Una de las prioridades que debe contemplar la próxima reforma electoral es establecer más mecanismos para frenar la intromisión del crimen organizado en las elecciones.
Así lo advierten expertos en elecciones y seguridad nacional, quienes afirman que los últimos tres procesos electorales confirmaron que la delincuencia sí opera en la elección de candidatos.
Esto, coinciden, no sólo lo logran financiando campañas, también a través de amenazas, tanto a quienes buscan posicionar, como a los opositores. Así como extorsión, secuestro de familiares, atentados, violencia, robo de urnas, control de casillas, presión a funcionarios de casillas o comunidades enteras y movilización de votantes.
En los últimos cinco años se han detenido a varios Alcaldes acusados de lazos con la delincuencia. Estos fueron electos entre 2021 y 2024.
Por ello, plantean una veintena de propuestas que, consideran, deben incluirse en la iniciativa que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum o en la reforma final que prometen se construirá en el Congreso.
Los datos muestran que son los candidatos a Alcaldes los que están más cooptados por el crimen. Sin embargo, los especialistas afirman que también quienes aspiran a gubernaturas y, finalmente, la intromisión impacta a todo el proceso, pues generalmente la elección federal y local se realizan el mismo día.
La elección de 2027 será la más grande de la historia, pues no sólo se elegirá la Cámara de Diputados federal, también se renovarán mil 900 Alcaldías, 30 Congresos y 17 gubernaturas.
Además de la elección de 850 juzgadores federales y más de 4 mil locales. En esos comicios, aseguran, el crimen también intentará colocar a sus juzgadores.
En las elecciones de 2021, ante diversos brotes de violencia ocasionada por el crimen organizado, el Tribunal exigió al INE un mapa de riesgo. Sin embargo, después se determinó que el organismo no estaba facultado para realizarlo.
Métodos de elección diversos
Para Luis Carlos Ugalde, el ex presidente del IFE, ahora INE, urgen nuevos mecanismos para blindar los procesos electorales ante las evidencias de que el crimen organizado está detrás de la elección de autoridades.
Considera que el Estado no puede seguir negando que la delincuencia está incrustada en el sistema político electoral del País.
El director de Integralia, consultora dedicada a analizar el entorno político, económico y social de México y América Latina, afirma que las bandas buscan controlar las Alcaldías o gubernaturas para la regulación de mercados, construcción de obra pública, manejo de la Policía Municipal o "blanquear" a través de negocios locales.
Recuerda que, incluso, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reconoció en algún momento que quienes aspiran a ser candidatos tienen que pedir permiso a las jefaturas del crimen organizado local, y, en ocasiones, éste fondea las campañas.
"Este es el mayor desafío para la sobrevivencia de la democracia mexicana. Las medidas que han tomado de brindar protección a candidatos es superficial y bastante inefectiva", afirma.
Ante este escenario, plantea, es momento de analizar el voto electrónico en las regiones que están controladas o con alta incidencia de las bandas criminales.
"(Esto) para evitar que la gente tenga que acudir personalmente a votar y, de esa forma, evitar que puedan ser, digamos, coaccionados. Aunque en muchas ocasiones, las comunidades apoyan socialmente al crimen organizado", indica.
Considera que deben establecerse en la legislación otros mecanismos para elegir a las autoridades locales cuando no existan las condiciones para efectuar un proceso electoral.
Por ejemplo, dice, en pueblos originarios, existe un sistema diferenciado.
"La pregunta es: ¿Acaso no deberíamos de pensar que en aquellas comunidades con alta densidad criminal, en aras de proteger la soberanía de esos territorios, sería mejor elegir a las autoridades por un método diferente?
"Porque si seguimos eligiéndolos por el método tradicional, pues están muy expuestos, y entonces es imposible lidiar con este acoso que sufren las candidaturas", abunda.
Sin trastocar los derechos del ciudadano a elegir a sus autoridades, propone, podría ser el Senado o el Congreso local el encargado de hacerlo, con mecanismos confiables en que serán los mejores perfiles.
"Podría ser una manera de blindar los territorios de esta penetración. No es lo mismo querer penetrar el Gobierno municipal en una zona serrana de Durango, que querer penetrar el Gobierno de la Ciudad de México.
"Hay escalas diferentes y para el crimen organizado es más fácil penetrar regionalmente. Si vas capturando gobiernos locales, la sumatoria de gobiernos compactos, pequeños y débiles, se hace un pedazo de pastel grande", expresa.
Ugalde recuerda que en la elección pasada hubo señalamientos contra algunos candidatos a gubernaturas, aunque no se confirmaron los hechos.
Más filtros para candidatos
Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, organización que se dedica a analizar asuntos de seguridad y violencia en el País, reconoce que es muy difícil detectar si un candidato tiene lazos con el crimen o está detrás de algún político.
Sin embargo, considera, en la legislación deberían establecerse más mecanismos para que partidos y autoridades electorales puedan detectar una posible relación y encender focos rojos.
"Una persona es inocente hasta que no se le prueba lo contrario. Y el que aparezca en una investigación, no necesariamente hace que esa persona efectivamente está ligada a un grupo delictivo o tiene algún tipo de actividad criminal.
"Entonces, sí es difícil establecer mecanismos, trabajar con inteligencia para identificar a posibles candidatos, considerando que siempre se nos va a colar alguno", indica.
El especialista en seguridad afirma que las investigaciones que realizó Observatorio mostró que en las elecciones de 2018, 2021 y 2024 la delincuencia organizada no solo financió campañas e impuso a candidatos, también sacó a la población en ciertas localidades a votar y realizó bloqueos o violencia para influir en la elección.
