La Cámara de Diputados se sumó a la solicitud para que el Alto Comisionado de las Nacionales para los Derechos Humanos, Volker Türk, recabe información sobre los casos de mexicanos muertes en el marco de operativos del ICE, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

En una misiva dirigida a Türk, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, anuncia que la Cámara baja respalda la acción del Gobierno federal y se suma formalmente al requerimiento que previamente le hizo la Cancillería.

"Desde la Cámara de Diputados acompañamos y respaldamos esta acción del Gobierno de México, encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En este sentido, nos sumamos formalmente al requerimiento presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y solicitamos respetuosamente a la Oficina del Alto Comisionado que, dentro del ámbito de su mandato, dé seguimiento a estos hechos, incluyendo la formulación de recomendaciones orientadas a prevenir nuevas violaciones, garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos de las víctimas y sus familiares", señala.

Aunque había informado que buscaría el respaldo de todos los grupos parlamentarios, la carta se encuentra firmada únicamente por el también coordinador de la bancada de Morena.

En ella, el legislador advierte que la protección de las personas migrantes requiere coordinación entre Estados, organismo internacionales y mecanismos de derechos humanos.

"Confiamos en que la Oficina a su cargo y los mecanismos especializados del Sistema Universal de Derechos Humanos, dentro del ámbito de sus respectivos mandatos, contribuirán al esclarecimiento de los hechos, a la determinación de responsabilidades, a la adopción de medidas de no repetición y a la protección efectiva de las víctimas y sus familias", plantea.

La misiva advierte que, al menos, 18 personas han perdido la vida en hechos relacionados con la actuación del ICE: 14 mientras se encontraban en centro de detención migratoria y cuatro más durante algún operativo de aseguramiento.

Señala que estos hechos se producen en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, incremento de redadas y detenciones, ampliación de la capacidad de los centros de reclusión y realización de operativos en centros de trabajo, domicilios y espacios públicos.

Agrega que la información disponible y diversos testimonios dan cuenta de detenciones realizadas mediante operativos sorpresivos, con agentes fuertemente armados, encubiertos o sin una identificación fácilmente reconocible, separación abrupta de personas de sus familias, dificultades para conocer oportunamente su paradero, traslado a centros alejados de sus lugares de residencia, y obstáculos para mantener comunicación con sus familiares y representantes legales.

Además, indica, se han formulado denuncias sobre uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, falta de información suficiente sobre los motivos de la detención, restricciones para acceder a asistencia jurídica y consular, condiciones inadecuadas de internamiento, deficiencias en la atención médica y posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Plantea que, sin prejuzgar sobre los hechos, la gravedad y reiteración de estas denuncias exigen investigaciones prontas, independientes, imparciales y efectivas, con participación de las familias y acceso oportuno a la información, así como medidas de prevención, supervisión institucional y rendición de cuentas que permitan identificar responsabilidades y evitar que hechos semejantes vuelvan a ocurrir.

Recordó que la condición migratoria de una persona no disminuye su dignidad, ni suspende sus derechos fundamentales.
De acuerdo con la misiva, la comunidad internacional no debe cerrar los ojos ante hechos que, por su gravedad, pueden comprometer obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.