Tres sacerdotes de la Diócesis de Matehuala fueron golpeados y rociados con gas lacrimógeno por policías municipales de Villa de la Paz, San Luis Potosí, durante un operativo de revisión, agresión que derivó en la destitución de cuatro agentes y en una investigación de la Fiscalía estatal.

Los hechos ocurrieron al mediodía del domingo en la comunidad de La Boca, cuando los oficiales interceptaron la camioneta en la que viajaban los religiosos tras concluir una celebración litúrgica.

De acuerdo con la denuncia pública de los sacerdotes, los policías detuvieron la unidad sin justificación y ordenaron al presbítero Ciro de la Rosa descender del vehículo. Ante ello, el párroco de Villa de la Paz, Israel Salinas Torres, se colocó frente a la puerta para impedir que fuera abierta por la fuerza.

Según el relato de los afectados, los uniformados respondieron con violencia: derribaron a Salinas Torres, lo patearon en las rodillas y el abdomen y le rociaron gas lacrimógeno.

La agresión terminó cuando habitantes de la comunidad intervinieron para impedir que continuara el ataque. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja y un médico local atendieron al sacerdote, quien sufrió lesiones menores.

El vocero de la Diócesis de Matehuala, Antonio Ruiz Domínguez, confirmó que los tres religiosos presentaron la denuncia correspondiente por instrucción de sus superiores eclesiásticos.

El Arzobispo de San Luis Potosí y administrador apostólico, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, asumió el seguimiento del caso y llamó a la comunidad católica a actuar con prudencia para evitar confrontaciones.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó este martes que abrió una carpeta de investigación, a través de la Delegación Segunda, por los probables delitos de abuso de autoridad y lesiones en agravio de los tres sacerdotes.

El caso derivó además en la destitución de cuatro policías municipales de Villa de la Paz, luego de que los afectados ratificaran este lunes la denuncia ante el Ministerio Público en Matehuala.

El Alcalde Juan Francisco Gómez Escamilla ofreció una disculpa pública a nombre del Ayuntamiento y confirmó la baja definitiva de los cuatro elementos involucrados. En un comunicado, el Gobierno municipal reiteró su política de cero tolerancia frente a conductas fuera del marco legal.

Por su parte, el secretario general de Gobierno del estado, Guadalupe Torres Sánchez, exhortó al Ayuntamiento a colaborar plenamente con las investigaciones y subrayó la necesidad de reforzar los controles de confianza de los cuerpos policiacos.

"Más bien exhortar con respeto al Alcalde para que actúe en consecuencia, lo menos que queremos los ciudadanos es no confiar en sus policías, porque eso es lo peor que puede pasar en un municipio", expresó el funcionario.

La Fiscalía mantiene las diligencias para recabar pruebas y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
Además, investiga versiones sobre la presunta participación de un elemento de la Guardia Civil Estatal en la agresión.