En un fallo contrario a las normas vigentes, un juez federal vinculó a proceso a Julio César Chávez Junior por delincuencia organizada y, a pesar de que la Constitución contempla la prisión preventiva oficiosa para ese delito, le concedió llevar su procedimiento en libertad provisional.

El juez de control Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, procesó al boxeador por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico de armas, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, y fabrique armamento, municiones, cartuchos y explosivos.

Pese a que el ilícito tiene prevista la prisión preventiva de oficio, el juzgador le concedió la libertad provisional y sólo impuso la prohibición de salir del país y no acercarse a los testigos.

La defensa de Chávez ofreció en la audiencia unas escrituras de un inmueble con valor de 7 millones de pesos, como prueba de que contaba con arraigo, documento que el juez Hernández Miranda consideró suficiente para considerar que no había riesgo de fuga.

El juzgador tampoco le impuso la firma periódica en la Unidad de Medidas Cautelares, ya que estimó que el hecho de que el pugilista vaya a firmar implicaría que lo acosen los medios de comunicación y lo desacrediten.

El fallo que le permite la libertad a Chávez Carrasco es contraria a la reforma de supremacía constitucional que entró en vigor el 1 de enero pasado, que impide a los juzgadores interpretar tratados internacionales y aplicar una medida cautelar distinta a la prevista en la Carta Magna.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano, señalado de formar parte de la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, fue deportado el pasado lunes al País y entregado en la Garita de Nogales, tras ser detenido el 2 de julio en California, debido a la orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El 20 de agosto, en una audiencia inicial que comenzó a las 20:47 horas y concluyó a las 00:56 horas, el juez Hernández Miranda le dictó la prisión preventiva justificada al pugilista, medida cautelar que le impuso en el Penal de Hermosillo.

En 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones y Seguridad Nacional (HSI) de EU presentaron una denuncia ante la FGR contra "Los Chapitos" y la FGR intervino los teléfonos de los sospechosos.

Derivado de las escuchas, la autoridad supo que Chávez Jr. presuntamente golpeaba a integrantes del Cártel de Sinaloa como si fueran costales de box, cuando incurrían en descuidos que pudieran delatarlos.