Cd. de México.- Gobiernos estatales y federales van y vienen, cambian mandos militares, llegan operativos y sobrevuelos, pero en comunidades indígenas de la Montaña baja de Guerrero persiste desde hace alrededor de 15 años el mismo factor: la presencia armada de Los Ardillos.
Su origen se remonta a principios de los años 2000 en Quechultenango, alrededor de Celso Ortega Rosas, "La Ardilla", ex policía rural señalado como fundador de la organización.
Tras su asesinato en 2011, sus hijos heredaron la estructura y el grupo cobró mayor visibilidad pública entre 2014 y 2015, cuando se recrudecieron ataques, desapariciones y desplazamientos en Chilapa, José Joaquín de Herrera y comunidades nahuas de la Montaña Baja.
La nueva ola de violencia en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán volvió a poner sobre la mesa una crisis que habitantes y organizaciones indígenas denuncian desde hace más de una década: pueblos nahuas atrapados entre incursiones armadas, amenazas, desplazamientos y disputas criminales en el corredor Chilapa-Chilpancingo-Sierra.
Ahí, pobladores denunciaron en días pasados ataques con armas de grueso calibre, drones y explosivos improvisados que obligaron a familias enteras a abandonar viviendas, parcelas y animales para refugiarse en otras comunidades.
Aunque autoridades federales y estatales reportaron poco más de un centenar de desplazados, organizaciones indígenas sostienen que la cifra real es mucho mayor y que el éxodo alcanzó a cientos de familias de la Montaña baja.
Habitantes reportaron que entre 800 y mil familias huyeron por la ofensiva atribuida a Los Ardillos, mientras el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) ha denunciado 76 asesinados y 25 desaparecidos desde 2014.
La región donde ocurrieron las agresiones forma parte de una de las franjas criminales más disputadas de Guerrero.
Se trata de una zona serrana y rural que conecta comunidades indígenas, caminos de difícil acceso y rutas hacia Chilpancingo utilizadas para movilidad armada, cobro de extorsiones, trasiego de droga y control político local.
Pero esos mismos caminos son también los que usan los habitantes para bajar mercancías, trasladar enfermos, llevar cosechas o llegar a la capital del estado.
Ahí se decide quién puede pasar, vender, moverse o regresar.
En esa franja operan desde hace años Los Ardillos.
Tras el asesinato de Celso Ortega Rosas, sus hijos fueron señalados como herederos de la organización.
Entre los nombres mencionados públicamente aparecen Celso, Bernardo, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez, acusados por organizaciones indígenas de encabezar o proteger a operaciones criminales en la región.
El caso de Bernardo Ortega Jiménez exhibe además la dimensión política del grupo.
Fue Alcalde de Quechultenango, diputado local, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero y dirigente estatal del PRD.
Los señalamientos en su contra han sido constantes durante años, aunque públicamente ha negado vínculos con actividades criminales.
La presencia de integrantes de la familia Ortega en cargos públicos alimentó durante años denuncias sobre protección política, control regional e influencia de Los Ardillos en municipios de la zona Centro-Montaña.
NO SÓLO ES ARMAS
Los Ardillos también construyeron influencia mediante rutas, vigilancia de caminos, control comunitario, cobro de cuotas y presencia territorial en pueblos considerados estratégicos.
La crisis actual tampoco es nueva. Uno de los episodios que marcó la historia reciente de Chilapa ocurrió en mayo de 2015, cuando hombres armados irrumpieron durante varios días en la cabecera municipal y desaparecieron a por lo menos 30 personas.
Aquel caso colocó a la región en el foco nacional y mostró la capacidad de grupos criminales para entrar, revisar viviendas, levantar personas y retirarse sin una contención efectiva del Estado.
Desde entonces las denuncias no se detuvieron.
Comunidades nahuas agrupadas en el CIPOG-EZ y organismos como Tlachinollan documentaron asesinatos, desapariciones, desplazamientos, escuelas cerradas, caminos bloqueados y familias completas obligadas a abandonar sus pueblos.
Con los años también cambió el mapa criminal. A la antigua disputa entre Los Ardillos y Los Rojos se sumó el avance de Los Tlacos, organización surgida desde la Sierra de Guerrero y ligada a corredores de los Municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Eduardo Neri y zonas cercanas a Chilpancingo.
Los Tlacos, también conocidos como Los Señores de Tlacotepec o Cártel de la Sierra, surgieron bajo un discurso de policía comunitaria, pero después fueron señalados como grupo criminal con brazo armado y capacidad de expansión regional.
Su avance hacia la zona Centro elevó la confrontación con Los Ardillos.
Y la disputa ya no se limita a Chilapa. Reportes locales ubican la guerra entre ambas estructuras en un corredor que conecta la Sierra, Chilpancingo, Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y rutas hacia la Montaña baja.
Sumadas sus zonas de influencia, ambas organizaciones impactan buena parte de los municipios de Guerrero, de acuerdo con registros ministeriales.
