La reciente muerte del agente canino Vico, integrante del grupo K‑9 de la Policía Municipal de Chihuahua, ha provocado una fuerte reacción de autoridades y organizaciones civiles, por lo que el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, pedirá al Congreso del Estado, aumentar las sanciones por agresión a perros, especialmente a los que participan en labores de seguridad, y espera la votación de todos los regidores presentes.

Recordó que fue el pasado 5 de febrero, cuando Vico fue gravemente herido con un machete por un hombre durante un operativo de atención a un reporte de violencia familiar en el Ejido El Fresno, comunidad al sur de la ciudad. El perro se interpuso entre el agresor y las víctimas, ganando tiempo para que sus compañeros neutralizaran la amenaza. A pesar de los esfuerzos veterinarios, el agente canino falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

“Los ejemplares caninos son integrantes de la corporación y tenemos que cuidarlos como tal”, comentó el presidente municipal, quien condenó enérgicamente la agresión y reiteró su apoyo a las propuestas de reforma a la Ley de Bienestar Animal y otras normas para endurecer las sanciones contra quienes lastimen o privan de la vida a estos animales.

La iniciativa que presentará mañana en Sesión de Cabildo, busca modificar el marco legal vigente para que las penas por causar daño a un agente K‑9, que actualmente, consideradas dentro del rubro de maltrato animal, a fin de que sean más severas y acordes a la función operativa que desempeñan estos elementos en la seguridad pública. Dijo que organizaciones animalistas como Cat Family A.C. han señalado además que los agentes caninos deberían ser legalmente reconocidos como servidores públicos, lo que implicaría castigos equivalentes a los de un ataque contra un policía humano.

Actualmente, el Código Penal del Estado de Chihuahua sanciona con penas de entre seis meses y dos años de prisión y multas a quien cause la muerte de un animal, modificaciones que defensores consideran insuficientes para casos de esta naturaleza.

La exigencia por una reforma no solo proviene de las autoridades municipales. Grupos de activistas y representantes de organizaciones acudieron al Congreso estatal para presentar propuestas de modificación legal que contemplen penas más altas, incluso hasta diez años de prisión, para quienes privan de la vida a un agente canino durante el cumplimiento de su deber. Familias y agrupaciones también han destacado la necesidad de extender las protecciones legales más allá de animales de compañía, abarcando a animales de trabajo, de campo y de servicio, ante la percepción de que el marco actual es limitado y no reconoce plenamente el valor de estos ejemplares dentro de las corporaciones policiales y de seguridad.

La muerte de Vico ha generado una ola de solidaridad en la comunidad y entre funcionarios, quienes han destacado la valentía del agente canino, que a lo largo de seis años de servicio participó en operaciones de seguridad y protección ciudadana.

El edil capitalino ha enfatizado que su administración será “implacable” contra quienes agredan tanto a policías humanos como a sus contrapartes caninas, y que trabajará conjuntamente con la sociedad civil y el Poder Legislativo para que este caso siente un precedente legal en la entidad.