Chihuahua, Chih.- La encargada de la Comisión de Desplazamiento Forzado, Sara Cárdenas, informó que diversas dependencias gubernamentales realizaron una intervención en el campamento que fue instalado por mujeres tepehuanas desplazadas de Guadalupe y Calvo por la violencia.

“Estuvimos brindando atención médica, alimentaria y de identidad y estamos buscando, junto con la sociedad civil, un espacio de alojamiento permanente”, explicó.

El lunes de la semana pasada se reunieron todas las dependencias que integran la Comisión y el martes fue realizada la primera visita con intérpretes, ante la presencia de personas que no hablan español.

Según declaró la doctora, tras la visita fue posible detectar que la mayoría ya tiene años viviendo en Chihuahua y sólo unos cuantos llegaron recientemente.

Además, refirió que fue aplicado el Protocolo de Atención Emergente y que fue realizada una entrevista a cada jefe o jefa de familia para conocer la causa del desplazamiento y sus necesidades.

“Fueron entregadas despensas, kits de higiene y fue otorgada la atención médica en donde fue posible detectar deshidratación y problemas gastrointestinales en niñas y niños”.

El martes pasado hicieron una segunda intervención más focalizada con el apoyo del señor Rosario, integrante de la comunidad y de la Secretaría de Pueblos Indígenas.

“Aplicamos vacunas a niñas y niños, verificamos mejoría en la deshidratación; así mismo, les otorgaron pases médicos para estudios de orina, sangre y heces, además de suero y medicamento”.

El Registro Civil realizó cinco registros de menores de edad y entregó 20 actas de nacimiento para trámites de educación y trabajo.

El DIF levantó acta para seguimiento de niñas, niños y adolescentes y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Aldama, encabezada por el ingeniero Hugo Barajas, llevó pipa, tinacos, garrafones y agua embotellada, con el compromiso de abasto regular; de igual forma, estuvo presente el regidor Arturo Romero.

A la jornada acudió personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con quien el Estado sostuvo previamente una reunión en Palacio de Gobierno.

La funcionaria reconoció que las condiciones del asentamiento no son dignas y que hubo un ofrecimiento de albergue temporal, pero sólo por una semana, por lo que buscan un espacio permanente.

Aclaró que a las familias les informaron que la ayuda humanitaria no condiciona su derecho a denunciar los hechos que originaron el desplazamiento.