En medio de gritos de "¡fraude" por parte de la Oposición, a Morena y aliados le fallaron las cuentas para poder aprobar en lo particular la reforma a la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo.
Tras aprobar minutos antes en lo general la reforma que, según opositores dejan en indefensión al ciudadano y representa en los hechos un caso de "terrorismo fiscal", el partido oficialista no pudo lograr la mayoría simple en lo particular (65 votos), pues solamente 63 legisladores votaron a favor.
"Fraude, fraude, fraude", insistieron opositores durante varios minutos mientras el tablero de votación seguía abierto.
"Si hacemos silencio le continuamos, aunque ustedes no hayan pasado lista y estén presentes, no pasa nada, continúa la Secretaría a dar el resultado de la votación", respondió la morenista Verónica Noemí Camino Farjat.
Después del fallo, se citó a una nueva sesión para las 20:50 horas de este mismo martes.
Una de las principales críticas contra esta reforma es que se limite el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos para favorecer a la autoridad administrativa, sobre todo contra actos del Gobierno en temas fiscales.
En cuanto a la aprobación en lo general, la reforma prosperó con 64 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones.
"Se pretende ampliar el margen de acción de la autoridad a cuenta de los derechos de los ciudadanos", previno el senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, "no se legisla pensando en la persona: se legisla pensando en la autoridad".
"Esto da incertidumbre, le están dando a la autoridad posibilidad de tener más mecanismos de impugnación", advirtió la priista Claudia Anaya.
Por el PAN, la senadora Guadalupe Murguía advirtió que se restringe el derecho de los ciudadanos para recusar a un juzgador.
"La reforma le regala a la autoridad que ha perdido un asunto un medio de impugnación específico. Es terrorismo fiscal, en perjuicio de los ciudadanos", sentenció.
Por voz del senador Javier Corral, la bancada de Morena defendió el dictamen tras asegurar que el propósito de la reforma "es resolver los litigios en plazos más cortos en beneficio de la sociedad".
"Vamos a poder lograr que un proceso administrativo que emita resoluciones prontas y expeditas y se establecen plazo de cinco días en actos que no prevén plazos", detalló.