En ese mapa, Chilapa se volvió una bisagra. Para Los Ardillos, la Montaña baja representa base social, control rural y salida hacia Chilpancingo.
Pelea por extorsión, obras, transporte..
Para Los Tlacos, bajar desde la Sierra implica disputar rutas, poblados, economías ilegales y espacios políticos cercanos a la capital.
La pelea entre antagónicos se extendió a la extorsión, obra pública, mercados, transporte, caminos, elecciones, policías municipales y gobiernos locales.
El asesinato del Alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, en octubre de 2024, mostró hasta dónde puede llegar esa disputa político-criminal en la región Centro.
Arcos fue asesinado apenas seis días después de asumir el cargo.
Reportes judiciales han señalado líneas vinculadas a Los Ardillos, así como la posible participación de mandos locales en la trama criminal.
La decapitación del edil volvió a encender alertas sobre el nivel de captura criminal en gobiernos municipales y el riesgo para autoridades que no aceptan condiciones de grupos armados.
En Chilpancingo, la violencia no sólo alcanzó a funcionarios.
También golpeó a comerciantes, transportistas, policías, líderes comunitarios y familias completas.
En 2024, el Ejército atribuyó a Los Ardillos el secuestro de 17 integrantes de una misma familia en Chilapa.
Según reportes de la 35 Zona Militar, las víctimas fueron privadas de la libertad entre el 21 y el 27 de octubre, mientras el grupo mantenía presencia en Chilpancingo, Chilapa, Mochitlán y Quechultenango.
Ese caso mostró otra cara del dominio criminal: castigos colectivos, desapariciones y secuestros utilizados como mecanismo de control.
La nueva ofensiva en comunidades de Chilapa reactivó esa memoria. Familias huyeron de noche, algunas con niños y adultos mayores, mientras se reportaban detonaciones, drones y presencia de grupos armados.
En muchas comunidades el miedo ya no depende sólo de una balacera.
Se suspenden clases, se abandonan cosechas, se cierran caminos, se pierden animales y las casas comienzan a vaciarse.
Por eso la respuesta oficial volvió a combinar militares, Guardia Nacional, policías estatales, funcionarios de Gobernación y personal de atención a víctimas.
El Gobierno desplegó más de mil elementos en la región, liberó bloqueos mediante diálogo y ofreció alimentos, atención médica y seguridad a desplazados.
Las autoridades federales han intentado explicar la crisis como parte de una disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos.
Pero en la región el conflicto tiene más capas: comunidades indígenas organizadas, policías comunitarias, grupos criminales, intereses electorales, estructuras municipales y redes económicas locales.
El resultado es una zona donde el Estado aparece de forma intermitente, pero el control armado permanece desde hace tres lustros en el corazón indígena de Guerrero.
Un Divisionario negociador
El General de División José Roberto Flores Montes de Oca, uno de los mandos de mayor experiencia operativa dentro del Ejército, formado en inteligencia, seguridad nacional y conducción territorial en regiones conflictivas del País, pisó Chilapa, en Guerrero, para escuchar a la población desplazada por el grupo criminal Los Ardillos.
Flores Montes de Oca asumió la comandancia de la IX Región Militar -con sede en Llano Largo- en octubre de 2025, en medio de una escalada de violencia, desplazamientos y presión criminal en Guerrero, una de las entidades más complejas para las Fuerzas Armadas.
El Divisionario relevó al General Ernesto José Zapata Pérez al frente de la estructura militar con sede en Acapulco, para tomar la responsabilidad operativa de Guerrero, también atravesado por el narcotráfico, conflictos rurales y presencia de organizaciones criminales.
Mientras que a Zapata lo abrumó la violencia desatada en el puerto turístico con el incremento de extorsiones y homicidios, a Flores le encargaron las tareas de seguridad, contención social y negociación política frente al avance criminal de Los Ardillos desde la semana pasada en comunidades indígenas nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el mando llego a a Chilapa para la atención de los habitantes afectados desde días anteriores.
Visitó con otros funcionarios federales las comunidades de Alcozacán y Coatzingo junto con la Mesa de Paz estatal, con el objetivo de atender la situación y reforzar la presencia institucional.
Ahí, a dos horas de Chilpancingo, figuró Fuentes Montes de Oca encabezando reuniones y recorridos con sus tropas, además de participar en las mesas de negociación donde escuchó el sentir de las familias desplazadas.
En las reuniones los habitantes señalaron directamente a los hermanos Celso, Bernardo, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez como líderes de "Los Ardillos", y reprocharon a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena), así como a policías locales y estatales de protegerlos.
Aseguraron que la crisis humanitaria dejó a las familias sin hogar ni comida.
El Gobierno federal respondió con el despliegue de más de mil elementos y logró una tregua temporal, pero los desplazados siguen, según se dijo en las asambleas en Alcozacán.
"No queremos más promesas. Queremos que dejen de proteger al narco y cumplan con su obligación", lanzaron los afectados.
