Una juez federal vinculó esta noche a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por lavado de dinero en el Caso Agronitrogenados, aunque modificó la clasificación original del delito y estableció que su probable participación fue haber transferido del extranjero a México 2 millones 580 mil dólares de origen ilícito.

Al mismo tiempo, por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), también citó a la hermana de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para el próximo jueves a las 9:40 horas a una audiencia en la que resolverá nuevamente si le impone o no la prisión preventiva justificada.

En una diligencia de casi 14 horas y media, concluida a la media noche de este martes, la Juez de control Nora Ileana García Peralta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que la FGR presentó los datos de prueba suficientes para presumir la existencia del delito y la posibilidad de que Gilda Susana está relacionada al mismo.

También le fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, es decir, para que tanto la defensa como la FGR reúnan los datos de prueba que pretenden llevar a un eventual juicio.

Casi al final de la audiencia, que inició a las 9:22 y concluyó a las 23:45 horas, la FGR pidió a la juez volver a resolver las medidas cautelares, porque dijo que tenía nuevos datos de prueba para acreditar que era necesario modificar la libertad con medidas de restricción impuestas el pasado viernes a la procesada.

La juzgadora rechazó resolver la petición esta misma noche, porque la norma procesal considera que, de no ser desechada de plano la revisión de la medida cautelar, la audiencia debe realizarse durante las 48 horas siguientes a su solicitud.

Por ello, aplazó para el jueves su decisión, en buena medida, porque el abogado defensor Alejandro Rojas Pruneda -visiblemente molesto- manifestó que no podía leer las 150 fojas de nuevas pruebas que le entregó la FGR para discutir la libertad o la prisión preventiva de su clienta.

"Que no les corra prisa por querer meterla a la cárcel, por favor, esta es una vulgaridad. No requiero ser 'La Paca'", dijo Rojas, en referencia a la vidente Francisca Zetina, acusada de "sembrar" los restos del diputado Manuel Muñoz Rocha, supuesto implicado en el asesinato de Francisco Ruiz Massieu en 1994.

"Siento que es un proceso desaseado para lograr un fin, lo he vivido desde el 2020 con el coimputado (Emilio Lozoya) y no voy a permitir que se vuelva a repetir".

Con su determinación, García Peralta ratificó las cuatro medidas cautelares que le impuso el pasado viernes a Gilda Susana. Estas son la colocación de un brazalete electrónico en los siguientes 10 días, la entrega del pasaporte, la presentación periódica cada 15 días, la prohibición de salir de la Ciudad de México y el área metropolitana, así como la prohibición de salir del País.

Como ocurrió el pasado viernes, el Centro de Justicia permitió en forma inusual que una camioneta Toyota gris, con vidrios polarizados, ingresara desde la calle hasta la puerta del recinto judicial, para que Gilda Susana, su hermano Juan Jesús y su padre Emilio Lozoya Thalman abordaran el vehículo y se retiraran.

Los medios de comunicación ya estaban en la vía pública, a más de 100 metros del sitio en el que los Lozoya subieron a la camioneta, por lo que de nueva cuenta no tuvieron a la vista a la procesada.

A las 00:21 horas la Toyota gris abandonó la sede judicial.

Reclasifican delito


La imputación original contra Gilda Susana consiste en que era beneficiaria de una cuenta bancaria en la que su hermano Emilio habría cobrado un soborno de 3.5 millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA), empresa de Alonso Ancira.

Según la FGR, el pago se hizo mediante 5 depósitos en el periodo del 12 de junio al 28 de noviembre de 2012 y habría sido a cambio de que, al llegar Lozoya a la dirección de Pemex, la empresa productiva del Estado comprara a AHMSA la planta "chatarra" de Agronitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz, por un monto de 275 millones de dólares.

La cuenta bancaria receptora del presunto soborno fue abierta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, en la que Emilio Lozoya hizo una cesión de derechos a su Gilda Susana.

Desde esa cuenta, la FGR asegura que la ahora procesada hizo dos transferencias por 2 millones 580 mil dólares -equivalentes a 34 millones 133 mil 400 pesos- a María del Carmen Ampudia Cárdenas, para comprarle la casa de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares en 2012.

La primera se registró el 7 de noviembre de 2012 por 1.5 millones de dólares y la segunda fue el siguiente 13 de noviembre por un millón 80 mil dólares. El día 14 del mismo mes y año se firmó el contrato de compraventa de la residencia.

Por estos hechos, la FGR imputó originalmente a Gilda Susana una modalidad de lavado que consistía el transferir recursos de procedencia ilícita para adquirir un bien inmueble.

Sin embargo, la juzgadora reclasificó la modalidad del delito y la procesó por transferir del extranjero a territorio nacional recursos, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

"Esta trazabilidad le permite a esta juzgadora advertir que después de los depósitos de AHMSA a Tochos Holding Limited se dieron estas transferenciaspara comprar el inmueble, el cual él (Emilio Lozoya) no pagó", dijo la juez.

"Los datos de prueba permiten sostener que estos depósitos sí fueron realizados a María del Carmen Ampudia Cárdenas y fueron para que el señor Emilio adquiriera el inmueble con el dinero que recibió del señor Alonso (Ancira)", dijo la juez.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió en la audiencia procesar a la hermana del ex funcionario por una modalidad de lavado que consiste en recibir recursos de procedencia ilícita en sus cuentas, sin embargo, la juez descartó la petición porque en el 2012, cuando ocurrieron los hechos, esa hipótesis no estaba considerada en el Código Penal Federal.

El abogado Rojas pidió en la diligencia excluir la información bancaria que Suiza entregó a México sobre los movimientos bancarios, ya que desde hace dos años un juez de control los suprimió de la acusación contra Emilio Lozoya porque no hay registro de que un juez helvético ordenara su entrega.

También pidió excluir la declaración que el ex director de Pemex agrega en su denuncia de agosto de 2020, con la que buscó conseguir un criterio de oportunidad, y en la que reconoce haber pactado con Ancira la compra de la planta de Agronitrogenados, antes de ser director de petrolera.

La juez rechazó excluir las pruebas porque dijo que aún no había un pronunciamiento definitivo al respecto, ya que el fallo del juez fue impugnado ante los tribunales.
"En ésta aún no hay un pronunciamiento, en la diversa 261/2019 (Caso Odebrecht) sí. No tengo la certeza de si la exclusión de las pruebas va a ser confirmada en el tribunal de alzada y no me es posible controvertir lo que allí se determina para evitar resoluciones contradictorias", dijo.