Chihuahua, Chih.- En tanto que jueces federales desecharon dos juicios de amparo promovidos en contra del traslado de las salas Civil y Penal de Parral a la ciudad de Chihuahua, personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acudió a Jiménez a dialogar con los abogados y ciudadanos inconformes con dicha medida.
Los dos juicios de amparo tramitados por abogados de la región en contra del traslado de las salas judiciales concluyeron mediante resoluciones de sobreseimiento.
Los juzgados federales determinaron que los promoventes no acreditaron contar con un interés jurídico o legítimo suficiente para impugnar la medida, al no demostrar una afectación personal, real y diferenciada derivada del cambio de sede.
En las resoluciones emitidas precisaron que la sola calidad de abogado litigante o la mención general de mayores distancias, tiempos o costos de traslado no son suficientes para sostener la procedencia del juicio.
Por ello, la autoridad jurisdiccional determinó el sobreseimiento de ambos asuntos sin estudiar el fondo de los argumentos formulados contra el acuerdo de traslado.
Por otro lado, una comitiva de representantes del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chihuahua acudió al municipio de Jiménez para atender las inconformidades manifestadas por integrantes de la comunidad jurídica y ciudadanos locales en relación con los servicios de impartición de justicia.
En el encuentro participaron el secretario general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Yamir Roberto Aguirre Flores; el director de Evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial, Horacio García, junto a personal de la Unidad de Investigación, Contraloría y Evaluación; así como Paul Moriel, coordinador de la Presidencia del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Como resultado de las conversaciones sostenidas, se acordó la reapertura de las instalaciones del Juzgado Civil en el municipio de Jiménez. Asimismo, las autoridades del Poder Judicial establecieron compromisos para dar seguimiento a los requerimientos planteados en la localidad conforme al ámbito de competencia de cada uno de los tres órganos participantes.
Las acciones legales e inconformidades surgieron a raíz de la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante la cual aprobaron la modificación de sede, nomenclatura y competencia de la Sala Penal Regional y de la Sala Civil y Familiar Regional que operaban en Hidalgo del Parral. Ambos órganos pasaron a tener su sede en Chihuahua capital con las denominaciones oficiales de Novena Sala Penal y Segunda Sala Civil y Familiar.
El acuerdo de reorganización fue aprobado por mayoría en el Pleno con fundamento en los artículos 141, fracciones VI y VII, y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Dentro del Pleno integrado por 33 magistrados y magistradas, la votación registró dos votos en contra, emitidos por las magistradas Diana Margarita Félix Sierra y Angélica Mendoza Beltrán, así como tres abstenciones correspondientes a las magistradas Yasel Villanueva, Nancy Sánchez y Julieta Muñoz.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia(tsj) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), la reubicación responde a la adaptación al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y a las necesidades operativas en materia penal.
La institución expuso que la integración de estas salas en la capital fortalece una Red Estatal de Magistraturas y Justicia Digital, permitiendo que los expedientes de la región sur sean revisados por la totalidad de las salas competentes y bajo diversos criterios jurisdiccionales, en lugar de un sólo criterio local.
Para la atención directa en Parral, el TSJ informó que mantendrán tres secretarios de sala, una ventanilla de recepción de trámites y la presencia semanal de una persona magistrada.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Hidalgo del Parral, presidido por Rafael Álvarez Botello, y el Colegio de Abogados Distrito Hidalgo, encabezado por Patricia Domínguez, manifestaron su postura en contra de la medida al considerar que el traslado de las salas de segunda instancia modifica la atención presencial y directa en el sur de la entidad.
De igual forma, las magistradas que votaron en contra señalaron en el Pleno que la concentración de los órganos colegiados en la capital reduce la proximidad geográfica de la justicia de segunda instancia para los usuarios de los municipios alejados de la sede central.
