Cd. de México.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) condenó y demandó investigar la agresión física y el "encapsulamiento" de los que, dijo, fueron objeto unos 40 juzgadores en retiro que protestaron para exigir el pago de prestaciones previstas en la reforma judicial.

La mañana de este jueves los ex impartidores de justicia se concentraron en Periférico Sur e Insurgentes, para demandar al Órgano de Administración Judicial (OAJ) el pago de la indemnización extraordinaria y la pensión complementaria a unos 200 juzgadores retirados.

Sin embargo, cuando trataron de avanzar sobre Periférico, con dirección al Estadio Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX les impidieron el paso y, según la asociación civil, golpearon y empujaron a los manifestantes.

"La JUFED condena enérgicamente la agresión física y el encapsulamiento de los que fueron objeto aproximadamente 40 juzgadores federales en retiro forzoso", dijo en un comunicado.

"JUFED exige una investigación inmediata para castigar a los responsables de las agresiones físicas, el cese al hostigamiento policial y administrativo, y el pago inmediato de todas las prestaciones retenidas. Responsabilizamos directamente a las autoridades federales y locales de la CDMX, por los actos represivos de que fueron objeto este jueves".

La asociación civil señaló que estos actos demeritan cualquier principio democrático, ya que el Gobierno utilizó la fuerza pública para golpear, empujar e impedir el paso a jueces y magistrados "que hoy se encuentran en la vulnerabilidad del desempleo forzado por motivos políticos".

"Lo visto este jueves fue un uso excesivo y desproporcionado de fuerza, al agredir con la policía de la CDMX, a personas que solamente llevaban pancartas, banderas y megáfonos para ejercer su derecho a la libre manifestación. El Estado debería ocupar esos recursos que hoy reprimieron a los juzgadores, para realizar la búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo", señaló.

"Colocar muros y ordenar golpear a personas juzgadoras en retiro frente a los ojos del mundo solo evidencia el pánico institucional a que se visibilice el colapso del orden democrático en nuestro país".

Desde fines del año pasado, los inconformes protestan por la falta de pago de la indemnización extraordinaria, que contempla 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado.

Otro de sus reclamos es la pensión complementaria, un derecho que adquieren los juzgadores cuando gozan de la pensión del ISSSTE y cumplen seis años como titular de un juzgado o tribunal.

"Es imperativo que la opinión pública nacional y, de manera muy especial, la comunidad internacional, conozca la grave realidad que se vive en México", indicó.

"El Estado mexicano ya no solo desmantela la carrera judicial y vulnera la autonomía de sus tribunales mediante reformas regresivas; ahora ha cruzado la línea de la integridad física, utilizando la violencia institucional para acallar a quienes legítimamente reclaman sus derechos".

Cuestionó que el Órgano de Administración Judicial derroche millones de pesos en gastos superfluos y vehículos nuevos, mientras los profesionales de la justicia se les niegan sus derechos y se les responde con toletes y vallas.