Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de prensa condenaron el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien llevaba un mes desaparecida en Veracruz, y exigieron justicia para el caso.
El hallazgo e identificación pericial de sus restos generó una ola de exigencias hacia las autoridades para esclarecer el crimen, el cual ha sido calificado por los activistas como un atentado directo contra el derecho a la información en México.
Guzmán Ramírez, quien se desempeñaba como directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el pasado 2 de junio por un grupo de hombres armados y encapuchados que irrumpieron de forma violenta en su vivienda en el municipio de Nanchital.
Tras semanas de incertidumbre, este viernes, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ratificó que los restos humanos localizados en un rancho situado entre Moloacán e Ixhuatlán del Sureste corresponden a la comunicadora.
A raíz de la confirmación, agrupaciones como Artículo 19 México y Centroamérica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas hicieron públicos sus reclamos de justicia.
RSF advirtió sobre la gravedad del contexto local, puntualizando que este caso representa el tercer homicidio de un periodista en Veracruz en lo que va de 2026, sumándose a los asesinatos previos de Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdez en Poza Rica.
El director de RSF para América Latina, Artur Romeu, calificó los hechos como una señal del colapso en las garantías para ejercer la profesión y demandó una rendición de cuentas sobre el operativo de búsqueda.
"El asesinato de Roxana Guzmán, tras casi un mes de secuestro, constituye un crimen de extrema gravedad que exige respuestas inmediatas. Las autoridades deben rendir cuentas sobre las medidas que adoptaron durante la búsqueda, explicar por qué no lograron encontrarla con vida y determinar si este crimen está relacionado con su labor periodística.
"La impunidad que rodea estos crímenes sólo alimenta nuevos ataques contra la prensa. Romper este ciclo es indispensable para frenar la escalada de violencia que enfrentan los periodistas tanto en Veracruz como en el resto de México", expuso.
Mientras que el Observatorio subrayó que el Estado mexicano tiene la "obligación de garantizar que ninguna persona sea silenciada por ejercer su derecho a informar".
"La violencia contra periodistas no puede seguir siendo tolerada ni normalizada. Nos solidarizamos con la familia, colegas y seres queridos de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, y reiteramos nuestro compromiso de seguir alzando la voz ante cualquier intento de silenciar al periodismo en nuestro país", remarcó.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se solidarizó con el gremio y tomó nota del avance de las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene bajo custodia a ocho personas investigadas por este crimen.
Entre los detenidos se encuentran cuatro agentes de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste y dos sujetos apodados "Delta 1" y "Delta 7", presuntos implicados en el asesinato de la comunicadora.
A las exigencias civiles se sumaron pronunciamientos políticos, entre ellos el del senador veracruzano Manuel Huerta (Morena), quien externó sus condolencias a los deudos y remarcó que el caso demanda de que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Mientras tanto, las organizaciones civiles insistieron en la necesidad de desmantelar la impunidad y esclarecer si la agresión estuvo ligada a la b que realizaba la víctima en la región sur de la entidad.
Los restos serán entregados a los familiares el próximo lunes.
