Chihuahua, Chih.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares Delgado, sostuvo que la reducción en extorsiones y fraudes telefónicos debe ser una exigencia inmediata para las autoridades una vez que concluya el registro obligatorio de las líneas celulares.

Apuntó que el argumento para el registro de celulares es vincular cada número de teléfono con una persona real y eliminar el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

Al quedar plenamente identificado el titular de cada línea, o de lo contrario, cancelada la señal, reiteró que debe exigirse a la autoridad una reducción comprobable en los índices delictivos cometidos por esta vía.

Explicó que, en el caso de los usuarios con planes de servicio contratados, la compañía telefónica ya cuenta con toda su información de manera previa.

Por su parte, el presidente de Coparmex, Jorge Treviño, mencionó anteriormente que, para combatir delitos como la extorsión, fraude y secuestro virtual, bloquear la señal celular en los penales tendría un impacto más directo y efectivo que imponer un registro obligatorio de líneas telefónicas a los ciudadanos.

El líder patronal mencionó que esta medida, implementada con éxito en varios países, ataca de forma inmediata la raíz del problema. Indicó que existe un altísimo porcentaje de fraudes y extorsiones que se cometen directamente desde las cárceles mediante el uso de teléfonos celulares.

Expuso que el gobierno puede conseguir de manera relativamente sencilla las herramientas y el equipamiento técnico necesario para evitar que las líneas de celular tengan salida desde los penales, sin embargo, dijo, esta alternativa sigue sin ejecutarse.

En su lugar, dijo, llama la atención el registro obligatorio de líneas de telefonía celular, porque genera incomodidad para los ciudadanos y probablemente provocará un impacto operativo en las empresas, el cual será evaluado próximamente a través de encuestas específicas para medir el nivel de afectación.