El desorden urbano dejó de ser sólo un problema de planeación para convertirse en un esquema donde la gestión de permisos puede costar miles de dólares en moches.

Testimonios coincidentes de desarrolladores, gestores y personas vinculadas a trámites municipales señalan que, ante la falta de reglas claras y la discrecionalidad en autorizaciones, los "moches" para destrabar procesos urbanos oscilan entre 5 mil y 30 mil dólares.

Trámites como cambios de uso de suelo, licencias de construcción, alineamientos o vistos buenos, que en papel deberían resolverse con criterios públicos se frenan o se interpretan de forma variable hasta que aparece la "gestión" informal.

El pago no garantiza rapidez, pero sí abre la puerta. Sin ese paso, los expedientes pueden quedarse atorados durante meses.

El propio Ayuntamiento reconoce que la ciudad arrastró durante años instrumentos de planeación sin actualizar.

Tijuana siguió creciendo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2009-2030 y con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2010-2030, pese a que desde 2017 se había ordenado su renovación. En ese periodo, la autoridad mantuvo la facultad de otorgar permisos y definir usos de suelo, pero sin reglas actualizadas ni criterios homologados.

Ahí fue donde la discrecionalidad se volvió un negocio, acusaron los denunciantes, pues cada funcionario interpreta cada trámite y este tiene precio, que depende del proyecto.

Lo anterior implica observaciones técnicas que aparecen sin sustento uniforme, cambios de criterio entre áreas, tiempos de respuesta que se alargan sin explicación y requisitos que se modifican durante el proceso.

En ese contexto, el "destrabe" deja de ser administrativo y pasa a ser económico. Los montos, aseguran, varían según el tamaño del desarrollo, la ubicación y la urgencia del interesado.

La falta de actualización del plan urbano, lejos de ser un simple rezago, crea condiciones para que la incertidumbre tenga valor.

El Consejo Consultivo Empresarial advirtió que el área de desarrollo urbano es el mayor rezago de Tijuana y que la ciudad llevaba más de una década sin actualizar sus instrumentos.

También señaló la existencia de más de 600 fraccionamientos sin entregar al Ayuntamiento, evidencia de un crecimiento que no ha sido plenamente regularizado.

Tijuana ha experimentado un crecimiento poblacional alto, superando el 23 por ciento entre 2010 y 2020, por lo que urge una planeación de la ciudad.

En paralelo, el entorno inmobiliario se ha contaminado con denuncias penales.

La Fiscalía de Baja California informó la vinculación a proceso de presuntos operadores de un "cártel inmobiliario", acusados de despojo, asociación delictuosa y extorsión. A esto se suman entre 200 y 300 denuncias por fraudes inmobiliarios documentadas en un solo año por medios locales.

El alcalde Ismael Burgueño llegó con la promesa de actualizar el plan urbano. A más de 18 meses de gobierno, el instrumento sigue sin consolidarse plenamente. Por el contrario en esa ciudad fronteriza se negocian los permisos.
El costo lo paga el ciudadano que vive en zonas saturadas, con servicios insuficientes y movilidad colapsada. También el paga el inversionista que intenta cumplir la ley y descubre que la certeza no está en la norma, sino en la capacidad de gestionar pues encuentran que los trámites ya tienen precio.