Mientras el balón rodaba en una "cascarita" por la memoria sobre Paseo de la Reforma, el eco de una determinación internacional sin precedentes sacudía las estructuras del Estado mexicano.

Ante la mirada del mundo por el próximo Mundial, las familias de los desaparecidos han encontrado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un aliado inesperado que ha decidido sacar una "tarjeta roja" al País por la gestión de su crisis humanitaria.

En este episodio del podcast El Café de la Mañana, conversamos con María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, para desmenuzar las implicaciones de que el Comité contra la Desaparición Forzada haya invocado el Artículo 34 para llevar el caso de México ante la Asamblea General.

Una medida extrema ante una crisis generalizada

Aguilar Rodríguez explica que esta es la facultad "más extrema" del Comité, reservada para situaciones en las que las desapariciones se cometen de forma generalizada o sistemática.

Contrario a lo que ha señalado el Gobierno federal, Aguilar precisa que esto no es un simple "regaño", sino un análisis técnico que concluye que México requiere atención urgente de la comunidad internacional.

La activista destaca que, aunque México ha sido evaluado en múltiples ocasiones desde 2012, esta determinación llega tras el agotamiento de otros mecanismos y ante la persistencia de una crisis forense que mantiene a más de 72 mil restos humanos sin identificar en manos del Estado.

El Estado y la 'aquiescencia' con el crimen



Sobre la respuesta que dio a la determinación de la ONU la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó la medida de "desactualizada" al argumentar que hoy las desapariciones son obra de cárteles y no una política de Estado, Aguilar Rodríguez puntualiza conceptos clave:

Responsabilidad continua: El Estado sigue siendo responsable de dar con el paradero de las personas, sin importar si desaparecieron hace 50 años o en la administración actual.

Aquiescencia: Aguilar explica que existe un "consentimiento" o falta de acción de las autoridades frente a las amenazas del crimen organizado, lo que constituye una responsabilidad estatal.

El "crimen perfecto": Citando al Comité, la entrevistada advierte que la impunidad en México ha convertido a la desaparición en el paradigma del crimen perfecto, en el que la falta de cuerpos y de sanciones permite que el ciclo se perpetúe.

¿Qué sigue para México?



Aguilar advierte que el siguiente paso es que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, envíe formalmente la situación a la Asamblea General.

El reto para el Estado mexicano será decidir si utiliza su diplomacia para obstaculizar el proceso o si finalmente acepta la cooperación internacional y financiera para enfrentar la crisis de identificación forense que tiene a miles de familias incompletas.

¿Hacen las autoridades lo suficiente por las familias de los desaparecidos? Escucha el análisis completo de María Luisa Aguilar Rodríguez en este episodio de El Café de la Mañana y conoce por qué esta decisión de la ONU podría cambiar el rumbo de la justicia en México.