Chihuahua.– El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, declaró que los jueces son funcionarios públicos electos y tienen una responsabilidad mayor que los coloca ante el escrutinio público, y el caso de Juan Pablo Campos, quien a través de medidas cautelares beneficia a Luis Fernando E. I., también conocido de manera coloquial como “el encuerado del Periférico”, debe estar en la lupa del Poder Legislativo y sobre todo, por el Tribunal de Disciplina Judicial del Tribunal Superior de justicia.
El juez Campos López, quien fue regidor del Ayuntamiento de Chihuahua de 2021 a 2024, modificó la medida cautelar de Luis Fernando E.I., hasta el momento denominado asesino imprudencial de Bacilio C.I., de 63 años, y flexibilizó el proceso a tal grado de conceder que siga el proceso bajo resguardo domiciliario, es decir, desde su casa y no desde el Cereso.
El coordinador del PAN en el Congreso, diputado Alfredo Chávez, mencionó que el proceder del juez y ese tipo de medidas se tienen que analizar y si hay alguna queja la tendrá que abordar el Tribunal de Disciplina Judicial.
“Claro que hace falta una evaluación y que la sociedad pida transparencias y rendición de cuentas al Tribunal (Superior de Justicia), y ver la actuación de los jueces y magistrados electos”, indicó Chávez Madrid.
Por su parte, la presidenta del Poder Legislativo, diputada Joceline Vega (PAN), coincidió en el respeto del principio de división de poderes, sin embargo, como representante popular escuchará las voces de reclamo para en medida de lo posible ajustar las nuevas normas productos de la reforma judicial que empujaron hasta su materialización, Morena y aliados.
En ese mismo sentido, la secretaria de la Comisión de Justicia en el Congreso, Irlanda Márquez, sin descuidar la autonomía del Poder Judicial, adelantó que el próximo jueves en sesión del órgano legislativo abordarán el caso.
“Hay que ver las cosas como son, cuál es el delito que se está cometiendo y si es verdad si el presunto delincuente está siendo protegido por el juez”, declaró la legisladora quien dijo que la capacidad económica de las personas no debería ser factor para burlar la justicia.
Las consideraciones del juez, destacó, parten de aspectos relacionados a la salud mental de Luis Fernando E.I., quien lejos de haber sido internado en el Cereso, en todo momento estuvo en un exclusivo hospital privado.
“Para eso fue la reforma judicial, para que se evitaran ese tipo de situaciones: negligencias, compadrazgos, amigazgos, etcétera; nuestra labor como legisladores también es ver que eso esté sucediendo y, si no es así, hay que actuar”, concluyó Márquez Nolasco.
César Lozano T / [email protected]