Incluso, recalca, México es un país con una situación atípica dentro de las democracias del mundo por la enorme presencia de delincuencia organizada, por lo que, advierte, esto debe llevar a acciones extraordinarias.
Coincide en que los cargos con mayor riesgo son las Alcaldías, porque, una vez que ganan los Presidentes Municipales, se cobran imponiendo a proveedores o funcionarios o exigiendo cuotas.
Lamenta que las bandas operen tan fácilmente, pues no existen acciones contundentes por parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para impedirlo.
Rivas recuerda que México podría retomar ejemplos de otros países, como Italia o Colombia, en los que existen filtros que buscan controlar que políticos relacionados con bandas lleguen al cargo.
"En Italia se le llama que no tengas avisos de garantía. El aviso de garantía es un mecanismo que se detona una vez que hay una posible investigación sobre una persona relacionada con algún delito", indica.
Detalla que en México está la 8 de 8, con la que se revisa si el candidato no sólo tiene sentencias en materia de violencia de género, es deudor o tiene una orden de aprehensión, pero es evidente que ha sido insuficiente.
"Puede hacerse un ejercicio un poquito más profundo de investigación. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se podrían detectar movimientos económicos anómalos, si uno sigue el dinero, su patrimonio, porque dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar, se podría detectar algo.
"Tal vez no es delincuencia organizada, puede ser otra cosa, pero al final se podría determinar que es un candidato que no queremos. Entonces creo que sí es importante analizar otras legislaciones para ver que podemos aplicar esos filtros sin estigmatizar, sin violar derechos políticos de nadie", señala.
El especialista insiste en que es un tema muy complejo, porque la delincuencia avanza más rápido que los gobiernos, y sus mecanismos son cada vez más sofisticados. Por ello, debe analizarse si es necesario crear nuevas instituciones o mecanismos especiales para atajar el problema.
"Se requiere un ejercicio bien articulado de investigación, esfuerzos de todo tipo, tiempo y dinero, y eso es lo que no le han puesto. A mí no me parece que la reforma tenga como objetivo resolver un problema de delincuencia organizada que participa en las elecciones, su reforma electoral tiene que ver más con un control político del País", indica.
Anular elecciones por intromisión
Felipe de la Mata, Magistrado del Tribunal Electoral, coincide en que debe contemplarse anular una elección si se comprueba que hubo intervención del crimen organizado. Esto, plantea, podría iniciarse a nivel municipal.
Actualmente la legislación contempla la anulación por violencia o irregularidades "generalizadas o sistemáticas", pero no se menciona a la delincuencia o narcotráfico.
El juez electoral considera que en la discusión de la reforma electoral deben escucharse a las autoridades electorales, a expertos en seguridad y funcionarios para establecer nuevos mecanismos que blinden las elecciones de la delincuencia.
"Si bien no es un fenómeno nuevo, debe reconocerse la incidencia del crimen organizado en muchas de las actividades económicas y sociales de nuestro País, incluyendo el ámbito de las elecciones. Es una realidad, y una de la que incluso resulta incómodo hablar.
"Las autoridades electorales lo hemos corroborado: intentos por parte de los grupos delictivos de ejercer alguna forma de control político tanto a nivel municipal y regional, e incluso se pudiera señalar que hay zonas en donde, en los hechos, quienes mandan son estos grupos, más allá de que cuenten o no con una constancia de mayoría electoral", advierte el juez electoral.
Aclara que aunque el problema escapa a las autoridades electorales, éstas no pueden "simplemente cerrar los ojos y hacer como si nada ocurriera", sino que tienen que aportar propuestas.
De la Mata afirma que entre las propuestas que podrían considerarse está bancarizar todas las aportaciones privadas o establecer sistemas de denuncias anónimas.
Incluso crear bases de datos públicas que realmente permitan hacer escrutinio de las candidaturas, además de aumentar la protección especial para las personas candidatas en aquellas zonas con mayor riesgo de actividades delictivas.
Coincide en que es momento de incluir el voto por internet, así como las campañas digitales en aquellas localidades con alta incidencia delictiva.
"Durante la jornada electoral, habría que reflexionar en mecanismos de voto por internet y por casilla electrónica, votación anticipada, centros de votación masivos o en cambiar las sedes de los cómputos municipales, todo ello mediante refuerzo de la seguridad, tanto de la ciudadanía como de los actores políticos y las instituciones", apunta.
Sin embargo, aclara, la solución del problema no sólo depende de la actualización a la legislación, sino de esfuerzos entre la sociedad civil y autoridades del Estado para implementar otros mecanismos.
"Debemos unir esfuerzos para llevar a cabo labores de vigilancia y denuncia que impidan la intromisión de grupos delictivos en los procesos electorales, antes de que sea una realidad generalizada. Aún estamos a tiempo", agregó.
Y en el INE
De acuerdo con la propuesta de reforma electoral del INE, para detectar el financiamiento ilegal se debe modificar la ampliación de los plazos establecidos para la conclusión de procedimientos oficiosos o de queja en materia de fiscalización.
"Especialmente en casos que involucran triangulación de recursos o esquemas de facturación simulada de debe prever una etapa de investigación extendida con justificación motivada", indica el documento entregado a la Presidencia.
El Instituto también plantea incorporar causas de nulidad cuando se trate de financiamiento ilegal.
"Actualmente se aplican de forma supletoria las causales de nulidad ya existentes, no obstante, podrían incluirse nuevas causas relacionadas con los resultados de la fiscalización de los recursos, como la del rebase de topes, aportaciones de entes gubernamentales o partidos políticos o de otras fuentes ilícitas", añade.
