Ciudad de México.- La presencia del crimen organizado es un factor que autoridades de EU empiezan a tomar en cuenta en la resolución de quejas y paneles que se presentan bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.
Así lo demuestra la resolución del caso de la Minera Camino Rojo, de la canadiense Orla Mining, en el cual se expuso que detrás de actos de intimidación en contra de trabajadores de su mina en Mazapil, Zacatecas, estuvo la mano del narco.
El panel que analizó el expediente corroboró que se contrató a un "conocido narcotraficante" para interrumpir con personas armadas las reuniones sindicales y visitar los domicilios de los trabajadores para amenazarlos, incluso de muerte, y así obligarlos a afiliarse al sindicato preferido por la empresa.
El panel de expertos determinó, en la resolución que se hizo pública el 26 de marzo a través de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR), que la intervención del crimen afectó las relaciones laborales en la mina, con anuencia de empleados de la misma empresa.
