Chihuahua, Chih.– La dirigencia del PRI Estatal, informó que cuatro municipios del estado promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley Nacional de Aguas y omisiones federales relacionados con la gestión y extracción de las presas del estado, sobre todo de La Boquilla.
Las controversias fueron radicadas el 21 de enero pasado y fueron turnadas a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, y argumentan la inconstitucionalidad de la Ley General de Aguas publicada el pasado 11 de diciembre, luego de la aprobación de Morena y aliados en el Congreso de la Unión.
El documento expone que la legislación solo regula el uso doméstico del agua y deja fuera los usos agrícola, pecuario, industrial, ambiental y urbano, en sentido opuesto del artículo cuarto constitucional.
Alejandro Domínguez, presidente estatal del partido y diputado federal, manifestó su respaldo a la acción legal que presentaron los municipios, y dijo considerar que la actual legislación federal invade competencias municipales, excluye a los gobiernos locales de la toma de decisiones y permite extracciones de agua sin planeación ni consulta
“Estamos ante una ley incompleta que ignora la realidad hídrica de Chihuahua y que permite decisiones unilaterales desde el centro del país, sin escuchar a los municipios ni a los productores que dependen directamente del agua para su subsistencia”, afirmó.
Las controversias también reclaman actos y omisiones del Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y del Consejo de Cuenca del Río Bravo, entre ellos la falta de integración de Consejos de Cuenca con participación municipal y las órdenes de extracción de agua de la Presa La Boquilla sin un plan hídrico ni participación local, incluso para cumplir compromisos del Tratado de Aguas de 1944.
De acuerdo con los promoventes, estas acciones vulneran la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 constitucional, generan vacíos normativos y agravan el estrés hídrico que enfrenta el estado, afectando de manera directa a comunidades y sectores productivos.
Domínguez explicó que el objetivo estratégico de las controversias es defender la autonomía municipal, asegurar una gestión incluyente del agua y frenar decisiones unilaterales que comprometan el futuro hídrico del estado.