuestrados desde junio por integrantes de La Familia Michoacana (FM).
En un comunicado, advirtieron que las víctimas podrían formar parte de un grupo de más de cien personas que la organización criminal mantiene cautivas, según testimonios de habitantes de El Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso, quienes fueron secuestrados y liberados el pasado 19 de octubre.
Cinco de las nueve víctimas cuentan con denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El 29 de junio, hombres armados secuestraron a Patricio Valerio, de 34 años, y Ana Elia Salgado Arroyo, de 40, en su domicilio en la comunidad de Los Órganos, en Coyuca de Catalán. La denuncia quedó registrada con el folio FGE/DGTI/1-00242602/26.
El 16 de julio, un grupo armado irrumpió en una vivienda de Timangaro, municipio de Pungarabato, y se llevó a Andrea Chávez Vega, de 40 años, según la denuncia FGE/DGTI/1-00242606/2026.
El 20 de julio, hombres armados privaron de la libertad a Ofelia Valerio Salgado, de 28 años, y Antonio Díaz Santana, de 35, en un camino de terracería de la colonia Vista Hermosa, en Coyuca de Catalán. Ambos son originarios de Los Órganos.
Pese a las denuncias, el ejido advirtió que las nueve personas permanecen en grave riesgo y señaló que son familiares directos de habitantes de Guajes de Ayala.
Entre las víctimas hay un niño de tres años, lo que, afirmó, evidencia la vulnerabilidad de las familias de la Sierra y la falta de respuesta de las autoridades estatales.
El ejido acusó al Gobierno de Evelyn Salgado Pineda de negar que La Familia Michoacana mantenga secuestradas a más de cien personas, con el argumento de que no existen denuncias ante la FGE.
Sin embargo, sostuvo que muchas familias no denuncian por temor a represalias contra ellas o sus seres queridos. También acusó a funcionarios de operar bajo las órdenes de grupos criminales y advirtió que acudir al Ministerio Público puede poner en riesgo a las víctimas y sus familiares.
Las autoridades ejidales señalaron que el secuestro, la privación ilegal de la libertad y la desaparición de personas son delitos que deben investigarse de oficio, por lo que exigieron a la FGE iniciar las indagatorias y desplegar operativos para localizar y rescatar a los cautivos.
Filiberto Velázquez Florencio, párroco y presidente del Centro de Derechos Humanos Minerva, informó que habitantes de El Balcón liberados el 19 de octubre, tras casi un mes de cautiverio, relataron que más de cien personas estaban secuestradas en condiciones similares.
"Los tenían encadenados, amordazados y con una comida al día", afirmó el activista.
