En medio de la polémica que han desatado los lineamientos para regular los derechos de las audiencias, que impulsa el Gobierno de la 4T, la Fundación Rafael Preciado, del PAN, recomendó restituir la autonomía constitucional de la cuestionada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Con el análisis "El árbitro de la verdad", la Fundación determinó que la supervisión del sector telecomunicaciones dejó de ser un órgano constitucionalmente autónomo para quedar en manos de Poder Ejecutivo.
"Es ese cambio institucional el que explica por qué las nuevas facultades regulatorias generan un debate que va más allá del contenido del anteproyecto y alcanza el equilibrio entre regulación, independencia y libertad editorial".
"Impondría nuevas obligaciones a concesionarios de radio y televisión -comerciales, públicos y sociales- y a las empresas programadoras, al exigirles códigos de ética, defensores de las audiencias, mecanismos obligatorios de atención de quejas y medidas de accesibilidad", opinan.
De suerte que el incumplimiento podría ser sancionado con multas de entre 0.01 por ciento y 1 por ciento de sus ingresos acumulables, lo que amplía el margen de intervención regulatoria en los concesionarios.
Con ese panorama de por medio, la Fundación propone restituir la autonomía constitucional del órgano regulador y someter la comunicación social del gobierno federal -como las conferencias mañaneras- a las mismas obligaciones de veracidad, con una distinción entre información, opinión y derecho de réplica.
También, separar en dos instrumentos distintos las obligaciones de accesibilidad y de transparencia publicitaria de toda evaluación estatal sobre la veracidad o contextualización de diversos contenidos informativos.
Asimismo, plantea suprimir el recurso de inconformidad ante la CRT respecto a decisiones de los defensores de audiencias, o acotarlo a cuestiones estrictamente procedimentales, pero nunca relacionado al contenido.
Por otro lado, se buscarían eliminar las sanciones que excedan las previstas en la ley, y sujetar cualquier multa a un control jurisdiccional previo, mas no a determinación administrativa unilateral.
Y, por último, excluir de esta regulación, de forma clara, a la prensa escrita y a los medios digitales, con el fin de cerrar el debate que la Presidencia generó a respecto.
