Chihuahua, Chih.- El fiscal provisional Gilberto Loya Chávez anunció recortes de personal no sustantivo y una reingeniería administrativa en la Fiscalía General del Estado (FGE) para ampliar la plantilla operativa, atender el déficit de agentes del Ministerio Público y reducir el rezago en las carpetas de investigación. También anticipó que solicitará más presupuesto, aunque primero revisará el gasto actual para reorientar los recursos hacia las necesidades prioritarias de la institución.
Loya Chávez reconoció que la falta de personal afecta a las cinco zonas de la Fiscalía y a las áreas especializadas, por lo que consideró necesario incrementar la plantilla para disminuir las cargas de trabajo. El diagnóstico en curso incluirá la cantidad de empleados que requiere cada área, así como las condiciones salariales y las prestaciones.
Como primera medida, informó que comenzó a dar de baja personal no sustantivo, incluidos asesores y otras figuras administrativas, para aprovechar esas plazas en la contratación de agentes del Ministerio Público y fortalecer la capacidad operativa. Aclaró que los ajustes no implican la salida de todo el personal administrativo, sino una reorganización conforme a las prioridades actuales de la dependencia.
El fiscal anticipó que también habrá cambios en distintas áreas de la institución, aunque evitó mencionar nombres o cargos específicos. Afirmó que dará a conocer públicamente las modificaciones conforme avance la reorganización y sostuvo que su prioridad consiste en fortalecer las funciones sustantivas de la Fiscalía.
Sobre la posibilidad de solicitar más presupuesto, respondió que seguramente lo hará, aunque primero necesita revisar en qué gasta actualmente la dependencia y cuáles son sus necesidades. La asignación de la FGE para 2026 es 61 por ciento inferior a la de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dependencia que encabezó hasta su nombramiento como fiscal provisional.
Explicó que la diferencia presupuestal también responde a cambios en la estructura del Gobierno estatal, pues en 2023 el sistema de reinserción social pasó de la Fiscalía a la SSPE. Antes de ese movimiento, incluso con el presupuesto aprobado para aquel año, la asignación de la Fiscalía era superior a la de Seguridad Pública, señaló.
Entre las medidas para reducir el rezago, Loya planteó incorporar a las policías municipales a las labores de investigación, principalmente en delitos patrimoniales y de menor impacto, mediante la certificación de sus grupos de detectives y el uso de herramientas tecnológicas. También propuso digitalizar los trámites y las denuncias para reducir la carga administrativa y agilizar la atención a las víctimas.
Como parte de los cambios internos, anunció la creación de una unidad de control de gestión para atender quejas sobre posibles negociaciones de carpetas de investigación y otras prácticas irregulares dentro de la institución. Explicó que esa área tendrá funciones distintas a las del órgano interno de control y atenderá señalamientos públicos que, afirmó, la estructura actual no ha logrado resolver.
Loya advirtió que cualquier integrante de la Fiscalía o de otras instituciones estatales o municipales que cometa un delito deberá responder ante la justicia. Sostuvo que la dependencia debe mantener una política de cero impunidad tanto en sus investigaciones como en la conducta de su propio personal.
En cuanto a los pendientes administrativos, indicó que las conclusiones de la investigación del caso El Pinal todavía no están terminadas. También confirmó que Wendy Chávez continuará a cargo de la unidad especializada y deberá presentar el informe correspondiente cuando concluya el trabajo. Sobre la situación de los custodios, únicamente señaló que el proceso continúa en marcha.