Pidieron investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión, tolerancia o complicidad; implementar medidas de protección urgentes, integrales y culturalmente adecuadas, con participación directa de las comunidades y autoridades tradicionales y atender de inmediato la situación de las más de 2 mil personas desplazadas, garantizando asistencia humanitaria, seguridad y condiciones para un retorno seguro y digno.
Además detener y desarticular al grupo criminal "Los Ardillos" y sus redes de operación y protección institucional.
En respuesta, se indicó que personal de fuerzas federales y estatales, con equipo especializado en detección de drones, mantiene resguardo en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, municipio de Chilapa.
Flores Montes de Oca se comprometió a la seguridad con la constante comunicación de sus tropas y los habitantes, se indicó.
SU TRAYECTORIA
El mando es originario de la Ciudad de México, nacido el 21 de diciembre de 1961, ingresó al Heroico Colegio Militar el 1 de septiembre de 1977, cuando tenía 15 años. Egresó como subteniente de Caballería y acumuló cerca de 47 años de servicio ininterrumpido dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Su perfil mezcla operación militar, inteligencia y planeación estratégica. Cuenta con licenciatura en Administración Militar y diplomado de Estado Mayor. También cursó la Maestría en Administración Militar para la Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional y estudios conjuntos en el Centro de Estudios Superiores Navales.
Dentro de inteligencia y seguridad nacional acumuló una preparación poco común incluso entre mandos de alto nivel.
Es especialista en Dirección de Seguridad Nacional y tomó cursos de análisis y prospectiva en el entonces Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Además recibió capacitación en técnicas de entrevista y neurolingüística en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Dentro del Ejército ocupó posiciones clave en áreas de inteligencia, planeación, logística y control operativo. Fue Subdirector General del Centro Militar de Inteligencia, jefe de subsecciones del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y Jefe de la Policía Judicial Militar en la Ciudad de México.
También encabezó áreas sensibles relacionadas con armamento y movilidad estratégica, como la Dirección General de Transportes Militares y la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.
En el terreno operativo comandó unidades en Tabasco, Oaxaca, Jalisco, Puebla y Tlaxcala.
Antes de llegar a Guerrero encabezó la II Región Militar en Mexicali, uno de los puntos más álgidos para el Ejército por la frontera con Estados Unidos, las rutas de trasiego y la disputa criminal en el norte del País.
Ahora su misión es disminuir a Los Ardillos.
Cuatro años de expansión acelerada
En los últimos cuatro años, el grupo criminal de Los Ardillos aumentó su presencia en municipios de Guerrero en donde tienen el control de cobro de piso, extorsiones e incluso deciden el nombre del candidato o candidata a la alcaldía que debe ganar la elección constitucional cada tres años.
Hasta antes de 2020, Los Ardillos que dirigen los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez, tenían el control de Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Mártir de Cuilapan, Chilapa, Ahuacuotzingo, José Joaquín Herrera y Zitlala.
Desde 2021, esta organización criminal expandió sus dominios en las demarcaciones de Atlixtac, Acatepec, Zapotitlán Tablas, Olinalá y Malinaltepec, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Malinaltepec e Iliatenco, en la región de la Montaña alta.
En Chilpancingo, la capital del estado, Los Ardillos se disputan la plaza con Los Tlacos.
La relación del líder de esta agrupación del crimen organizado, Celso Ortega, con algunas autoridades locales ha sido visible públicamente.
Un video donde Celso Ortega platica con la entonces Alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, fue difundido en julio del 2023, y eso motivó que la edil fuera expulsada de Morena, pero regresó a sus filas luego de que le favoreció un fallo del Tribunal Electoral del Estado (TEE) bajo el argumento de que se violaron sus derechos políticos.
Ahora, Norma Otilia se promociona para que Morena la tome en cuenta en las encuestas del proceso interno para la candidatura a la gubernatura en las elecciones de 2027.
"Pido que en Morena haya piso parejo", advierte Hernández Martínez, quien ya reconoció su reunión con Celso Ortega, al cual acudió --aseguró-- por el contexto de la violencia que prevalecía en Chilpancingo.
En noviembre de 2024, un juez de control vinculó a proceso al militar en retiro Germán Reyes por la autoría intelectual del asesinato del Alcalde perredista de Chilpancingo, Alejandro Catalán Arcos.
El edil fue privado de su libertad por integrantes de Los Ardillos quienes lo decapitaron y sus restos los abandonaron encima de su camioneta en la colonia Villas del Roble, el 6 de octubre de 2024.
Germán Reyes, encargado de despacho de la Policía Municipal de Chilpancingo habría dado órdenes a integrantes de Los Ardillos para que asesinaran a Alejandro Arcos.
De acuerdo a un informe de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Guerrero hay 15 grupos del crimen organizado, de los cuales 12 son a nivel local y 3 tienen presencia nacional (Los Rusos, Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación).
Al igual que Los Ardillos, Los Tlacos, que dirige Onésimo Marquina, y la Familia Michoacana que está al frente de los hermanos Jhonny y José Alfredo Olascoaga Hurtado, también han expandido sus territorios de control en Guerrero, dice el reporte oficial.
