Cd. de México.- La Suprema Corte de Justicia votará hoy la propuesta de la ministra Lenia Batres de revocar un amparo del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con lo que se reactivaría una orden de aprehensión girada en 2021 en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El proyecto de Batres, a quien se le turnó el amparo en revisión 35/2025 que de manera inusual atrajo la Corte en octubre pasado, plantea revocarle el amparo concedido en noviembre de 2023 por una jueza federal de Reynosa, que resolvió que las conductas imputadas no configuran los delitos mencionados.
En el segundo tema enlistado en el día, la Ministra sostiene que la jueza se extralimitó al analizar las pruebas, ya que la etapa preliminar no requiere una demostración plena de responsabilidad, sino únicamente indicios razonables que justifiquen la conducción del imputado al proceso.
"El juez de distrito, al conceder el amparo, no se limitó a apreciar el acto reclamado conforme a los elementos existentes ante la autoridad responsable, sino que realizó un examen profundo y sustantivo de los datos de prueba, analizando explicaciones alternativas, descartando hipótesis ministeriales y exigiendo un nivel de corroboración propio de etapas posteriores del proceso penal", sostiene.
El panista García Cabeza de Vaca, quien gobernó Tamaulipas de 2016 a 2022, reside en Estados Unidos ya que tiene la doble nacionalidad y ni siquiera ha comparecido ante el juez de Almoloya de Juárez, Estado de México, que ordenó detenerlo.
Por ello la atracción del caso que hizo la Corte el año pasado resultó extraña ya que, históricamente, ha sido renuente a intervenir en procesos penales que apenas inician.
La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2021 a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, que acusó un esquema de "triangulación" de recursos con empresas que consiguieron contratos de obra pública en el Gobierno de García.
Empresas que luego transfirieron montos a cuentas de terceros y luego hacia el ex Gobernador y actividades "sospechosas" reportadas en el sistema bancario estadounidense.
Entre otros argumentos, la FGR argumentó que el Gobierno de Tamaulipas adjudicó cinco contratos de obra al constructor Baltazar Higinio Reséndez Cantú por 138 millones 939 mil 168 pesos.
Más tarde, entre marzo y abril de 2018, Reséndez pagó 33.5 millones a Juan Francisco Tamez Arellano por la compra de un terreno, y al año siguiente, la empresa T Seis Doce, de la que Tamez es accionista mayoritario y representante legal, compró en 42.1 millones el departamento de García Cabeza de Vaca en Bosques de Santa Fe, Ciudad de México.
La jueza Octavo de Distrito de Tamaulipas Adriana Vega Marroquín, sin embargo, concedió el amparo al ex Mandatario al concluir que FGR carece de evidencias para suponer que García Cabeza de Vaca incurrió en los delitos, pues le hizo ver al juez de control que el dinero depositado al ex Gobernador no tenía ninguna justificación, omitiendo mencionar que era producto de la compra-venta del inmueble.
Sin argumentación de por medio, el 8 de octubre la SCJN atrajo el caso del ex Gobernador con una votación dividida: cinco a favor, de Lenia Batres, Sara Herrerías, María Estela Ríos, Irving Espinosa y Loretta Ortiz, y cuatro en contra, de Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa y Hugo Aguilar.
Estados Unidos mantiene congelada desde hace casi dos años la solicitud del Gobierno de México para detener de manera provisional con fines de extradición al ex Mandatario.
