El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una serie de documentos emitidos por autoridades del estado de Chihuahua y el Registro Agrario Nacional (RAN) que acreditan que los terrenos propuestos para un nuevo hospital en la capital no cumplen con los requisitos legales y técnicos necesarios.

Silvia Macías, responsable de comunicación social del IMSS en Chihuahua, informó a través de un mensaje en redes sociales que las propuestas realizadas desde 2020 presentan deficiencias en materia de protección civil y certeza jurídica.

Frente a señalamientos de funcionarios locales que sugieren asignar el presupuesto antes de obtener el predio, Macías puntualizó la postura institucional que “esa afirmación es falsa. En este y todos los casos para desarrollar una obra hospitalaria del Instituto: primero va el terreno y después el presupuesto”.

La funcionaria explicó que no es posible presupuestar una obra sobre un terreno inexistente o jurídicamente irregular, y subrayó que “solicitar recursos antes de contar con un predio viable sería administrativamente irresponsable y técnicamente negligente”.

El orden administrativo del IMSS establece que primero deben seleccionar un terreno viable, integrar un expediente con documentación de propiedad y constancias de no afectación agraria, para luego emitir dictámenes de factibilidad técnica y legal. Sólo al concluir estas etapas elaboran el dictamen de factibilidad presupuestal.

La documentación técnica que avala la postura del instituto incluye el Oficio No. CEPC/675/2026, emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua el 10 de julio de 2026. Dicho documento responde a la solicitud de análisis de riesgo realizada por el IMSS mediante el Oficio 08A161611100/ DCPI/192/2026.

El análisis de riesgos en el predio de 206,359.06 m², ubicado en el periférico Francisco R. Almada y avenida Equus, reveló inconsistencias, entre ellas detectaron escurrimientos pluviales con velocidades máximas de hasta 2.00 m/s y tirantes de agua de hasta 0.50 metros en periodos de retorno de 100 años. Además, identificaron la cercanía del "arroyo El Cacahuatal", clasificado como de riesgo alto por inundaciones.

El dictamen señala la presencia de una estación de venta de gas LP a menos de 100 metros del límite suroeste del terreno. Las regulaciones vigentes exigen restricciones de distancia entre gaseras y hospitales para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal.

Identificaron una falla geológica a cuatro kilómetros del sitio y un tipo de suelo "Cuaternario Limo-Arenoso" que requiere un proceso de mejoramiento mediante plataformas y estudios de mecánica de suelos para garantizar la estabilidad de una estructura hospitalaria.

El IMSS refirió los casos de Oaxaca, Coahuila, Aguascalientes y Querétaro como ejemplos del procedimiento correcto. En estas entidades, la secuencia fue uniforme: identificación y regularización del terreno, donación formal y, finalmente, presupuestación y ejecución de la obra. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el terreno fue asignado en enero de 2025 y la obra inició en abril de 2026, una vez que el inmueble fue jurídicamente disponible.

Macías concluyó que el IMSS ha dedicado seis años a la revisión de expedientes y visitas técnicas en Chihuahua, pero enfatizó que “mientras eso no ocurra, ninguna declaración cambia el hecho central: Chihuahua todavía no ha entregado un terreno plenamente viable para el nuevo hospital”. El instituto reiteró que los recursos de la obra pertenecen a los derechohabientes y deben ejercerse bajo principios de certeza jurídica y seguridad técnica.